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El peor error de las guerrillas en la historia del conflicto armado en Colombia fue el secuestro. El extorsivo y el político. Tal vez el político fue mucho peor por el exabrupto que significa tomar la vida como rehén y luego salir en una profunda hipocresía a asegurar que se defiende un noble principio, una vida mejor. Otros grupos también entraron a usar el secuestro para financiarse o para presionar.
El narcotráfico y el paramilitarismo también crearon esa huella dolorosa e indeleble que hace que la sociedad colombiana reaccione con miedo cuando aparece un caso mediático en el horizonte, como lo fue el padre de Luis Díaz, nuestra estrella del fútbol, o el niño Lyan que afortunadamente ya está con su familia.
Pero el secuestro de hoy no es el de ayer. Hoy no tenemos secuestros de larga duración ni narrativas políticas que lo soporten –menos mal-. Lo que sí tenemos es una memoria instalada que afortunadamente hace que no olvidemos y no queramos repetir esa tragedia, pero desafortunadamente hace que interpretemos mal las realidades. Así que no viene mal hacer un breve recordatorio de donde venimos en este fenómeno, y donde estamos, para saber qué debemos hacer.
Fuente: SIEDCO Policía Nacional – Procesamiento PARES.
El secuestro en los noventas (1990-2000)
En los años 90, el secuestro en Colombia dejó de ser una práctica excepcional y se convirtió en una industria. La firma de la Constitución del 91 y el inicio de procesos de paz parciales con el M-19, el EPL y otros actores marcaron un viraje esperanzador hacia la paz. Sin embargo, durante esta década las dos grandes guerrillas que quedaban en armas, las FARC y el ELN fortalecían su capacidad militar, territorial y financiera, precisamente con el secuestro como una de sus fuentes de financiación, así como una herramienta de presión política.
Las cifras lo evidencian: en 1996 se registraron más de 1.000 casos. En 1999, casi se triplicaron. El secuestro se volvió un dispositivo de soberanía paralela: no era solo retener, era mostrar poder, imponer justicia, cobrar impuestos. Aunque no hablábamos en esa época de gobernanza criminal o gobernanza armada, probablemente en municipios como San Vicente del Caguán, El Doncello, Tame, Villarrica o Mitú, las normas de convivencia, de entrada y salida y la regulación de las economías las ejercían las FARC o el ELN. A nivel urbano, el ELN replicaba la lógica de “secuestro con negociación mediática” —a empresarios, ingenieros, figuras públicas— mientras las FARC adoptaban el modelo masivo: secuestro de soldados, policías, campesinos para canjear o presionar al Estado. En 1999 se alcanzó un pico de 3.205 casos.
Durante la década de los noventa primó el secuestro extorsivo sobre el secuestro simple, representando más del 80% del total entre 1996 y 1999. La diferencia entre uno y otro es que mientras el primero – el extorsivo -exige un pago por la liberación de las personas, el simple es un secuestro que no demanda un pago. Como lo veremos a continuación, los dos mil cambiaron la proporción.
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El pico del secuestro y la doctrina del enemigo interno (2000–2009)
El año 2000 fue el peor año en términos de secuestros: Colombia entró al milenio con más de 3.500 personas privadas de la libertad en ese año. Después del fracaso de los diálogos del Cagúan, el paramilitarismo al alza con la unificación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y unas FARC fortalecidas, parecía que el país estaba sitiado desde los márgenes.
En este período de tiempo confluyeron varias cosas. En materia de secuestro el secuestro simple empezó a ganar proporción frente al secuestro extorsivo. En esto se desplegaron estrategias que se concentraron específicamente a la estrategia militar contrainsurgente con la Política de Seguridad Democrática de Uribe, la desmovilización de las AUC que se termina de concretar en el 2006, el Plan Patriota, los incentivos a la desmovilización, comenzaron a golpear el modelo guerrillero del secuestro y desactivaron redes logísticas asociadas al secuestro en zonas de presencia paramilitar.
