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“Aquí uno bota una pepa de naranja por equivocación y crece otro árbol. Lo que sea que uno cultive crece más rápido y mejor que en cualquier otra tierra del país”. Con estas palabras Jorge Rojas, uno de los beneficiarios de la restitución de tierras en el municipio de Trujillo, Valle del Cauca, explica por qué los grupos armados se ensañaron contra los campesinos de la región para despojarlos de sus tierras.
Para comprobar la afirmación sólo hace falta visitar el corregimiento de La Sonora, escondido entre las montañas de Trujillo. Allí el profundo verde de los arbustos de café contrasta con el intenso rojo de la tierra siempre húmeda por las decenas de ríos que bañan la zona.
Desde 1988, en el municipio de Trujillo, era un secreto a voces que los grupos armados (guerrillas y paramilitares) se estaban robando la montaña. Los campesinos que vivían en las laderas más productivas eran obligados a vender la tierra a cualquier precio y el actor armado la revendía a terceros. La violencia alcanzó su culmen en 1990 con el asesinato y la desaparición de un sacerdote y sus seguidores en el corregimiento de La Sonora, a manos del paramilitar Henry Loaiza, alias el Alacrán.
Por eso el municipio es un punto clave en los proyectos que adelanta la Unidad de Restitución de Tierras (URT), específicamente la territorial del Valle del Cauca y el Eje Cafetero. También es un ejemplo del panorama general de la restitución, ya que presenta tanto cifras alentadoras como importantes desafíos.
Para mostrar los avances de la política de restitución, la dirección territorial de esta zona muestra la experiencia de las 500 personas beneficiadas por las 61 sentencias que les han devuelto más de 700 hectáreas de tierra en Trujillo. “La restitución de tierras es la mejor reforma rural que he conocido”, afirma Nohora Leticia Santa, una de las beneficiarias que fue desplazada tres veces en La Sonora, de ese municipio.
Doña Nohora hoy tiene un proyecto productivo de más de $24 millones que incluye siembra de café, cría de cerdos y un biodigestor que produce gas para su casa. Muestra sus logros con orgullo, sobre todo porque ya tiene algo que dejarle a su hijo que acaba de cumplir los 20 años y también decidió apostarle su vida al campo.
Este es uno de los 497 casos de restitución resueltos del departamento. Las demás cifras que presenta la entidad parecen alentadoras: el 50 % de las 3.000 solicitudes de restitución han sido resueltas y más de 700 están siendo evaluadas por un juez de restitución de tierras. A nivel nacional, las cifras de la URT muestran que se ha atendido el 51 % del total de solicitudes de restitución.
Al analizar estas cifras, explica Hernando Enríquez, director de la territorial del Cauca, hay que tener en cuenta que el proceso para comprobar si una tierra fue despojada es largo y además “hay muchas tierras que todavía no tienen condiciones de seguridad para que las familias retornen y esto ha hecho que el proceso en algunos municipios sea más lento”.
Los retos de la restitución
Ese tema, el de la seguridad para los beneficiarios de la ley, es uno de los retos más grandes que enfrenta la política de restitución en el país. Medidas de seguridad alimentaria, física y económica son la única garantía para que las familias se queden en la zona y no tomen la decisión de surtir el proceso jurídico para luego vender sus tierras e irse para la ciudad. Así lo explica Gerardo Vega, líder de restitución de tierras del Urabá antioqueño.
Llama la atención sobre la inseguridad que todavía sufren muchas de las zonas focalizadas para la restitución. “Desde 2011 hasta la fecha, más de 74 líderes de restitución han sido asesinados”, explica.
El líder dice además que muchas familias ni se han inscrito al programa por miedo a las represalias por parte de los grupos armados. “A las víctimas les interesan tres cosas: que les devuelvan sus tierras, que cuando lleguen a vivir en ellas nadie los amenace y que tengan con qué comer. ¿Será que a nivel nacional están las condiciones para que eso suceda?”, se pregunta.
Aunque la seguridad física es de vital importancia, debe complementarse con seguridad social, alimentaria y de salud, y esas responsabilidades recaen sobre los gobiernos municipales. Así lo explica Gustavo González, alcalde de Trujillo.
Desde el momento en que sale la sentencia del juez, el municipio debe vincular a las familias a protección social, seguridad alimentaria, educación, salud y darles un arrendamiento por tres meses. Esto genera una carga financiera que, para municipios de sexta categoría, se puede volver excesiva.
“La Ley 1448 dice que los campesinos recién restituidos no deben pagar impuestos por dos años después de haber recibido su título de propiedad. Tampoco deben pagar los impuestos de los años en los que la tierra estuvo en manos de actores armados, así que el municipio queda sin impuestos por 10 o 12 años. Las finanzas se vienen abajo”, dice el mandatario local. Inculcar una cultura de pago de impuestos a las comunidades que nunca antes habían tenido esa carga es uno de los retos que deben asumir las alcaldías.