La salida de Adith Romero como director de la Unidad para la Reparación Integral de las Víctimas se concretó a la medianoche del jueves 22 de enero. Desde hace varias semanas el presidente Gustavo Petro había pedido la salida de Romero -cuyo nombramiento provocó fuertes cuestionamientos, dado que la mayoría de su experiencia laboral se desempeñó como escolta- y ese jueves en la mañana llevó a cabo una reunión en la Casa de Nariño con el círculo más cercano al mandatario para concretar quién sería el reemplazo.
Horas más tarde salió el decreto firmado por el director del Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS), donde se declara a Romero como insubsistente. La decisión, lejos de disipar las tensiones internas por el control de la entidad y las alertas por el manejo administrativo y contractual de esa entidad, fue el chispazo que aceleró aún más el tren de contratación que tiene la Unidad desde hace meses, pero que se ha incrementado en pleno contexto preelectoral.
Colombia+20 constató que desde las 12:07 de la medianoche y hasta al menos las 9:50 a. m. del viernes 23 de enero se habían cargado en la plataforma Secop II 48 contratos adjudicados con la Unidad para la Reparación de las Víctimas, entre ellos una contratación directa durante un año por cerca de COP 71.000 millones -el monto más alto de los que se dieron en ese lapso del viernes- con la firma Al Desarrollo por “los servicios de un operador para la adquisición, transporte y suministro de productos alimenticios y no alimenticios (...) en todos los departamentos, municipios, corregimientos, veredas, zonas rurales del territorio nacional y territorios étnicos, con destino a la población en riesgo o víctima del conflicto armado interno”.
“Nos tienen corriendo”, dijo una de las fuentes, que afirma que la instrucción fue acelerar especialmente la vinculación de personas cercanas a los senadores Jairo Castellanos y Gustavo Moreno -antes del partido En Marcha y ahora también de Alianza Verde-, y Erwin Jiménez (aspirante a la Cámara por Santander con Cambio Radical), quienes desde hace varios meses son señalados de ser el poder detrás de la Unidad para las Víctimas.
En medio de ese contexto, el pasado 15 de enero la hoja de vida de Lilia Solano fue publicada durante apenas dos horas en el portal de la Presidencia. Detrás de ese episodio se cruzan disputas políticas, cambios en la estructura de poder de la entidad y una serie de alertas por un incremento inusual en la contratación por prestación de servicios.
Exfuncionarios y funcionarios de la Unidad entrevistados por Colombia+20 –quienes no dieron su nombre por miedo a perder su trabajo o a no volver a vincularse al sector público– afirmaron que desde julio del año pasado se ha registrado un aumento sustancial de contratos, con picos particularmente altos en el último mes, justo cuando se acerca la entrada en vigencia de la Ley de Garantías por las elecciones.
Según constató este diario tras consultas al Secop II y con fuentes cercanas a la contratación de la entidad, solo en los primeros 21 días de enero se vincularon 442 personas por contratos de prestación de servicios -455 registros aparecen en el sistema, aunque algunos están duplicados-, una cifra que fuentes internas consideran atípica para ese momento del año.
“La meta siempre ha sido llegar a 3.000 contratados en la Unidad. El año pasado, entre julio y diciembre, se contrataron 1.200 personas, y eso es inusual, porque la contratación debería hacerse en los primeros meses. Un pico tan alto a esa altura no es normal”, señaló una de las fuentes.
Ese aumento en la contratación se da en paralelo a cuestionamientos sobre la idoneidad técnica de algunos procesos contractuales de alto valor en la entidad. Justamente esta semana, la senadora y aspirante presidencial Paloma Valencia (Centro Democrático) reveló la adjudicación de un contrato mediante contratación directa por COP 112.455 millones a una unión temporal sin experiencia jurídica acreditada, para prestar servicios de defensa judicial a la Unidad de Víctimas, lo que encendió alertas sobre los filtros técnicos y la supervisión de la contratación.
A eso se suma la presión política que habría dentro de la entidad para gestionar votos por la reelección de Moreno y Castellanos. Los testimonios afirman que los contratos han sido de personas provenientes de Santander y Norte de Santander.
