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Las primeras gestiones empezaron el domingo 11 de junio, apenas dos días después de que se perdiera el rastro de un equipo con cuatro funcionarios y una practicante de la alcaldía de Santa Rosa del Sur, en Bolívar, que se habían desplazado para dar unas capacitaciones en el caserío La Y de San Luquitas, un paraje rural de la Serranía de San Lucas.
Se trataba del secretario de movilidad Bladimir Francisco Díaz Ravelo; Dany Tuesta, Arnold Delgado, Andrew Martínez, agentes de tránsito, y Angie Lorena Roa, una estudiante de comunicación social que hace sus prácticas en la alcaldía municipal.
Uno de los secuestrados, cuya identidad mantendremos en reserva por razones de seguridad, le contó a Colombia+20 que fueron retenidos en la tarde del 9 de junio, justo después de que terminara una reunión con transportadores informales del caserío de San Luquitas. “Primero nos dijeron que nos fuéramos, que no nos querían ver ahí”, aseguró esta persona, pero los líderes de la Junta de Acción Comunal, quienes habían convocado las actividades, prosiguieron con la programación.
A la entrada del caserío había una bandera del ELN y allí aguardaban apostados varios guerrilleros en dos motocicletas, que retuvieron dos horas a los funcionarios. Al final de la tarde los embarcaron en un carro diciéndoles que debían investigar una situación y los movieron hasta una casa en la montaña. Ninguno podría precisar el lugar, porque todos los traslados se hicieron por las noches: “Siempre estuvimos juntos, eso permitió el apoyo emocional”, puntualizó esta persona: “ellos se confundieron, pensaron que éramos espías o que estábamos haciendo inteligencia”.
Aunque uno de los líderes de la Junta de Acción Comunal dio fe de que ahí no había ningún espía, sino trabajadores y vecinos del pueblo de toda la vida, que él conocía “desde que estaban carajitos”, es decir, desde niños, nada de aquello impidió que los guerrilleros decidieran llevárselos.
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Por eso el domingo 11 de junio, cuando una comisión humanitaria logró llegar al caserío para averiguar por la suerte de los funcionarios, allí ya no había rastro de ellos. La comisión estaba integrada por seis parientes de los secuestrados, un conductor de la alcaldía y cinco líderes sociales de la región, quienes estuvieron dos días esperando en el lugar hasta que apareciera algún mando del grupo armado que, como pudieron confirmar en el terreno, se había llevado a los funcionarios.
Fue sólo en ese momento cuando supieron que se los había llevado el Ejército de Liberación Nacional, aunque no había ningún pronunciamiento oficial de esa organización. Ese 12 de junio, mientras la comisión de parientes y líderes esperaba en La Y de San Luquitas a que apareciera algún comandante, en el casco urbano de Santa Rosa del Sur hubo una reunión de 150 líderes comunitarios para definir un pronunciamiento rechazando el secuestro, según el documento conocido por este diario, se trató de “un mensaje contundente y claro al grupo que los tiene retenidos” exigiendo “su inmediata liberación y el compromiso de no repetición”.
En la noche, en las calles del pueblo, se hizo una velatón exigiendo la libertad de los funcionarios. Mientras tanto, los secuestrados ya iban lejos del lugar donde fueron interceptados, en jornadas que incluyeron viajes en carro y a pie por trochas entre la montaña. A cada uno le entregaron otra muda de ropa, que debía lavar cada día. Aunque uno de los secuestrados dice que “nos trataron dignamente, en ningún momento nos amarraron, ni nos insultaron”, también asegura que el sufrimiento y el miedo que implica estar en cautiverio “no tiene nombre”, agregando que “lo que más te preocupa en ese momento es que no vaya a haber enfrentamientos, para no quedar en el fuego cruzado”.
El 13 de junio la comisión humanitaria tuvo que devolverse a Santa Rosa del Sur poco después del amanecer, sin haber podido establecer contacto con los secuestrados ni obtener pruebas de supervivencia. Tampoco lograron conversar con los comandantes, aunque unos guerrilleros que llegaron al caserío les aseguraron que sus parientes estaban vivos y que lo mejor sería que “se retiraran a esperar en Santa Rosa” mientras se surtían “unas investigaciones”, no sin antes advertir que no fueran a hacer “movilizaciones o plantones hacia la Serranía”, también solicitaron que hablaran con las autoridades para que no hubiera operativos de rescate. Ese mismo día, cuando la comisión llegó al municipio, la población se volcó a una marcha multitudinaria rechazando el secuestro.
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Una nueva misión humanitaria
El 15 de junio una nueva misión subió a la Serranía de San Lucas. Esta vez se trató de una comisión secreta de sólo dos personas, de la que únicamente tenía conocimiento Fabio Orlando Mendoza, el alcalde de Santa Rosa del Sur. La comisión estaba conformada por un líder social del municipio y un antiguo político de la región, quien ya había servido como mediador en otras liberaciones de secuestrados.
