Colombia entra al año electoral con un mapa teñido por la violencia. En los últimos meses de 2025, los asesinatos de líderes sociales han vuelto a aumentar, como si la historia repitiera su ciclo fatal cada vez que el país se acerca a los comicios.
Según el informe “Liderazgos sociales 2025: una tendencia que mata”, de Indepaz, del 1.° enero de 2016 al 6 de noviembre de 2025 fueron asesinadas 1.865 personas que ejercían algún tipo de liderazgo social o comunitario, de las cuales 317 eran mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos. Entre 2022 y el 6 de noviembre de 2025 se registran 709 homicidios, y el balance preliminar sugiere que diciembre podría cerrar con un repunte frente a los años anteriores.
Los investigadores advierten que cada ciclo electoral se acompaña de una nueva oleada de amenazas y asesinatos que busca reorganizar el poder en los territorios. En esta ocasión, el país se asoma a las elecciones de 2026 con un panorama alarmante: la política y la violencia vuelven a cruzarse en los mismos lugares donde el Estado sigue ausente.
Expertos han advertido que, aunque hay balances que indican que la violencia ha disminuido en algunas regiones, sí es más letal. Es decir, ya no se trata de amenazas u hostigamientos, sino van directamente al asesinato.
En los años previos a los comicios, las estructuras armadas reafirman su dominio sobre los circuitos políticos y económicos, y los asesinatos de líderes funcionan como mensajes disciplinadores y recordatorios de quién manda en el territorio.
Los datos del informe confirman una persistencia territorial que se ha mantenido casi intacta desde la firma del Acuerdo de Paz: los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Norte de Santander y Bogotá —que fue incluido en ese listado— siguen concentrando la mayoría de los asesinatos. Tumaco (Nariño) encabeza la lista con 73 casos, seguido por Corinto (37) y Caloto (34) en el Cauca, Cali (34), Tibú (31), Tarazá (29) y Bogotá (26).
Aunque en Tumaco las cifras han descendido levemente, el informe advierte un aumento preocupante en Tibú, donde los asesinatos pasaron de dos en 2024 a seis en 2025, en medio de la confrontación entre el Frente 33 de las disidencias de las FARC y el ELN.
Esa recurrencia geográfica revela un patrón que va más allá de la coyuntura electoral. Son los mismos departamentos que durante años han concentrado la guerra, las economías ilegales y las luchas por la tierra.
En el Cauca, la defensa de los resguardos y los procesos de autonomía indígena ha costado decenas de vidas. En ese mismo departamento es donde más casos hay de reclutamiento forzado de menores, especialmente indígenas.
En Nariño, la sustitución de cultivos ilícitos se convirtió en una sentencia. En el Catatumbo, los grupos armados continúan utilizando la violencia como una herramienta de control político y social. En esa región, para no ir muy lejos, no se ha podido adelantar la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) con el Frente 33 de las disidencias de las FARC porque el mismo Gobierno ha reconocido que no hay garantías de seguridad.
A pesar de que las cifras parecen estables, Indepaz sostiene que Colombia vive una “paz estadística”: una calma aparente donde los números no se disparan, pero donde cada semana alguien es asesinado por defender derechos.
Esa estabilidad no refleja una mejora, sino la consolidación de un umbral de tolerancia a la muerte, una forma de acostumbramiento colectivo que ha naturalizado el asesinato de quienes sostienen el tejido social.
El país parece haber aprendido a administrar la tragedia, a medir la violencia en porcentajes y variaciones anuales. “La sociedad colombiana ha aprendido a convivir con el asesinato de sus liderazgos como parte del paisaje político”, concluye el informe.
¿Quiénes son las víctimas?
Las principales víctimas de las afectaciones entre enero de 2016 y noviembre de 2055 siguen siendo líderes rurales y comunales (470 casos), involucrados en procesos de sustitución de cultivos ilícitos, defensa del territorio y del medio ambiente, así como quienes impulsan la implementación del Acuerdo de Paz.
El informe destaca también el impacto sobre los pueblos indígenas (361 casos), cuyas autoridades tradicionales son atacadas por su defensa de la autonomía y al medio ambientes frente a actores armados.
Le sigue los campesinos con 274 casos, los líderes comunitarios con 152 casos y quienes ejercen liderazgos políticos con 149 casos.
Sobre la responsabilidad material de los asesinatos, el informe afirma que el sicariato sigue siendo el patrón más dominante. “Está vinculado en varios casos con la operación de bandas y estructuras locales que ejecutan estas acciones mediante mecanismos de tercerización”, se explica en el documento.
El informe de Indepaz advierte que esta violencia no puede seguir siendo entendida como una suma de hechos aislados. Se trata de un sistema de violencia estructural, sostenido por la debilidad institucional, la captura del Estado local y la impunidad.
En varios municipios, los gobiernos locales se encuentran cooptados por intereses privados o criminales, y la línea entre el poder político y el armado es difusa. Los esquemas de protección se limitan a respuestas formales y descoordinadas. La respuesta del Gobierno ha sido —según el informe— securitista y reactiva, centrada en la militarización y los protocolos burocráticos, sin transformar los factores de riesgo ni fortalecer las capacidades comunitarias de protección.
Las medidas de prevención llegan tarde, cuando no resultan meramente simbólicas. “Las comunidades no confían en las rutas de protección —dice el informe— porque éstas no salvan vidas ni garantizan justicia”.
Indepaz advierte que romper esa inercia exige ir más allá de los esquemas de seguridad personal o las alertas preventivas. El documento explica que se “necesitan transformaciones estructurales como políticas agrarias incluyentes, respeto a la autonomía territorial, regulación de las economías ilegales, y desmantelamiento efectivo de las alianzas entre actores armados, políticos y económicos”.
Lo cierto es que Colombia entra a un nuevo ciclo político no solo con la sombra de la violencia electoral extendiéndose sobre los territorios, sino con un discurso que pone en el centro una seguridad relacionada con la militarización. La prueba de ello es que la mayoría de candidatos presidenciales afirman que no seguirán con las negociaciones de paz con ningún grupo armado y que le apostarán al sometimiento.
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