Michael Andrés Aranda Pérez salió de su casa en Siloé el 28 de mayo de 2021, antes de las diez de la mañana, para unirse a una marcha que desde su barrio partiría hacia la Universidad del Valle. Ese día se conmemoraba un mes del inicio del Paro Nacional que fue particularmente violento en Cali y el Valle del Cauca.
Michael Aranda estuvo todo el día en las movilizaciones hasta que regresó al barrio cuando ya caía la tarde. Sobre las cinco un tiro de fusil lo alcanzó en la Glorieta de Siloé, donde unidades de la Policía con tanquetas y armas largas atacaron a los manifestantes. Michael Aranda murió pocas horas después, antes de las ocho de la noche, en una clínica de Cali. Tenía 24 años.
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“Él no hacía parte de la primera línea, pero él vio la necesidad de protestar porque no tenía empleo, no tenía opciones de educación, él acababa de llegar de su servicio militar”, contó a Colombia+20 su padre, el señor Abelardo Aranda: “no volvió a la casa porque cuando regresaba de la marcha la Policía estaba con una tanqueta en la Glorieta, atacando a los muchachos, ahí cae mi hijo”.
Abelardo Aranda es uno de los cientos de pobladores de Siloé víctimas de la violencia policial durante el Paro Nacional de 2021. Como la suya, otras 16 familias perdieron a sus hijos, pero hay al menos 160 afectados, entre parientes y víctimas de disparos, lesiones oculares, torturas y detenciones arbitrarias, según sus palabras.
Las investigaciones por la muerte de su hijo han avanzado poco en los últimos meses, de acuerdo con Aranda: “Vamos a Fiscalía y nos dicen que no ha llegado la prueba de balística, que no han avanzado, que están investigando, que esperemos. El 28 de mayo se cumplen dos años del asesinato de mi hijo y no tenemos respuesta”.
Por eso, las víctimas de la violencia policial en Siloé conformaron un “Tribunal Popular” que juzgara estos hechos y encontrara responsables.
“El tribunal popular cuenta con 14 magistrados internacionales de países como Alemania, Canadá, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Bolivia”, cuenta Aranda: “lo importante es defender la vida y hacer memoria por estos jóvenes, es algo simbólico, de nosotros, del pueblo. En un año recogimos toda la información de los casos y los magistrados lo estudiaron y dieron su veredicto. La unión de todas estas familias y personas que salieron lesionadas, que perdieron una vista, que no pueden caminar o están en silla de ruedas [por los disparos], nos articulamos todos, nos reunimos, lloramos, reímos, pero buscamos resignificar la vida y la memoria de estos muchachos”, puntualiza Aranda.
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Algunos de los intelectuales que fueron invitados a ser “magistrados” de este tribunal el experto en Derechos Humanos argentino Daniel Fierestein, el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, la profesora norteamericana Jo-Marie Burt, quien además ha hecho parte de la Oficina en Washington para asuntos de América Latina (WOLA por sus siglas en inglés), así como la investigadora argentina Verónica Giordano.
El veredicto del Tribunal fue comunicado en un acto público en Siloé el pasado 20 de febrero, quizá su conclusión más importante es “que son responsables por acción en los hechos, los integrantes de la fuerza pública que fueron identificados, bajo su condición de mando y posición de garantes, como máximos responsables de los hechos” pues “ellos debieron actuar con debida precaución y diligencia para que estos hechos no ocurrieran”.
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Para entender los alcances de este Tribunal conversamos con la activista y defensora de Derechos Humanos Berenice Celeita, de la Asociación NOMADESC, que acompañó este proceso.
¿Por qué constituir un tribunal alternativo cuando estos casos ya están marchando ante la justicia ordinaria?
