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Tras nueve años del Acuerdo de Paz con las FARC, la violencia contra personas LGBTQI+ no solo persiste en varias regiones del país, sino que se ha vuelto más impredecible y peligrosa. Así lo revela el más reciente informe de Crisis Group, que advierte cómo la fragmentación de los grupos armados y la persistencia de normas conservadoras están dejando a estas comunidades sin protección.
El documento, construido con testimonios y trabajo de campo en zonas como Nariño, Guaviare, Chocó y las regiones de Catatumbo y Montes de María, muestra que las personas LGBTQI+ se han convertido en blanco recurrente de amenazas, desplazamientos, extorsiones y violencia sexual por disidencias de las FARC, el ELN, el Ejército Gaitanista (Clan del Golfo) y otras estructuras criminales.
Uno de los hallazgos más inquietantes es que esta violencia se ha convertido en un mecanismo para controlar a las comunidades.
“Los grupos criminales y armados dirigen sus ataques contra las personas LGBTQI+ como parte de sus estrategias de control territorial, ofreciendo sus servicios para eliminar a personas consideradas “indeseables” de las comunidades. La persecución selectiva de personas LGBTQI+ es también una advertencia para los demás, demostrando la crueldad de la que puede ser capaz un grupo”, dice el informe. En algunos municipios, habitantes incluso solicitan a los armados que expulsen a personas LGBTQI+.
La situación se agrava por la volatilidad del conflicto. A diferencia de la antigua estructura de las FARC, hoy los mandos locales actúan sin directrices claras, lo que hace que las reglas cambien de un día para otro. La incertidumbre es tal que un comportamiento permitido en la mañana puede ser castigado en la noche con amenazas o violencia.
“En medio de un conflicto fragmentado, las personas LGBTQI+ se enfrentan a una mayor incertidumbre sobre cómo protegerse de grupos armados indisciplinados, cambiantes y poco predecibles. Esto ocurre sobre todo en zonas rurales, donde puede haber presencia de varios grupos y el control territorial cambia rápidamente”, explica Cristal Downing, directora del proyecto de Crisis Group sobre Género y Conflicto.
Armados hacen pruebas de VIH
El informe recoge testimonios en los que la incertidumbre es un sentimiento cotidiano. Un líder LGBTQI+ de Tumaco lo resume así: “El precio que se paga [por estos cambios en las dinámicas de un grupo] es la incertidumbre… Es como un sentimiento de ¿será que porque soy gay me van a hacer algo?”. Otro entrevistado advierte que incluso las reglas cambian según el estado de ánimo de los combatientes o los rumores en la zona.
Crisis Group también alerta sobre prácticas extremas que reavivan prejuicios sanitarios. En municipios de Nariño y Norte de Santander, grupos disidentes han obligado a hombres a hacerse pruebas de VIH bajo amenaza de muerte y han difundido mensajes falsos que vinculan a personas LGBTQI+ con riesgos epidemiológicos.
“Los rebeldes robaron kits de pruebas rápidas de VIH y obligaron a los hombres que sospechaban podrían ser homosexuales a hacerse la prueba, si el resultado era positivo los asesinaban u obligaban a abandonar la zona. En Catatumbo, tanto el ELN como el Frente 33 han amenazado y asesinado a personas acusadas de ser portadoras del virus”, dice el documento.
El informe muestra que la inseguridad que viven las personas LGBTQI+ no solo proviene de los grupos armados, sino también de la manera en que estos actores interpretan los prejuicios de las comunidades.
En varias zonas del Pacífico y el Caribe, los combatientes ajustan sus respuestas según lo que escuchan de líderes locales, comerciantes, iglesias o juntas comunales. En palabras del documento, la violencia puede dispararse por “la mera percepción de que una persona está generando molestias en la comunidad”, incluso cuando esa percepción nace de rumores, chismes o estigmas amplificados.
Esa relación entre rechazo social y control armado crea un círculo perverso. En Montes de María, por ejemplo, algunas personas LGBTQI+ contaron que fueron amenazadas no porque hubieran infringido una regla explícita, sino porque vecinos conservadores se quejaron de su presencia en espacios públicos.
En Catatumbo, una mujer trans relató que los armados le “llamaron la atención” luego de que un comerciante dijera que “daba mal ejemplo a los niños”. El informe explica que, en contextos donde los grupos pretenden mostrarse como garantes del “orden”, estos comentarios funcionan como disparadores de castigos, expulsiones o restricciones de movilidad.
Crisis Group también alerta sobre prácticas extremas que reavivan prejuicios sanitarios. En municipios de Nariño y Norte de Santander, grupos disidentes han obligado a hombres a hacerse pruebas de VIH bajo amenaza de muerte y han difundido mensajes falsos que vinculan a personas LGBTQI+ con riesgos epidemiológicos.
“Los rebeldes robaron kits de pruebas rápidas de VIH y obligaron a los hombres que sospechaban podrían ser homosexuales a hacerse la prueba, si el resultado era positivo los asesinaban u obligaban a abandonar la zona. En Catatumbo, tanto el ELN como el Frente 33 han amenazado y asesinado a personas acusadas de ser portadoras del virus”, dice el documento.
El informe muestra que la inseguridad que viven las personas LGBTQI+ no solo proviene de los grupos armados, sino también de la manera en que estos actores interpretan los prejuicios de las comunidades.
