Una universidad para restaurar los lazos rotos por la guerra

Tres mesas decoradas con manteles, cada una con ocho sillas, ocho vasos y una botella de vino para compartir. Nos sentamos y pidieron que nos presentáramos, pero que solo dijéramos nuestros nombres, sin apellidos, sin cargos, sin títulos, y eso nos permitió vernos a los ojos. Éramos la representación de un país.

Allí estaban, por ejemplo, excomandantes de la guerrilla de las Farc, como Victoria Sandino y Ubaldo Zuñiga; excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, como Óscar José Ospino, conocido en la guerra como Tolemaida, o Árlex Arango, quien fue el segundo al mando de las autodefensas del Llano. También víctimas como Carolina Charry, hija de uno de los 11 diputados secuestrados y asesinados por las Farc en 2002, o Martha Amorocho, quien perdió a uno de sus hijos en el bombazo que las Farc le pusieron al club El Nogal, en febrero de 2003.

Estaban el coronel del Ejército (r) Carlos Alfonso Velásquez, el primero en denunciar la complicidad entre el general Rito Alejo del Río y el paramilitarismo en el Urabá, y Luis Mayorga, el hijo del reconocido fundador de la empresa de electrodomésticos Challenger, que lleva el mismo nombre.

(Lea: Expara, exFarc y un militar reconocen que desaparecieron forzadamente en la guerra)

Esa noche, en ese auditorio de la Universidad de los Andes, convertido en cálido restaurante, nos tomamos unos vinos y nos reunimos para hablar de cómo podríamos aportar a una iniciativa que viene gestándose en los territorios más olvidados y golpeados por el conflicto armado: la Universidad de la Paz. Una iniciativa que no deja de sonar utópica en Colombia, el país de los odios políticos, de las más de 200 mil víctimas mortales y del plebiscito que hace tres años le dijo No a un acuerdo de paz que buscó y busca ponerle fin a una guerra de más de 53 años.

Pero para quienes unos días atrás estuvimos en Cali, escuchando a varios de ellos reconociendo la importancia de superar la violencia, la desigualdad y la venganza; o para quienes meses atrás asistimos al lanzamiento de la primera sede de esta universidad en la cuenca de Cacarica, en Chocó, la utopía tenía forma, pero sobre todo corazón.

En marzo de este año, en ese rincón selvático, la comunidad de Cacarica nos acogió después de un trayecto y caminatas largas. Prestaron sus casas y camas, nos compartieron su comida, sus bailes y cantos, y nos presentaron la primera sede de la Universidad de la Paz, realizada por ellos, con materiales perfectamente diseñados y reciclables. Un espacio de convivencia y de educación para que se encuentren los responsables y los afectados del conflicto armado. Esa es su intención.

(Lea también: Cacarica busca la verdad en medio de las balas)

Por eso insisten en que allí pueda cumplir su sanción el general Rito Alejo del Río, quien como comandante de la Brigada XVII estuvo a cargo de las operaciones militares que produjeron la violencia y el desplazamiento en este territorio. El general del Río fue condenado en la justicia ordinaria a 25 años y 10 meses de prisión por sus alianzas con el paramilitarismo y hoy está en libertad condicionada a su compromiso de sometimiento con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que junto a la Comisión de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que nació del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc.

“No lo siento como un enemigo y oro mucho por él. Si lo tuviera aquí le diría: descansa y que tu alma descanse cuando reconozcas que te equivocaste, porque sé que debe haber momentos en que no duermes y que tu corazón te vibra de culpa”, me dijo Rosalba Córdoba, una de las matronas de Cacarica, al referirse al general del Río.

La pregunta por una justicia distinta a la punitiva no era nueva. De hecho, fue la conclusión a la que llegaron en un encuentro internacional que realizaron en 2002, luego de escuchar qué pasó con la Comisión de la Verdad de Guatemala, en 1994, y en Sudáfrica, tras el apartheid, y tras oír qué pensaban las víctimas del Ku Klux Klan en Estados Unidos y los sobrevivientes de la Guerra Civil Española que viajaron hasta Chocó. En ese momento, los 120 procesos rurales de Colombia que estaban se preguntaron ¿para qué la justicia? ¿Y para qué la justicia del encierro y la cárcel? Fue la primera vez que hablaron de “derecho restaurador”.

