El camino hacia las elecciones que tuvo Colombia en 2026, primero las de Congreso en marzo pasado y este domingo la primera vuelta a las presidenciales, avanzó con la sombra de la violencia política, un fenómeno conocido por el país.
Durante 2025, año preelectoral, el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) registró 1.101 casos en su informe Noche y Niebla y documentó que 736 personas perdieron la vida por esa causa. Esta última cifra representa un aumento del 63 % frente a las 452 víctimas registradas en 2024.
No todas las muertes están enmarcadas en la violencia política. El Cinep clasifica estos hechos en cuatro categorías: violaciones a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), violencia político-social y acciones bélicas. “Aquí estamos hablando de líderes sociales, comunidades campesinas, dirigentes comunitarios o personas afectadas por dinámicas de control territorial y conflicto”, explica a Colombia+20 Carlos Olaya, investigador social y coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep.
La organización advierte que ese comportamiento de la violencia política durante 2025 se asemeja al registrado en 2021, cuando documentó 1.145 casos, otro año previo a elecciones nacionales, “aunque en 2021 tiene influencia el estallido social”, dice el informe.
“Los grupos armados ya no se están fijando tanto en quién llega a la Presidencia”
Los nueve casos relacionados con actores políticos vinculados a partidos representan apenas una parte de un fenómeno más amplio. De los 1.101 hechos de violencia política registrados por el Cinep, 607 corresponden a violencia político-social.
Según Olaya, esa categoría reúne hechos en los que el responsable no siempre puede identificarse, aunque las características de las víctimas y las circunstancias permiten relacionarlos con dinámicas propias del conflicto. El investigador explica que si años atrás grupos armados reivindicaban públicamente amenazas o asesinatos mediante panfletos o comunicados, hoy los hechos continúan ocurriendo, pero con responsables cada vez más difíciles de identificar.
“Antes los grupos armados hacían lo que hacían y colocaban un panfleto o se adjudicaban el hecho. Hoy asesinan o amenazan, pero muchas veces no se adjudican los hechos. Eso llama menos la atención y evita también una presión mayor de la comunidad internacional”, señaló.
Para el investigador, el aumento de la violencia durante periodos preelectorales parece responder cada vez menos a una disputa directa por quién llega a la Presidencia y más a las elecciones legislativas y a estrategias de control desde lo regional que incidan en el panorama nacional.
“El asesinato de un líder significa el control sobre una comunidad y al controlar la comunidad se tiene toda una influencia política. Eso después se traduce en votos, en quién llega al concejo, a la asamblea. Quizás los grupos armados ya no se están fijando tanto en quién llega a la Presidencia, sino más bien en el control del territorio. Antes era una cuestión más nacional, incluso se quemaban mesas o registros electorales. Hoy sigue habiendo control territorial, pero más orientado a lo regional. Entonces los grupos dicen: ‘Hay que votar por tal persona al Congreso y por este al concejo’. La idea es que desde lo regional se puede dominar lo nacional”, agregó.
La lectura también ayuda a entender el peso que tuvieron algunos territorios en las cifras de 2025: Norte de Santander registró 120 casos de violencia político-social, La Guajira, 91; y Cauca, 89.
Según Olaya, detrás de esos números aparecen factores como la crisis humanitaria en el Catatumbo a raíz de la guerra que libran el ELN y el frente 33 de las disidencias desde enero de 2025, y la intensificación de disputas armadas en La Guajira, donde el enfrentamiento entre el Clan del Golfo –autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)– y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada disparó las cifras.
Son precisamente esos territorios —donde el Estado compite con grupos armados por la autoridad sobre comunidades enteras— los que el Cinep señala como el verdadero escenario de disputa. El campo de batalla, concluye el informe, es el poder local. Ahí es donde hoy se libra la confrontación más silenciosa y más letal.
¿Qué partidos políticos fueron afectados?
Entre ese universo de afectaciones registradas en 2025, el Cinep documentó nueve hechos de violencia relacionados con personas con vinculadas a procesos electorales. Los casos involucraron al Pacto Histórico, el Partido Conservador, el Centro Democrático, el Partido Liberal, el movimiento MAIS, Defensores de la Patria y Autoridades Indígenas de Colombia.
Sin embargo, Olaya advierte que esos casos pueden no mostrar toda la dimensión de la relación entre violencia y militancia política. Muchos liderazgos sociales –explica– tienen afinidades o trayectorias partidarias que no siempre aparecen registradas, o que incluso prefieren mantenerse fuera de lo público por razones de seguridad.
“Puede haber un subregistro. En el total de los 127 líderes sociales víctimas de violencia político-social, muchos tienen una opción política partidaria, pero esa información no siempre aparece. A veces no manifiestan si son de un partido o de otro y eso también ocurre por seguridad en las regiones. El conflicto allá tiene una dinámica distinta y muchas personas prefieren mantener esa información reservada”, añade el investigador.
Estas fueron las víctimas
Los nueve hechos registrados por el Cinep atravesaron distintas regiones. El 8 de febrero fue asesinado Luis Fernando Ocampo en Nariño (Antioquia), exconcejal y líder comunitario vinculado al Partido Conservador. Días después, el 21 de febrero, Carlos Mario López, también dirigente del Partido Conservador, fue asesinado en Cajibío (Cauca).
El 21 de marzo ocurrieron dos hechos en Cauca. Luis Enrique Inchima, concejal del Pacto Histórico en Popayán, denunció amenazas tras recibir una llamada de presuntos integrantes de un grupo armado que le pidieron asistir a una reunión para discutir asuntos políticos. Ese mismo día, Royer Edwin Campo, concejal del movimiento MAIS, sobrevivió a un atentado en la vía entre Suárez y Morales; uno de sus escoltas resultó herido.
El 18 de agosto fue asesinado José Erleny Velasco en Balboa (Cauca), líder campesino, miembro activo del Pacto Histórico y defensor del río Patía frente a proyectos mineros. Un mes después, el 21 de septiembre, el senador Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, denunció haber recibido amenazas de muerte a través de mensajes de WhatsApp en los que se le advertía que no continuara con sus denuncias públicas. Chacón había sido una de las voces más críticas en el Senado frente a la situación de orden público del país.
En octubre, Juan Carlos Santamaría, director de campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella en Arauca y militante de Defensores de la Patria, fue interceptado junto a varios escoltas por hombres armados en una vía de Toledo (Norte de Santander). Los atacantes bajaron a los ocupantes del vehículo y le prendieron fuego.
El Cinep también registró el asesinato del concejal Juan Camilo Espinosa Vanegas, de 32 años, de Autoridades Indígenas de Colombia, en San Andrés de Cuerquía (Antioquia), el 16 de junio. El político se desplazaba en silla de ruedas cuando fue atacado por un menor de 17 años.
Entre esos nueve hechos aparece además el caso que tuvo mayor impacto nacional: el atentado contra Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial del Centro Democrático. El 7 de junio fue atacado a tiros en un evento de su campaña en el barrio Modelia de Bogotá, y murió dos meses después, el 11 de agosto, en la Clínica Santa Fe.
Su asesinato no solo recordó al país que la violencia política nunca se fue, sino que marcó el tono de la carrera presidencial.
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