Efectivamente en Cali hay un macrocaso que adelanta la unidad de derechos humanos de la Fiscalía, pero este tribunal alternativo no es vinculante, aunque hay que anotar que a la Fiscalía, la Procuraduría, los implicados, el Estado, a todos se les citó y en ninguna de las tres sesiones asistieron. Eso tiene que ver con el compromiso ético y político de las instituciones, debieron acudir, estar pendientes de los hallazgos para vincularlos a su proceso de investigación. Esperamos que lo hagan, porque se tiene previsto darle seguimiento al caso, para acudir a tribunales internacionales como la CIDH y Naciones Unidas cuando se agoten las instancias.
¿Cuál fue el veredicto del Tribunal?
Se halló responsable al Estado colombiano por los hechos ocurridos en Siloé durante el paro nacional en Cali. Siloé ha sido estigmatizado históricamente y ha vivido una violencia policial desde muchos años atrás. En el paro uno de los puntos de concentración fue la Glorieta de Siloé, desde ahí actuó el ESMAD y el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía (GOES), la Sijín, el Ejército y otros actores del Estado, con tanquetas, era todo un escenario de guerra. Hubo hechos atroces, inhumanos y degradantes. Inicialmente se tenía una estadística de siete personas asesinadas, pero concluimos que son 16 casos. También hubo situaciones de tortura, desapariciones forzadas, violencia sexual, detenciones arbitrarias y una persona muerta por incineración, en el caso conocido como el Dollar City, donde muere el joven de 16 años Daniel Sánchez producto de la incineración.
Estos hechos violentos dejan más de 160 víctimas, algunas incapacitadas de por vida. La justicia colombiana mantiene en la impunidad el caso y además ha revictimizado a víctimas y familiares, no tienen en cuenta el universo real de personas que fueron objeto de la violencia policial. Apuntamos a tocar la conciencia ética de la humanidad, por eso es un tribunal simbólico y no vinculante, pero esperamos que los tribunales nacionales e internacionales tengan en cuenta toda la documentación que hemos presentado.
Cuéntenos de los hallazgos en la investigación...
Encontramos que los hechos fueron ordenados desde la Presidencia, hay responsabilidad del exministro de Defensa Diego Molano y del general Eduardo Zapateiro, también de la Policía Metropolitana. La “Operación Siloé” u “Operación Zapateiro”, como también se ha llamado, tuvo el mismo modus operandi en Cali, Buga, Yumbo, Popayán, es decir, hay una relación entre estos crímenes. Entre los hallazgos hubo municiones que fueron encontradas incluso en las afueras de los antejardines de las casas y negocios de la Glorieta de Siloé: se evidenció que eran disparos de armas largas. También hay testimonios de personas heridas, algunas incapacitadas de por vida, que relatan minuto a minuto quién disparó. El 3 de mayo hubo un apagón de luz y un helicóptero sobrevoló alumbrando a las primeras líneas que estaban haciendo una velatón por la muerte de Nicolás Guerrero el día anterior, él era un muralista muy reconocido en la ciudad. En ese momento entró el GOES disparando y le quitó la vida a tres jóvenes, Harold Mellizo, Kevin Agudelo y José Ambuila. Por esos hechos hay una imputación en la justicia ordinaria contra el teniente Néstor Fabio Mancilla y contra el coronel Édgar Gómez, de la Policía Metropolitana.
¿Cuáles son los alcances de este tribunal?
Hay que ir a la historia, tribunales como éste nacen luego de los crímenes de lesa humanidad que se dieron en Vietnam y en las dictaduras de América Latina. Su antecedente es el Tribunal Russell, es clave entender que todos estos tribunales aportaron luego a la verdad y el esclarecimiento de estos hechos a nivel mundial. Parte de las expectativas y de las necesidades que existen de superación de la impunidad en el estallido social y los hechos sucedidos en Cali están puestos en la comunidad internacional. Más que ser un tribunal de opinión, que sí lo es, también toca la conciencia y la postura ética de diferentes sectores de la sociedad y de la humanidad. Ya logramos parte del objetivo: visibilizar lo que los medios han escondido y eso a lo que la justicia colombiana quiso ponerle una cortina de humo, lo que sigue es que todos los documentos que sustentan la sentencia sean incorporados a la investigación que está llevando la Fiscalía, la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos y otros organismos nacionales e internacionales.
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