(Le puede interesar: “La justicia restaurativa no es impunidad”: John Braithwaite)

Espacios de transformación

Para muchos, el lanzamiento de la Universidad de la Paz en Cacarica fue importante, más allá de lo evidente. Carolina Charry, hija del diputado Carlos Alberto Charry, uno de los 11 diputados secuestrados y asesinados en cautiverio por las Farc en 2002, no dejó de pensar un minuto en su papá secuestrado cuando se adentró a la selva con este grupo en el que además de académicos, exjefes paramilitares, periodistas y funcionarios estaban excomandantes de las Farc. Reconoce que al comienzo fue muy duro para ella compartir ese recorrido con ellos. De hecho, fue uno de ellos quien le dio la mano y la ayudó a continuar cuando se sintió exhausta. Con los días y los encuentros posteriores, Carolina sostiene que ha podido compartir y escuchar con sus antiguos “enemigos” historias sin odio y con una profunda convicción de reconciliación.

Desde el lanzamiento de esa primera sede de la Universidad de la Paz se han venido haciendo otros ejercicios de “educación restauradora”, como la llama Danilo Rueda, defensor de derechos humanos y coordinador nacional de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la organización no gubernamental que acompaña e impulsa la Universidad de la Paz.

Ejercicios como el que presencié en Cali, donde académicos, afectados y responsables del conflicto armado, entre otros, planearon y escucharon diferentes presentaciones para hablar de ética, guerra, democracia, justicia social y ambiental. Allí oí a Ubaldo Zuñiga, excomandante de las Farc, decir con algo de vergüenza lo difícil que ha sido para él reconocer las afectaciones que las Farc produjeron en el conflicto, sin justificaciones ideológicas.

Allí también escuché decir al mayor (r) César Maldonado, condenado a 27 años de prisión por el atentado contra el excongresista del Polo Democrático Wilson Borja, y en libertad condicional por someterse a la JEP, que no se puede hablar de humanizar la guerra porque “no hay guerras buenas”.

Antes de salir de prisión por el Acuerdo de Paz, Maldonado ya hablaba con los uniformados condenados, por hechos tan graves como las ejecuciones extrajudiciales, de la importancia de acceder a una justicia transicional, y de hacerlo pensando no solo en los beneficios penales, sino también en la verdad que necesitan las víctimas. Maldonado preside la Fundación Militares por la Reconciliación y espera desde allí vincularse a la Universidad de la Paz: “Me encanta la Universidad de la Paz, porque está llevando una formación superior a territorios muy olvidados, y esa es la única forma de construir paz y arrebatarle jóvenes a la guerra. Desde la fundación tenemos oficiales y suboficiales que quieren aportar a esa posibilidad”.

(Le recomendamos: “Bojayá, entre fuegos cruzados”: un documental para no olvidar el horror de la guerra)

Hoy hay 13 lugares para la Universidad de la Paz acordados con las comunidades en Antioquia, Chocó, Cauca, Meta y Putumayo. Solo hay una sede construida, pero las demás ya están en proceso de diseño y financiación. Todas comparten criterios que buscan ser sostenibles, sustentables y trabajar las memorias de las comunidades no solo desde los hombres, sino también desde las mujeres y los niños. Buscan articularse con el sistema integral de justicia transicional para que incluso las sanciones restaurativas que se apliquen en la JEP se puedan cumplir en esta apuesta de paz.

Como bien dice Danilo Rueda, se trata de un experimento de microsociedad que busca la reconciliación, pero a partir de transformaciones reales, que busquen condiciones más justas en lo social y lo ambiental. Por eso esperan que en cinco o diez años este proceso les permita a los jóvenes romper el ciclo de repetición de la violencia, porque no se vinculan a dinámicas armadas y administran su vida de una manera diferente.

(Vea: Ritos emberas por la memoria)

La comisionada de la Verdad, Lucía González, que ha sido testigo de estos encuentros donde la paz entre sectores tan alejados parece posible, dice con razón: “Si nosotros pudiéramos llevar esos testimonios de encuentros de víctimas y responsables a quienes no creen en la reconciliación, a quienes solo creen en la cárcel, sería muy poderoso”. 

