Reparar y cumplirle a las víctimas no es un favor, es un derecho: Consejera de Paz de Bogotá

Consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá

Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La Ley de Víctimas, que cumple este miércoles 10 de junio 15 años desde su sanción, transformó la forma en que el Estado colombiano reconoce y atiende a quienes sufrieron los impactos del conflicto armado.

Sin embargo, tras su entrada en vigor, persisten rezagos estructurales que ponen en duda la capacidad institucional para garantizar una reparación efectiva.

En entrevista con Colombia+20, la consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá, Isabelita Mercado, hace un balance de los avances, las deudas pendientes y los desafíos que enfrenta una política pública que hoy atiende a cerca de diez millones de víctimas.

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15 años después de la Ley de Víctimas, ¿cuál considera que ha sido su mayor logro y cuál su principal deuda, especialmente en Bogotá?

El mayor logro es el reconocimiento de la obligación del Estado de reparar a las víctimas del conflicto armado sin necesidad de que exista un fallo judicial y por ende la puesta en marcha del programa de reparación administrativa más ambicioso del mundo: ningún otro país ha intentado reparar a un universo tan grande, cercano al 20% de su población. Además, es una reparación que va más allá de la indemnización, incluye medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y sobre todo garantías de no repetición. Si revisamos antecedentes similares en el mundo, como es el caso de Perú, Guatemala o Indonesia, ninguno ha reconocido a más de 230.000 víctimas, mientras que en Colombia este universo ya llega a los 10 millones.

La principal deuda es que, pese a 15 años de esfuerzos, las víctimas no superan las condiciones de pobreza y de vulnerabilidad: a diciembre de 2025, 5.984.765 no superan la condición de vulnerabilidad, siendo los derechos más rezagados los de vivienda y generación de ingresos. La brecha social persiste: la pobreza monetaria de la población víctima fue de 44,58% en 2024, casi 13 puntos por encima de la población no víctima. Adicionalmente, únicamente hemos indemnizado a cerca de dos millones de víctimas cuando el universo supera los siete millones y existe una preocupación latente de que es una política que está desfinanciada, el próximo gobierno deberá atender este reto y formular un plan de financiación de la ley.

En Bogotá D.C., los logros y deudas son similares. A su vez, a pesar de los esfuerzos que ha realizado la administración, en Bogotá D.C., la mayoría de las víctimas no supera las condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, según el indicador de Superación de la Situación de Vulnerabilidad (SSV): 227.179 personas (54%) no superan la situación de vulnerabilidad y la brecha frente a condiciones de pobreza se mantiene. La incidencia de pobreza en población víctima en Bogotá es de 34,2%, es decir aproximadamente 14 puntos porcentuales. respecto a toda la población de Bogotá D.C.

Bogotá no es uno de los territorios más afectados por la confrontación armada, pero sí ha recibido durante décadas a miles de personas desplazadas. ¿Qué retos particulares implica reparar a víctimas que reconstruyen su vida lejos de sus territorios de origen?

El desplazamiento forzado es, por mucho, el principal hecho victimizante del país: 9.134.559 personas. Muchas de ellas rehacen su vida en ciudades capitales, lejos de su lugar de origen. Justamente, uno de los principales desafíos es que una parte importante de las medidas de reparación, especialmente lo que tiene que ver con retornos y reubicaciones –e incluso los procesos de reparación colectiva– se pensó vinculada al territorio. De este modo, el desafío en ciudades como Bogotá, que atienden de manera sostenida a las víctimas a través de su oferta de servicios, es lograr que la reparación contribuya a reconstruir proyectos de vida en contextos urbanos. Ya que que aproximadamente el 70% de las víctimas que han llegado a la ciudad, deciden quedarse, y que más de la mitad no superan las condiciones de vulnerabilidad que produjo el desplazamiento forzado.

Esto implica desarrollar derechos como la integración local, y aprovechar las capacidades y oportunidades propias de las ciudades para entregar medidas de atención conectadas con la oferta social. Por ejemplo, un desafío central es lograr que las víctimas en contextos urbanos logren satisfacer su derecho a la vivienda y a la generación de ingresos.

¿Qué lecciones deja la experiencia de la capital sobre integración y reparación que podrían replicarse en otras regiones?

