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Con la finalización de la destrucción de más de 14 toneladas de material de guerra entregado por la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), el Gobierno colombiano completó una de las etapas más simbólicas del proceso de paz que se adelanta en el suroccidente del país.
La última jornada se llevó a cabo en inmediaciones del municipio de Tumaco (Nariño), donde fueron destruidos más de 4.000 kilos de explosivos —entre minas antipersonal, granadas artesanales, morteros, cilindros bomba y agentes de voladura—, cerrando un operativo que se desarrolló en menos de un mes y en el que participaron autoridades civiles, militares y representantes de la mesa de diálogo.
El material destruido hacía parte del inventario bélico que la CNEB había entregado como gesto de voluntad de paz, en cumplimiento del Acuerdo No. 12 y la Hoja de Ruta suscrita con el Gobierno nacional. Según datos oficiales, la eliminación total superó las 14,5 toneladas, pues durante la última jornada se sumaron 500 kilos adicionales a los inicialmente previstos, lo que evidencia —según la delegación de paz— el compromiso del grupo armado con el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.
Las operaciones de destrucción se desarrollaron en tres etapas: la primera en Puerto Asís (Putumayo), la segunda en Inda Zabaleta (Nariño) y la última en Tumaco, bajo la supervisión de expertos en desminado y explosivos.
De acuerdo con los voceros del proceso, esta labor no solo representó un desafío técnico por la magnitud y diversidad del material, sino también una apuesta por reducir los riesgos que históricamente han amenazado a las comunidades rurales de la región.
La delegación del Gobierno destacó que la destrucción completa del material de guerra en un tiempo menor al estipulado “envía un mensaje de confianza, cumplimiento y esperanza en la construcción de una paz territorial efectiva”.
A su vez, subrayaron que este logro marca el inicio de una nueva fase del proceso, centrada en la reincorporación y estabilización socioeconómica de los excombatientes, y en la transformación integral de los territorios afectados por la guerra.
En ese sentido, la próxima etapa contempla la creación de las Zonas de Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZCIT), espacios que se establecerán en coordinación con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Allí, al menos 120 excombatientes de la CNEB iniciarán su tránsito a la vida civil, recibirán formación técnica y productiva, y contarán con acompañamiento psicosocial y comunitario.
Estas zonas, además, serán articuladas con proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícito, desarrollo rural, recuperación ambiental y fortalecimiento de economías campesinas, con el propósito de consolidar una paz sostenible.
“Este proceso avanza decididamente hacia la superación de las violencias en Putumayo y Nariño, con la implementación eficaz de lo acordado como consigna”, señaló la delegación del Gobierno durante el acto de cierre.
Fuentes cercanas a la mesa explicaron que la entrega y destrucción del arsenal por parte de la CNEB constituye uno de los hitos más importantes desde la firma del Acuerdo No. 12, no solo por su impacto operativo, sino también por su carga política y simbólica en una región donde confluyen múltiples actores armados, economías ilegales y disputas territoriales.
En departamentos como Nariño y Putumayo, donde la violencia ha sido persistente, estos avances representan un respiro para las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, que durante décadas han convivido con el miedo a las minas y los artefactos explosivos improvisados.
La eliminación de estos materiales, además de su valor técnico, tiene un profundo sentido reparador y humanitario: libera los caminos rurales, facilita el retorno seguro de familias desplazadas y permite el reinicio de proyectos agrícolas y comunitarios.
Con la culminación de esta fase, el Gobierno espera consolidar una dinámica de paz regional que no se limite a los acuerdos con la CNEB, sino que fortalezca la confianza entre las comunidades y el Estado, y siente las bases para un modelo de seguridad humana basado en la presencia institucional, el desarrollo rural y la participación ciudadana.
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