En varias zonas del Pacífico y el Caribe, los combatientes ajustan sus respuestas según lo que escuchan de líderes locales, comerciantes, iglesias o juntas comunales. En palabras del documento, la violencia puede dispararse por “la mera percepción de que una persona está generando molestias en la comunidad”, incluso cuando esa percepción nace de rumores, chismes o estigmas amplificados.
Esa relación entre rechazo social y control armado crea un círculo perverso. En Montes de María, por ejemplo, algunas personas LGBTQI+ contaron que fueron amenazadas no porque hubieran infringido una regla explícita, sino porque vecinos conservadores se quejaron de su presencia en espacios públicos.
En Catatumbo, una mujer trans relató que los armados le “llamaron la atención” luego de que un comerciante dijera que “daba mal ejemplo a los niños”. El informe explica que, en contextos donde los grupos pretenden mostrarse como garantes del “orden”, estos comentarios funcionan como disparadores de castigos, expulsiones o restricciones de movilidad.
El Estado tampoco parece una alternativa segura. Varios testimonios recogidos describen casos de hostigamiento por policías y militares, revictimización institucional y temor generalizado a denunciar por posibles represalias o colusión con grupos ilegales.
Muchas de las personas entrevistadas afirmaron que no denuncian por miedo a represalias o porque miembros de la fuerza pública. En Catatumbo, una mujer lesbiana denunció que policías encargados de proteger una marcha del orgullo le gritaron “¡Quítese de ahí marimacha!”. En Chocó, una mujer trans afirmó que su propio escolta se burlaba de su identidad.
Presiones para dar información o transportar drogas
En muchas de las zonas analizadas, la discriminación social previa se convierte en un incentivo para que los grupos armados ataquen a las personas LGBTQI+. En Tumaco, un residente dijo que la comunidad LGBTQI+ es considerada “incluso más baja que las mujeres, que son vistas para la cocina y para reproducción”. Ese desprecio social facilita la legitimación de la violencia armada.
La investigación revela que violencia está ligada a escenarios cotidianos como controles a celulares para revisar conversaciones privadas, imposición de horarios para salir, prohibiciones de maquillarse o de usar ciertos peinados, amenazas por asistir a fiestas o por publicar fotos en redes sociales.
Un hombre gay en Nariño dijo al equipo de Crisis Group que había sido citado por un grupo armado únicamente por haber subido una foto “demasiado colorida” a Instagram. Tras interrogarlo, los armados le ordenaron borrar su perfil y dejar de publicar.
El informe advierte que la marginalidad económica y social de muchas personas LGBTQI+ las convierte en objetivos frecuentes de reclutamiento y coerción por parte de grupos armados. En varios territorios, estas poblaciones trabajan en oficios que los grupos consideran estratégicos —peluquerías, bares, discotecas, billares— porque permiten acceso a información sobre dinámicas barriales, movimientos de extraños o tensiones comunitarias. De acuerdo con el documento, esta posición las vuelve vulnerables a ser usadas como “moneda de intercambio”, obligadas a suministrar datos, vigilar calles o identificar a quienes generan sospechas.
En zonas como Montes de María, el Pacífico nariñense y el Guaviare, Crisis Group documentó presiones para transportar drogas, esconder armas, servir como enlaces logísticos o realizar trabajo sexual bajo coacción.
Algunas víctimas contaron que aceptaron estas imposiciones para proteger a sus familias o evitar represalias, mientras que otras fueron señaladas como colaboradoras por negarse a participar. Esa mezcla de coerción, amenaza y estigmatización deja a las personas LGBTQI+ sin capacidad real de negarse y sin rutas para denunciar.
Otros testimonios recogidos por Crisis Group muestran cómo las personas LGBTQI+ se ven obligadas a construir estrategias extremas de autoprotección, muchas de ellas basadas en ocultarse o abandonar partes de su identidad. En Tumaco, varias mujeres trans afirmaron que habían dejado de vestirse como querían y solo lo hacían dentro de sus casas. En la Serranía del Perijá, jóvenes homosexuales contaron que evitan caminar juntos para no llamar la atención. En zonas del Cauca, familias han enviado a adolescentes a vivir con parientes en ciudades para evitar que los armados los recluten o los castiguen.
El informe señala que, en algunos lugares, la amenaza se extiende incluso a quienes apoyan públicamente a personas LGBTQI+. En un municipio del Pacífico, un profesor que defendió a un estudiante trans fue increpado por armados y obligado a retractarse. En el Magdalena Medio, un líder comunitario recibió advertencias por permitir que jóvenes LGBTQI+ participaran en actividades recreativas del barrio.
Las iniciativas del Gobierno en el marco de la llamada paz total tampoco han logrado generar garantías suficientes, pues las conversaciones con distintos grupos no se han traducido aún en alivios verificables para personas LGBTQI+ en las zonas más afectadas.
“Colombia cuenta con normativas para proteger a las minorías sexuales y de género, pero no han sido implementadas de forma efectiva (...). Bogotá también debe garantizar la participación de la población LGBTQI+ en las conversaciones de paz actuales y futuras, garantizando que esto no los expondrá a mayores riesgos”, dice Downing.
El documento advierte que, sin rutas de protección específica ni mecanismos claros para garantizar una participación segura en los diálogos, la paz total corre el riesgo de reproducir las mismas exclusiones que quedaron pendientes en la implementación del Acuerdo de 2016.
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