La principal lección es que las ciudades capitales deben asumirse como entornos clave para la reconstrucción de los proyectos de vida de las víctimas, y no solamente como lugares de llegada. En Bogotá estamos convencidos que llegar a esta ciudad representa el acceso a las distintas oportunidades que al servicio de las víctimas contribuye a una mejor satisfacción de sus derechos. Para esto reconocemos el papel fundamental que juega la política social en una ciudad como Bogotá, nuestra tarea ha sido ir mas allá de la ayuda humanitaria para asegurarnos que las víctimas puedan acceder a ese ecosistema de entidades y servicios.

Bogotá ha avanzado en buscar formas para mejorar los servicios que se les entregan a las víctimas luego de que superan la etapa de inmediatez, conectándolos con los servicios del distrito, para evitar el deterioro de las condiciones de vida que se produce cuando el Distrito deja de entregar la ayuda humanitaria, y la responsabilidad se traslada a la Nación.

Hemos también ampliado la presencia territorial para atender a las víctimas, a través de la apertura de un nuevo Centro de Encuentro en Usme, el más al sur de la ciudad y nos encontramos formulando una política pública de integración local, que cree un modelo de articulación interinstitucional y de planeación a largo plazo que le apunte a que las víctimas de la ciudad superen condiciones de vulnerabilidad y generen condiciones efectivas de arraigo.

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Cuando se aprobó la ley, el objetivo era poner a las víctimas en el centro de la respuesta estatal. ¿Hoy siente que las víctimas siguen ocupando ese lugar o han perdido protagonismo en la agenda pública?

La Ley situó a las víctimas en el centro, al reconocer la obligación del Estado a reparar los hechos más graves del conflicto armado. Nadie vive el conflicto por gusto, es una realidad que es demoledora y que destruye proyectos de vida. Este reconocimiento parte de un acuerdo que hacemos como sociedad de entender el daño y el deber de buscar retornar las cosas (en la medida de lo posible) a un estado anterior.

Sin embargo, pese al andamiaje institucional las víctimas se han vuelto paisaje. Vimos durante este gobierno la falta de seriedad con la que se manejó el liderazgo de la Unidad para las Víctimas con excepción de su primera directora, con múltiples escándalos de corrupción y falta de ejecución de una entidad que maneja más de 4 billones al año. Reparar y cumplirle a las víctimas no es un favor, es un derecho. Por esta razón, cumplirle a las víctimas es algo que debe ir más allá del discurso, que requiere un compromiso político serio y voluntad para asegurar no solo los recursos sino el cumplimiento de los compromisos y la articulación con las entidades que tienen bajo su mandato contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas.

La Ley se pensó para reparar los daños causados por décadas de conflicto. ¿Qué tan preparada estaba para enfrentar un escenario en el que continúan ocurriendo desplazamientos, confinamientos y otros hechos victimizantes?

La Ley fue concebida para reparar daños acumulados durante décadas, pero el escenario actual sigue produciendo víctimas. En el último período se registraron eventos de desplazamiento forzado masivo, confinamiento, masacres, y aumento del control territorial de grupos armados en algunos territorios: Un aumento de más del 318,3% en desplazamiento masivo y del 19,4% en confinamiento, adicionalmente, en lo corrido del año mas de 33 masacres, cifra que duplica la del 2024 en el mismo periodo.

Esto evidencia que la sostenibilidad de la reparación depende de que se consoliden los procesos de construcción de paz, para que el conflicto deje de producir nuevas víctimas. Mientras eso no ocurra, la política de víctimas está obligada a atender, al mismo tiempo, el rezago histórico y una emergencia humanitaria que continúa vigente.

Muchos procesos de reparación han avanzado más lentamente de lo previsto. ¿El principal obstáculo ha sido la falta de recursos, la capacidad institucional o la falta de voluntad política de los distintos gobiernos?

Yo creo que los tres factores están relacionados. Los recursos son fundamentales, reconocemos que este gobierno es el que mayor presupuesto le ha asignado a la Unidad para las Víctimas y entre 2024 y 2025 se aceleró la indemnización. Sin embargo, la Contraloría estima que se requieren mas de 300 billones para cumplir con los compromisos en la ley. Es decir, hoy es una ley que está desfinanciada, acá hay un primer obstáculo. En segundo lugar, hay una capacidad institucional que es limitada, ante un conflicto que no cesa y en el que el universo de víctimas sigue en aumento, es una situación humanitaria que presiona la realidad de entes territoriales y la nación, que presiona su capacidad de respuesta. Y por último hay una falta de voluntad política en asegurar un liderazgo idóneo y capacitado para dirigir la Unidad para las Víctimas, cinco directores en cuatro años y múltiples denuncias de captación por clanes políticos evidencian el desmantelamiento de una Unidad que es fundamental para asegurar la satisfacción de los derechos de las víctimas.