“Desde el director, Adith Romero; el subdirector, Freddy Quintero, y coordinadores, se han impartido órdenes de que deben presentar listas con nombre, cédula, dirección y teléfono que deben votar por el senador Moreno (...) Incluso el coordinador de Talento Humano, Wadi Romano, en reunión a puerta cerrada y sin celulares, les ordenó votar por Moreno”, dijo la fuente.
Aunque Colombia+20 contactó al equipo de prensa de los congresistas, el de Castellanos no respondió a los mensajes cuando se comunicó de qué se quería hablar, mientras que el de Moreno dijo que recibiría preguntas, pero “sin la garantía de responderlas”, pues no quería responder a rumores sobre su presunto poder en la administración de Adith Romero. Aunque este diario envió una serie de preguntas, Moreno, a través de uno de sus asesores, solo envió una respuesta. “Creo que simplemente hay que decir no a todo. No tengo que ver con la Unidad de Víctimas. El único vínculo con el director de esa Unidad es que nacimos en Norte de Santander. Con todos los temas mencionados en su cuestionario, nada tengo que ver”, indicó.
Hasta el cierre de esta edición, el saliente director Romero no respondió al cuestionario enviado por este diario.
Se estarían usando dineros de víctimas para contratación
Las alertas no se limitan al volumen de contrataciones. Los testimonios recogidos por Colombia+20 advierten que buena parte de esos contratos se estarían financiando con recursos para la reparación de víctimas.
“No hay plata para los servicios de funcionamiento y misionalidad porque todo lo cogieron para prestaciones de servicios de un montón de gente. Quieren comprar votos, quieren hacer campañas. Están cogiendo unos proyectos específicos que tienen que ver con la misionalidad de la entidad o los proyectos que tiene cada dependencia, y de ahí estaban sacando plata para esos contratos”, dijo una de las fuentes.
Este reordenamiento de la contratación se dio después de que, en julio pasado, el director Romero reasumiera mediante decreto funciones que estaban en cabeza de la Secretaría General, entre ellas la ordenación del gasto y la contratación. Esas facultades fueron delegadas en el subdirector general, Freddy Quintero, y en el secretario general, Carlos Vásquez.
Quintero fue relevado posteriormente de esas funciones tras conocerse que enfrenta un proceso judicial por delitos de rebelión, financiación al terrorismo y concierto para delinquir, como reveló “El País” de España en octubre pasado. En una resolución de septiembre de 2025 se confirmó que Vásquez quedó con todas las facultades, incluidas la celebración, modificación y liquidación de contratos, así como la ordenación del gasto.
Vásquez también es cercano al senador Moreno y fue gerente de la empresa de servicios públicos Aguas de Barrancabermeja S. A. durante la alcaldía de Alfonso Eljach. Romero también estuvo en la administración Eljach, donde se desempeñó como su subsecretario de Riesgo y secretario del Interior entre 2020 y 2024.
La misma situación de los contratos en la Unidad estaría ocurriendo en el Fondo para la Reparación a Víctimas (FRV), un mecanismo estatal creado para administrar, monetizar y destinar recursos a la reparación de las víctimas del conflicto.
“Para 2025 se realizaron contratos en el FRV por COP 9.200 millones. En el anteproyecto de presupuesto se calcularon COP 11.300 millones, pero finalmente el FRV elaboró el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 126 por valor de COP 22.500 millones. Con eso así, el Fondo de Reparación contrataría a 2.248 personas, es decir, mucho más personal que la misma Unidad de Víctimas”, explica una de las personas entrevistadas. Y agrega que, en todo caso, es un comportamiento anormal si se tiene en cuenta que, solo durante 2025, el Fondo de Reparación tuvo contratos por COP 9.202 millones y que para 2026, en pleno año electoral, se diga que se necesita utilizar COP 22.500 millones.
Los CDP son un instrumento obligatorio en la gestión pública que acredita que existen recursos disponibles en el presupuesto para respaldar un gasto específico. Sin los CDP, la entidad no puede legalmente contratar ni comprometer recursos.
“En el Fondo de Reparación sí se están utilizando recursos para pagar a las víctimas en recurso para contratar”, explica un alto funcionario de la entidad.
