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27 Nov 2022 - 10:20 p. m.

En El Tarra, Catatumbo, sustituyeron coca por pescado

La Asociación de Piscicultores de El Tarra (Asopistar) es uno de los proyectos productivos más exitosos del Catatumbo. Piden al Gobierno Nacional que destine recursos a estas iniciativas de sustitución voluntaria.

Valentina Parada Lugo

Periodista Colombia 2020

Karen Rodríguez*

Mensualmente, Asopistar comercializa 30.000 kilos de pescado a distintas partes del país. / Fotos: David Botero Caballero
Mensualmente, Asopistar comercializa 30.000 kilos de pescado a distintas partes del país. / Fotos: David Botero Caballero

Prudencio Claro Guerrero llegó a El Tarra en 1965, cuando tenía 15 años. En esa época, dice que el municipio era una despensa agraria de cultivos de pancoger como arroz, yuca y plátano. La describe como una zona selvática y próspera. Habla por encima sobre los picos de violencia paramilitar y dice que tampoco se quiere referir a la problemática de cultivos de uso ilícito de la región del Catatumbo, aunque no es ningún secreto para el mundo: el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reveló que esa es la segunda región del país con la mayor extensión sembrada en coca, con 42.576 hectáreas.

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Ese informe llegó justo en una de las crisis humanitarias más fuertes para los campesinos de la región. Juan Carlos Quintero, integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), asegura que desde hace más de seis meses no hay compradores de pasta base de coca y que, producto de eso, muchas familias están contemplando alternativas para vivir, como la minería artesanal o la piscicultura.

Sobre la minería, esa misma organización ha venido denunciando que en zonas rurales de municipios como Sardinata y Tibú se está haciendo explotación de carbón al aire libre, contaminando las comunidades campesinas. Mientras la economía de la coca cada vez es más escasa en esa zona, el carbón ha ganado precio, en gran parte, por la guerra entre Rusia y Ucrania, por lo que la explotación de ese mineral se ha convertido en el nuevo objetivo del campesinado.

Pero la piscicultura no se queda atrás y ha venido tomando más fuerza en los últimos años, especialmente tras la creación de la Asociación de Piscicultores de El Tarra (Asopistar). Prudencio es uno de los fundadores y explica que el cultivo de peces para comercialización a gran escala ha sido una exitosa alternativa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.

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Así llegó Jeyson Quintero, un campesino de 33 años que desde 2018 se unió al proyecto después de haber pasado más de 10 años dedicado a cultivar hoja de coca en sus 15 hectáreas de tierra. “En este momento, el 30 % de la Asociación está conformada por personas que sembrábamos coca. Hay cinco de ellos que vendieron sus coqueras (fincas con cultivos) y se dedicaron a esto”, cuenta desde su piscicultora en la vereda Bello Horizonte.

En apenas cuatro años, Jeyson logró convertirse en el encargado del área comercial de Asopistar y asegura que pasó de comercializar la hoja de coca a vender más de 30.000 kilos de cachama, tilapia y mojarra mensuales. “Ahora es mucho mejor el negocio. Es más rentable. Esto es lo que está mandando la parada”, dice.

Asopistar tiene asociadas 100 familias de todo el municipio, de las cuales por lo menos el 50 % han sido víctimas del conflicto armado. Su proceso para constituirse como una de las organizaciones más sólidas del municipio no ha sido fácil. Prudencio explica que arrancaron con otros 14 socios campesinos cuando en El Tarra no se hablaba de piscicultura, apenas un año después de la desmovilización del bloque Catatumbo de las Autodefensas.

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El comienzo del proyecto fue muy artesanal: cada familia comenzó a construir a mano los tanques donde guardarían los peces y cada uno compró entre 50 y 100 alevinos (crías recién nacidas de peces). “De ahí en adelante se nos ocurrió que podíamos pensar en la comercialización de manera comunitaria y cada uno empezó a agrandar los estanques hasta tener lo que hay hoy”, señala Prudencio.

Cuando dice lo que hay hoy, se refiere a las 40 hectáreas de cultivos que tienen entre los 120 asociados que hay en El Tarra, pero también en municipios aledaños como Hacarí, San Calixto, Teorama y Convención, donde han replicado este mismo modelo y al que se han unido campesinos que en algún momento se dedicaron a economías ilícitas.