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El país se acerca a los diez millones de víctimas registradas. ¿La institucionalidad creada por la Ley 1448 sigue siendo suficiente para responder a una crisis humanitaria de esa magnitud o requiere una reforma profunda?

La Ley dejó una institucionalidad sólida, con mecanismos claros y exigibles para atender y reparar; el problema no es de diseño sino de escala. Para 2031 se necesitarían más de 400 billones de pesos solo para ejecutar las medidas de reparación integral, incluida la indemnización con el número de víctimas que tenemos hoy, es decir si el conflicto cesara en su totalidad.

Más que una reformulación completa de la Ley, lo que se requiere es ser más eficientes a la hora de implementar los compromisos: por ejemplo, articular la implementación de los compromisos de los planes de reparación colectiva con la hoja de ruta de los PDET y las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz. Mejorar la articulación Nación – Territorio para coordinar de una manera más eficiente la garantía de los derechos y por último se requiere un plan para financiar esta ley que asegure nuevas fuentes de financiación.

La Ley de Víctimas ha sobrevivido a gobiernos con visiones muy distintas sobre la paz y el conflicto. ¿Qué tanto han afectado esos cambios políticos la implementación de los derechos de las víctimas?

Más allá de las distintas visiones que existen sobre el conflicto armado y su salida negociada o no, desde 2011 ha habido un reconocimiento de los gobiernos en la necesidad de atender la crisis humanitaria y las vulneraciones que genera el conflicto armado. Ningún gobierno, independientemente de su posición política o ideológica, ha buscado menoscabar el reconocimiento a la reparación integral y sus componentes. Eso es una victoria que tenemos como país, es un acuerdo social que parte de reconocer un principio de solidaridad y de justicia.

Sin embargo, el compromiso de los gobiernos es una condición que influye en los avances y celeridad o no de la implementación de los compromisos. Por ejemplo, hay que reconocer que este gobierno ha acelerado las indemnizaciones y que este presupuesto ha sido el mas grande asignado. Hacemos un llamado a recordar que los derechos de las víctimas trascienden los debates y posturas ideológicas. Sostener ese acuerdo —por encima de las diferencias de cada administración— es precisamente lo que protege la continuidad de la política y lo que asegura que esto sea un compromiso de Estado y no una política de gobierno. Garantizar el acceso a derechos no pueden entenderse como una política de turno.

Si dentro de otros 15 años se hace un nuevo balance de la ley, ¿qué indicador debería ser el más importante para medir el éxito: el número de víctimas indemnizadas o la capacidad del país de dejar de producir víctimas?

Como país, deberíamos concentrarnos en dejar de producir nuevas víctimas. La viabilidad misma de la reparación depende de que se consoliden los procesos de construcción de paz, de manera que el conflicto armado deje de generar nuevas víctimas que necesiten atención y reparación. Sin embargo, ese no es un indicador que la Ley de Víctimas pueda impactar; en ese sentido, para el balance específico de la Ley de Víctimas, son determinantes los indicadores en materia de indemnización, rehabilitación psicosocial, reparación colectiva, y los indicadores de superación de la situación de vulnerabilidad.

A medida que pasan los años y llegan nuevas generaciones a la ciudad, ¿cómo mantener viva la memoria del conflicto en Bogotá sin que las víctimas queden relegadas a una conmemoración simbólica?

Bogotá D.C. está haciendo esfuerzos que trascienden las conmemoraciones para mantener viva la memoria y las reflexiones sobre el conflicto. Esto pasa por el desarrollo de una investigación histórica sobre el impacto del conflicto armado en Bogotá D.C. y que será un legado de esta administración; por el fortalecimiento de iniciativas de memoria que se desarrollan en los barrios; y por el esfuerzo constante del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación para promover espacios de reflexión sobre el conflicto, la pedagogía sobre de los derechos humanos y la promoción de una cultura de paz. La memoria es un componente fundamental de la no repetición. En Bogotá no hacemos memoria solo para conmemorar sino para refrendar nuestro compromiso todos los días por la ciudad y el país que queremos construir.

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