El presunto freno de Benedetti a la llegada de Lilia Solano
Tras la salida de Romero, Breiner Rafael Osorio Pinto, actual asesor del Despacho del director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, y exdirector del Ministerio de Trabajo en La Guajira, quedará provisionalmente en el cargo.
Fue en medio de ese contexto que el pasado 15 de enero se publicó la hoja de vida de Lilia Solano como paso previo a su eventual regreso a la dirección de la Unidad para las Víctimas. Solano renunció en febrero de 2025, tras poco más de un año en el cargo. Luego, en marzo de ese año, Gloria Cuartas asumió como directora encargada por dos meses y, posteriormente, en mayo, fue nombrado Romero como director.
Aunque la publicación fue breve, alcanzó a generar reacciones. La Instancia de Representación de Víctimas Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras expresó ese mismo día su respaldo al eventual nombramiento.
“Reconocemos su nombramiento como una oportunidad para la reconstrucción de confianza entre el Estado y las víctimas, toda vez que desde su experiencia y su misma historia de vida, siendo activista en defensa de los derechos humanos, aportará al establecimiento de soluciones duraderas ante las crisis humanitarias recientes e históricas que padecen las víctimas en nuestro país”, dice parte del comunicado.
Según los testimonios, la llegada de Solano pararía el fortín en el que se ha convertido la Unidad de Víctimas y, por ello, los congresistas habrían acudido al ministro Armando Benedetti para frenar el proceso.
Benedetti no solo es uno de los hombres más cercanos al presidente, sino que también ostenta poder sobre el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), que, aunque no tiene relación con la Unidad de Víctimas, sí tenía los ojos de la exdirectora Angie Rodríguez, otra ficha cercana a Petro.
“Angie era la que tenía el proceso frenado. Ella se fue y al otro día salió la hoja de vida de Lilia”, dijo una de las fuentes. Aunque eso no se pueda probar, sí es cierto que la publicación se dio al día siguiente de la salida de Rodríguez.
En diálogo con este diario, el ministro Benedetti negó tener un papel o con la despublicación de la hoja de vida de Solano o con los movimientos de contratos que se están dando dentro de la Unidad de Víctimas.
“No tengo ninguna relación, ni por funciones ni por política ni por manejo del Congreso ni por asuntos internacionales que tengan que ver con la Unidad para las Víctimas. El que diga eso es un mentiroso. Tampoco he influido en la contratación de personas (...) La Unidad de Víctimas ha sido totalmente ajena a mí. El hecho de que esté nombrado en esto es completamente surrealista. Es estúpido”, dijo Benedetti.
Y agregó que el que quiera involucrarlo en este tema debe venir por parte “del clima del Palacio de Nariño”. “Eso debe venir de los tontos, de los bobos del Palacio de Nariño (...) de un sapo, enemigo y tonto que creo de alguna forma identificar”, aseguró.
Sobre su relación con los congresistas Castellanos y Moreno, dijo que tenía la misma que tiene con cualquier senador.
Desde julio pasado, denuncias recogidas por El País de España y la revista Semana han señalado que Eljach, Moreno y Castellanos habrían impulsado cambios en la entidad, desde salidas de funcionarios en direcciones territoriales hasta presiones por contratos y la llegada de cuotas a cargos estratégicos.
Las denuncias sobre la contratación en la Unidad de Víctimas y en el Fondo para la Reparación se dan en un momento clave, a pocos meses de la entrada en vigencia de la ley de garantías, en plena campaña electoral y en medio de un déficit histórico de recursos para la reparación integral de las víctimas.
En el gobierno de Gustavo Petro, la Unidad para las Víctimas ha atravesado una sucesión de cambios en su dirección que reflejan un viraje en el perfil de quienes han estado al frente de la entidad.
Tras haber sido liderada por funcionarias con trayectoria reconocida en derechos humanos y atención a víctimas —como Patricia Tobón, Gloria Cuartas y Lilia Solano—, la dirección pasó a manos de Adith Romero, cuya experiencia profesional no estaba vinculada al campo de la reparación ni a la gestión de políticas de víctimas. Con su salida y el encargo a Breiner Osorio, se ha profundizado la percepción de inestabilidad y debilitamiento institucional en una entidad clave del sistema de reparación.
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