Una vez estuvieron en las inmediaciones de La Y de San Luquitas se encontraron con dos mandos guerrilleros con quienes sostuvieron una reunión de casi cuatro horas, en la que por fin aclararon que se trataba de un malentendido y acordaron que los cinco secuestrados serían liberados lo más pronto posible, después de que se habilitara un corredor humanitario para tal fin.
Colombia+20 conoció algunos detalles que se discutieron en esa reunión, como que los emisarios pidieron expresamente a la guerrilla que hiciera un comunicado oficial reconociendo que ellos eran los autores del secuestro, y también que los comandantes guerrilleros manifestaron su preocupación por los hechos que vienen sucediéndose en el sur de Bolívar desde 2022, pues consideran que es “como si estuviésemos repitiendo la década de los noventa” y ellos estuvieran “confrontando una arremetida paramilitar que desea apoderarse de la región”, según puede leerse en uno de los documentos de esa reunión, que este diario conoció. En la charla también se habló de las esperanzas que hay con el proceso de paz.
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Mensajes contundentes contra el secuestro
Sin embargo, hubo que esperar once días más para que se concretara la liberación de los funcionarios. “Nosotros nunca escuchamos nada”, dice una de las personas secuestradas, explicando que jamás vieron noticias ni escucharon radio, pero en ningún momento perdieron la fe de que sus familiares y vecinos harían algo para lograr que volvieran a la libertad: “Yo les decía a los muchachos, yo sé que se están moviendo, se deben estar moviendo”.
En efecto, así era. El 22 de junio hubo una reunión de 500 líderes en un coliseo del pueblo, un evento que de acuerdo con los organizadores “fue un gran esfuerzo logístico, ya que movilizar a líderes de la zona rural no es fácil, pero por la paz y la vida, las comunidades hacemos todo lo humanamente posible”.
Del evento salió una carta pública, firmada el 25 de junio y dirigida al presidente Gustavo Petro, al Comando Central del ELN y al alto comisionado para la paz. Allí se hace un pronunciamiento condenando el secuestro de los funcionarios pues “vulnera los principios fundamentales de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario”. Además, exigió “que todos los grupos armados ilegales presentes en la región cesen de manera inmediata las acciones que involucren o pongan en riesgo la vida, la integridad, la libertad y movilidad de la población civil en el territorio”, llamando a cumplir el Acuerdo Humanitario del Magdalena Medio que establece que “las partes en conflicto, beligerantes y financieras deberán limitar sus alcances, impactos y efectos de la guerra garantizando en todo momento el respeto y distinción de la población civil y sus bienes”.
Además, elaboraron un manifiesto comunal por la paz en donde aseguran que “las comunidades del sur de Bolívar soñamos la paz, no aguantamos más el horror de la guerra y no queremos que se siga derramando más sangre inocente. Al final, son los hijos del mismo pueblo quienes se están cegando la vida. Esto nos duele profundamente. Queremos que el país sepa que desde el Sur de Bolívar nos declaramos comunidades de paz, hacemos resistencia pacífica a las atrocidades que los poderosos cometen contra los humildes, los campesinos, los mas vulnerables, la gente de a pie”.
Un día después, el 26 de junio se materializó el corredor humanitario que gracias a la iglesia católica y la Defensoría del Pueblo logró la liberación de los secuestrados, que sólo supieron hacía donde iban dos horas antes. En el mismo sitio de la entrega, entre la vegetación frondosa y varios guerrilleros que custodiaban armados, el secretario de movilidad Bladimir Díaz Ravelo agradeció entre lágrimas a la Defensoría por la intermediación que les permitía “volver a la libertad y a nuestras familias”.
En Santa Rosa, a su vez, el ambiente era de fiesta. Las sirenas y los gritos de alegría en las calles a media tarde recibieron la caravana en medio de una enorme muchedumbre que llenaba las aceras con globos blancos.
“Nos duele en cada familia de la región el horror del secuestro así como todas las acciones que vulneran los derechos humanos y violan el Derecho Internacional Humanitario, nos duele que nos roben la tranquilidad con la que vivimos, la cual nos ha costado años de resistencia noviolenta contra todos los actores armados. Hemos tenido que llorar la muerte y ya no queremos hacerlo más”, prosigue el manifiesto comunal citado antes.
Uno de los secuestrados contó a Colombia+20 que a pesar de tanta zozobra, la felicidad del reencuentro con sus familiares supera con creces el dolor sufrido. “Ojalá esa mesa de diálogos con el ELN avance y se consolide un acuerdo de paz con ese grupo, porque son bastante complejos”, asegró esta persona, “Me preocupa que sale un grupo y entra otro, ahora están las AGC, básicamente cambiamos de actor armado pero no se resuelve la tranquilidad en el territorio. Y lo tercero, si tenemos tranquilidad en el territorio eso permitiría un desarrollo enorme, hemos vivido con mucha zozobra”.