Ese es el caso de Alexis Carrascal Rodríguez, un campesino del municipio que lleva dos años como piscicultor luego de haber pasado más de siete años como raspachín. Su casa es una de las fincas más grandes que tiene Asopistar. Desde la cabecera municipal hasta su casa, en medio de trochas, hay hora y media caminando y media hora en carro.

Antes de referirse a su anterior trabajo como cultivador de hoja de coca, pregunta si puede hablar de eso “tranquilamente”. Aunque ha pasado mucho tiempo desde que abandonó los cultivos de uso ilícito y a pesar de que muchas personas en la región se dedican a esas economías por falta de alternativas agrícolas sostenibles, todavía le huye a hablar abiertamente de la coca. Lo que sí explica es que antes de probar con la piscicultura también se dedicó al cultivo de cacao, pero que la rentabilidad de ese producto no era lo suficientemente buena.

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La finca de Alexis está ubicada en una vereda netamente cocalera. Sin embargo, menciona que, desde que trabaja con la piscicultura, “los mismos grupos se han alejado y nos han dejado más tranquilos”. Aunque la sustitución de sus cultivos hace dos años fue voluntaria, dice que conoce de cerca las consecuencias que ha dejado el incumplimiento que el programa del PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito), punta de lanza del Acuerdo de Paz. “La gente ya no cree en falsas promesas para sustituir. Muchos prefieren labrarse su camino solos sin esperar ayudas del Gobierno, como el caso de Asopistar”, asegura.

Es hora de escuchar a las comunidades

Una de las alternativas de varias asociaciones campesinas del Catatumbo para enfrentar la crisis humanitaria que viven los cocaleros es, precisamente, apoyar las iniciativas propias. Júnior Maldonado, integrante de Ascamcat, señaló que “es fundamental que en esta etapa de diálogos regionales el Gobierno escuche las necesidades, pero sobre todo las propuestas que la gente ha hecho para superar estas problemáticas”.

En eso coincide con Prudencio, que destaca que esperan más apoyo estatal para poder ampliar la producción y comercialización de pescado no solo en el departamento, sino a escala nacional. Sin embargo, explica que desde 2021, con la inflación, los precios de los concentrados para los peces han subido de precio y eso ha dificultado el ingreso de nuevos integrantes a Asopistar. “Uno de los llamados que queremos hacer es que el Gobierno mire hacia nosotros los campesinos y facilite los créditos para quienes tenemos este tipo de proyectos”.

Se refiere, por ejemplo, al alto grado de endeudamiento en el que caen algunas personas que apenas comienzan en la industria. Para dimensionarlo, basta con saber que, por ejemplo, Jeyson Quintero, quien tiene una hectárea en piscicultura en su finca, debe invertir en promedio $1 millón diario para la alimentación de los peces en los cuatro lagos. “A pesar de que los insumos son muy costosos, esto sigue siendo más rentable incluso que la hoja de coca porque, en promedio, cada tres meses uno puede tener libres $15 millones”.

La producción se saca cada tres meses, que es lo que en promedio tardan los peces en engordar. Las ganancias para un piscicultor que tenga una hectárea dedicada a este negocio puede llegar a ser de $3 a $5 millones mensuales. Sin embargo, la inversión para arrancar, según Quintero, puede alcanzar los $30 millones, solo para construir el primer albergue.

Ahora Asopistar busca conquistar nuevos mercados en ciudades capitales para ampliar su cobertura de ventas en el país y piden que, al hablar de cultivos de uso ilícito, se destinen recursos para fortalecer iniciativas como estas.

En 2020, pescaron sus primeros frutos al ser galardonados con el premio Emprender Paz, una iniciativa de la Fundación Grupo Social con el apoyo de la Embajada de Suecia, la Fundación Konrad Adenauer Stiftung y Fundación Ayuda en Acción.

Don Prudencio, que dice que esperan impactar otros municipios del Catatumbo con este proyecto y contó cómo fue la primera reunión con campesinos de Tibú para compartir su modelo de negocio, está convencido de que la asociación que ayudó a fundar hace 14 años va aportar a la paz del territorio. “Lo que estamos haciendo es produciendo tranquilidad y paz en la región porque, en este momento, este es el negocio más rentable y sustitutivo, mucho más en medio de la crisis que viven los cocaleros de todo el Catatumbo”.

*Periodista de Provincia TV Norte

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