En el aniversario 14 de la promulgación de la Ley de Víctimas, el Gobierno dio un paso decisivo en la consolidación de una política pública efectiva de reparación: la instalación de la Comisión de Financiamiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, una instancia que busca resolver uno de los principales cuellos de botella en la atención a las víctimas del conflicto armado: la falta de recursos.
La ceremonia, realizada en el Congreso, contó con la participación de representantes de la Mesa Nacional de Víctimas, comunidades étnicas, entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) y altos funcionarios del Gobierno. La Unidad para las Víctimas y el Departamento para la Prosperidad Social fueron los organismos responsables de convocar la Comisión.
Este paso es importante, especialmente porque el presidente Gustavo Petro ha insistido en varias ocasiones en que no hay suficientes recursos ni para indemnizar a las víctimas ni para implementar el Acuerdo de Paz, que también tiene un componente de reparación.
Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el costo proyectado para implementar la Ley 2421 de 2024 —que amplía la vigencia y alcance de la Ley de Víctimas original (Ley 1448 de 2011)— asciende a $161,18 billones hasta 2031.
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Hasta la fecha, se han invertido alrededor de $13,3 billones, lo que apenas ha alcanzado a cubrir al 17% de las víctimas registradas. El déficit, como advirtió la Defensoría del Pueblo, es profundo: se requerirían $303,9 billones constantes de 2024 para cumplir plenamente los compromisos asumidos por el Estado.
“El 83% de las víctimas aún espera una respuesta integral del Estado. La paz no se decreta, se financia”, afirmó Adith Romero, nuevo director de la Unidad para las Víctimas, quien subrayó que la creación de esta Comisión no es solo un ejercicio técnico, sino un acto ético y político de Estado.
Un modelo de financiación sostenible y participativo
La Comisión, que tendrá sesiones ordinarias cada dos meses y la posibilidad de ser convocada extraordinariamente, tiene como objetivo central determinar con rigor el costo acumulado de la deuda histórica del Estado con las víctimas, diseñar las rutas para financiar esa deuda, y concertar compromisos presupuestales con entidades nacionales y territoriales.
Además de la Unidad para las Víctimas, la Comisión estará integrada por los ministerios de Hacienda e Igualdad, el DNP, la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, y representantes de las personerías, entre otros. También participarán representantes de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas y comunidades étnicas.
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La Defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que, si bien la ampliación del plazo de la ley y los esfuerzos presupuestales actuales son un avance, estos aún están lejos de cubrir la magnitud de los derechos en juego. “La Comisión debe responder al reto histórico de asegurar justicia y reparación en un país donde más de 8,8 millones de personas fueron desplazadas, más de un millón sufrió homicidio y decenas de miles padecieron desapariciones, violencia sexual y otros crímenes atroces”.
Un compromiso con la verdad, la justicia y la no repetición
La firma del Acuerdo de Instalación de la Comisión selló el compromiso de las entidades participantes de construir un modelo de financiación técnico, transparente y participativo, que responda tanto a las necesidades reales de las víctimas como a las capacidades institucionales y los desafíos territoriales.
“La reparación no puede seguir siendo una promesa diferida. Es la base para la reconciliación y la garantía de no repetición. El país no puede permitirse una paz incompleta”, concluyó Romero Polanco.
Con esta iniciativa, el Gobierno del Cambio busca transformar la política de víctimas en una prioridad presupuestal real, dejando atrás años de subejecución y postergación, y reafirmando que la paz se construye con hechos, recursos y compromiso institucional.
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