Tres mesas decoradas con manteles, cada una con ocho sillas, ocho vasos y una botella de vino para compartir. Nos sentamos y pidieron que nos presentáramos, pero que solo dijéramos nuestros nombres, sin apellidos, sin cargos, sin títulos, y eso nos permitió vernos a los ojos. Éramos la representación de un país.

Allí estaban, por ejemplo, excomandantes de la guerrilla de las Farc, como Victoria Sandino y Ubaldo Zuñiga; excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, como Óscar José Ospino, conocido en la guerra como Tolemaida, o Árlex Arango, quien fue el segundo al mando de las autodefensas del Llano. También víctimas como Carolina Charry, hija de uno de los 11 diputados secuestrados y asesinados por las Farc en 2002, o Martha Amorocho, quien perdió a uno de sus hijos en el bombazo que las Farc le pusieron al club El Nogal, en febrero de 2003.

Estaban el coronel del Ejército (r) Carlos Alfonso Velásquez, el primero en denunciar la complicidad entre el general Rito Alejo del Río y el paramilitarismo en el Urabá, y Luis Mayorga, el hijo del reconocido fundador de la empresa de electrodomésticos Challenger, que lleva el mismo nombre.

(Lea: Expara, exFarc y un militar reconocen que desaparecieron forzadamente en la guerra)

Esa noche, en ese auditorio de la Universidad de los Andes, convertido en cálido restaurante, nos tomamos unos vinos y nos reunimos para hablar de cómo podríamos aportar a una iniciativa que viene gestándose en los territorios más olvidados y golpeados por el conflicto armado: la Universidad de la Paz. Una iniciativa que no deja de sonar utópica en Colombia, el país de los odios políticos, de las más de 200 mil víctimas mortales y del plebiscito que hace tres años le dijo No a un acuerdo de paz que buscó y busca ponerle fin a una guerra de más de 53 años.

Pero para quienes unos días atrás estuvimos en Cali, escuchando a varios de ellos reconociendo la importancia de superar la violencia, la desigualdad y la venganza; o para quienes meses atrás asistimos al lanzamiento de la primera sede de esta universidad en la cuenca de Cacarica, en Chocó, la utopía tenía forma, pero sobre todo corazón.

En marzo de este año, en ese rincón selvático, la comunidad de Cacarica nos acogió después de un trayecto y caminatas largas. Prestaron sus casas y camas, nos compartieron su comida, sus bailes y cantos, y nos presentaron la primera sede de la Universidad de la Paz, realizada por ellos, con materiales perfectamente diseñados y reciclables. Un espacio de convivencia y de educación para que se encuentren los responsables y los afectados del conflicto armado. Esa es su intención.

(Lea también: Cacarica busca la verdad en medio de las balas)

Por eso insisten en que allí pueda cumplir su sanción el general Rito Alejo del Río, quien como comandante de la Brigada XVII estuvo a cargo de las operaciones militares que produjeron la violencia y el desplazamiento en este territorio. El general del Río fue condenado en la justicia ordinaria a 25 años y 10 meses de prisión por sus alianzas con el paramilitarismo y hoy está en libertad condicionada a su compromiso de sometimiento con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que junto a la Comisión de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que nació del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc.

“No lo siento como un enemigo y oro mucho por él. Si lo tuviera aquí le diría: descansa y que tu alma descanse cuando reconozcas que te equivocaste, porque sé que debe haber momentos en que no duermes y que tu corazón te vibra de culpa”, me dijo Rosalba Córdoba, una de las matronas de Cacarica, al referirse al general del Río.

La pregunta por una justicia distinta a la punitiva no era nueva. De hecho, fue la conclusión a la que llegaron en un encuentro internacional que realizaron en 2002, luego de escuchar qué pasó con la Comisión de la Verdad de Guatemala, en 1994, y en Sudáfrica, tras el apartheid, y tras oír qué pensaban las víctimas del Ku Klux Klan en Estados Unidos y los sobrevivientes de la Guerra Civil Española que viajaron hasta Chocó. En ese momento, los 120 procesos rurales de Colombia que estaban se preguntaron ¿para qué la justicia? ¿Y para qué la justicia del encierro y la cárcel? Fue la primera vez que hablaron de “derecho restaurador”.