Los datos muestran una caída progresiva: en 2004, los secuestros bajan de los 2.000 por primera vez en una década. Para 2009, el número era menos de la mitad. No obstante, estructuras criminales remanentes permanecieron y mutaron. Lo que antes era retención política, comenzó a operar como secuestro exprés, retención extorsiva o desaparición ligada al narcotráfico.
De la masividad al silencio (2010–2020)
La década de 2010 marca el viraje definitivo: el secuestro cae en picada. En 2010 hubo menos de 300 casos. En 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz con las FARC, los secuestros anuales no llegaban ni a 200. Las negociaciones exitosas de ese momento junto con un rechazo completamente generalizado de la sociedad colombiana a este flagelo hicieron que las guerrillas abandonaran por completo la práctica y que los casos que quedaran estuvieran concentrados en secuestro simple con alta participación de secuestros extorsivos cortos, por organizaciones delincuenciales en las ciudades.
Fue una transformación. El secuestro perdió escala pero ganó opacidad. El país dejó de ver la violencia masiva y visible, pero surgieron nuevas formas de coerción: el microsecuestro urbano, la retención ilegal sin denuncia, el control social con encierro forzado, que no se contó como confinamiento en esa época. En regiones como el Catatumbo, el sur del Cauca, Bajo Cauca antioqueño y Putumayo, la sustitución de las FARC fue aprovechada por disidencias, por el ELN o por grupos posparamilitares.
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Con el rearme cambiaron sustancialmente prácticas violentas contra civiles, no siendo el secuestro extorsivo de larga duración una de ellas, sino la extorsión generalizada y no a un público específico, incluyendo en varios casos retención de horas o días por parte tanto de delincuencia común como de Grupos Armados Organizados.
No es el mismo secuestro, pero no es un problema menor (2020 -2025)
No estamos en la misma situación de los noventa y es importante diferenciar. El secuestro de hoy está relacionado con organizaciones criminales en las ciudades, como muestra el caso de Bogotá que vivió un pico del 2019 al 2020 con 20 casos, pero también con grupos armados organizados como en el caso de Argelia (Cauca) el municipio con más número de secuestros en el país en el año 2025.
Entre 2020 y 2024, Colombia registró 1.188 secuestros. Aunque las cifras se mantienen muy por debajo de los niveles del pasado, el fenómeno persiste y muestra señales de repunte: pasó de 160 casos en 2021 a 338 en 2023, un aumento del 111%. El año 2024 ya acumula más de 300 casos en apenas cinco meses, lo que sugiere que el descenso histórico está siendo reemplazado por una meseta de persistencia. Lejos de haber desaparecido, el secuestro se ha reconfigurado en forma y actores, pero sigue siendo una herramienta de control, castigo o extorsión en contextos de criminalidad híbrida.
El análisis territorial revela que Bogotá D.C. lidera el listado nacional con 73 casos en el periodo, lo que muestra que el secuestro ya no es exclusivo de las zonas rurales. Le siguen Medellín (66) y Cali (65), consolidando un patrón urbano que preocupa. Estas tres ciudades capitales concentran casi una cuarta parte de los casos reportados entre 2020 y 2024. En regiones de frontera o corredores de narcotráfico, como Cúcuta (37 casos) y Buenaventura (28 casos), el secuestro continúa como práctica de los grupos armados ilegales que imponen su autoridad en ausencia del Estado. Allí, el delito no es solo económico: también es simbólico y territorial.
Lo que muestran estos datos es que el secuestro ya no responde exclusivamente a lógicas políticas o insurgentes. En muchos casos, está ligado a dinámicas de coerción comunitaria, disputas entre estructuras multicrimen, o formas de microextorsión. Si antes era una estrategia de las guerrillas para financiar su aparato armado, hoy se ha normalizado como herramienta de dominación en contextos urbanos y periféricos. Su persistencia, incluso con menos visibilidad mediática, exige un nuevo enfoque de prevención, monitoreo y protección territorial, que incluya a las ciudades como escenarios de riesgo.
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