(Le puede interesar: “La justicia restaurativa no es impunidad”: John Braithwaite)

Espacios de transformación

Para muchos, el lanzamiento de la Universidad de la Paz en Cacarica fue importante, más allá de lo evidente. Carolina Charry, hija del diputado Carlos Alberto Charry, uno de los 11 diputados secuestrados y asesinados en cautiverio por las Farc en 2002, no dejó de pensar un minuto en su papá secuestrado cuando se adentró a la selva con este grupo en el que además de académicos, exjefes paramilitares, periodistas y funcionarios estaban excomandantes de las Farc. Reconoce que al comienzo fue muy duro para ella compartir ese recorrido con ellos. De hecho, fue uno de ellos quien le dio la mano y la ayudó a continuar cuando se sintió exhausta. Con los días y los encuentros posteriores, Carolina sostiene que ha podido compartir y escuchar con sus antiguos “enemigos” historias sin odio y con una profunda convicción de reconciliación.

Desde el lanzamiento de esa primera sede de la Universidad de la Paz se han venido haciendo otros ejercicios de “educación restauradora”, como la llama Danilo Rueda, defensor de derechos humanos y coordinador nacional de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la organización no gubernamental que acompaña e impulsa la Universidad de la Paz.

Ejercicios como el que presencié en Cali, donde académicos, afectados y responsables del conflicto armado, entre otros, planearon y escucharon diferentes presentaciones para hablar de ética, guerra, democracia, justicia social y ambiental. Allí oí a Ubaldo Zuñiga, excomandante de las Farc, decir con algo de vergüenza lo difícil que ha sido para él reconocer las afectaciones que las Farc produjeron en el conflicto, sin justificaciones ideológicas.

Allí también escuché decir al mayor (r) César Maldonado, condenado a 27 años de prisión por el atentado contra el excongresista del Polo Democrático Wilson Borja, y en libertad condicional por someterse a la JEP, que no se puede hablar de humanizar la guerra porque “no hay guerras buenas”.

Antes de salir de prisión por el Acuerdo de Paz, Maldonado ya hablaba con los uniformados condenados, por hechos tan graves como las ejecuciones extrajudiciales, de la importancia de acceder a una justicia transicional, y de hacerlo pensando no solo en los beneficios penales, sino también en la verdad que necesitan las víctimas. Maldonado preside la Fundación Militares por la Reconciliación y espera desde allí vincularse a la Universidad de la Paz: “Me encanta la Universidad de la Paz, porque está llevando una formación superior a territorios muy olvidados, y esa es la única forma de construir paz y arrebatarle jóvenes a la guerra. Desde la fundación tenemos oficiales y suboficiales que quieren aportar a esa posibilidad”.

(Le recomendamos: “Bojayá, entre fuegos cruzados”: un documental para no olvidar el horror de la guerra)

Hoy hay 13 lugares para la Universidad de la Paz acordados con las comunidades en Antioquia, Chocó, Cauca, Meta y Putumayo. Solo hay una sede construida, pero las demás ya están en proceso de diseño y financiación. Todas comparten criterios que buscan ser sostenibles, sustentables y trabajar las memorias de las comunidades no solo desde los hombres, sino también desde las mujeres y los niños. Buscan articularse con el sistema integral de justicia transicional para que incluso las sanciones restaurativas que se apliquen en la JEP se puedan cumplir en esta apuesta de paz.

Como bien dice Danilo Rueda, se trata de un experimento de microsociedad que busca la reconciliación, pero a partir de transformaciones reales, que busquen condiciones más justas en lo social y lo ambiental. Por eso esperan que en cinco o diez años este proceso les permita a los jóvenes romper el ciclo de repetición de la violencia, porque no se vinculan a dinámicas armadas y administran su vida de una manera diferente.

(Vea: Ritos emberas por la memoria)

La comisionada de la Verdad, Lucía González, que ha sido testigo de estos encuentros donde la paz entre sectores tan alejados parece posible, dice con razón: “Si nosotros pudiéramos llevar esos testimonios de encuentros de víctimas y responsables a quienes no creen en la reconciliación, a quienes solo creen en la cárcel, sería muy poderoso”.