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La instalación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en zona rural de Tibú, Norte de Santander, acordada entre el Gobierno Nacional y el Frente 33 de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), reavivó los debates sobre los riesgos, oportunidades y contradicciones de la llamada “paz total” en una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado en Colombia: Catatumbo.
Aunque el acuerdo fue presentado como un avance en la Mesa de Diálogo de Paz, el anuncio fue recibido por autoridades y comunidades con una mezcla de esperanza y preocupación. Esta misma semana, parte de la delegación de Gobierno empezó una serie de diálogos sociales con indígenas, campesinos, madres cabezas de familias, firmantes de paz, Iglesia, personerías, juntas de acciones comunal y líderes y lideresas sociales en Cúcuta y Tibú para ambientar la llegada de la ZUT que, según se ha conocido estará ubicada en zona rural de Tibú.
De esos primeros encuentros han surgido varios llamados de la comunidad sobre ponerle ojo al reclutamiento forzado de menores de edad por parte del Frente 33 y también pensar en un programa especial y diferenciado para los niños que están en filas de esa disidencia. Sin embargo, el pedido más urgente ha sido sobre el tema de seguridad, especialmente para las comunidades que estarán cerca de la ZUT.
Por parte de las autoridades del departamento de Norte de Santander, que según contaron a Colombia+20 aún no han tenido reuniones ni claridades sobre la construcción y ejecución de la Zona de Ubicación, este viernes se conoció el primer pronunciamiento público.
El Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia de Norte de Santander, órgano consultivo del gobierno departamental, publicó un comunicado en el que, aunque respalda la creación de la ZUT, advierte de los vacíos de información, riesgos de seguridad para líderes sociales y posibles impactos sobre la institucionalidad local.
“Diversos sectores de la sociedad civil expresan su inquietud ante la limitada información disponible sobre aspectos fundamentales del proceso, como la ubicación específica del espacio, la cantidad de combatientes a reagruparse, el manejo y depósito de las armas, el marco legal y los protocolos previos a la eventual firma final del acuerdo de paz”, dice el comunicado.
En su pronunciamiento, el Consejo señaló siete temas preocupantes como la ausencia de información clara y oportuna sobre elementos clave del proceso: entre ellos el tratamiento que se dará a las armas, los marcos legales aplicables y los pasos previos a una eventual firma final de un acuerdo.
También la preocupación sobre la seguridad de los líderes y lideresas sociales, los hechos de violencia que no paran en Catatumbo y la estigmatización que sufren los empleados públicos. Además hace un llamado al ELN para avanzar en el diálogo y piden respeto por el Derecho Internacional Humanitario.
Organizaciones sociales del Catatumbo han insistido en que sin transparencia y pedagogía comunitaria, las medidas del gobierno pueden ser fácilmente capturadas por narrativas de desinformación, o generar desconfianza en comunidades profundamente afectadas por el conflicto, el narcotráfico y el abandono estatal.
El pronunciamiento no se limita a lo procedimental. También hace una condena enfática a la violencia continua en la región. Señala hechos graves como el reclutamiento forzado de menores, desplazamientos masivos, confinamientos, violencia sistemática contra mujeres, y particularmente, el asesinato y la estigmatización de líderes sociales.
“La criminalización de los liderazgos sociales y comunales es una grave violación a sus derechos fundamentales y obstaculiza los esfuerzos de participación y desarrollo”, enfatiza el comunicado.
En la misma línea, se denuncia la estigmatización hacia funcionarios públicos que han cumplido labores humanitarias, y se hace un llamado a reconocer su papel dentro del deber estatal de proteger a la ciudadanía, sin que sean convertidos en blancos de narrativas partidistas o intimidaciones armadas.
Pese a estas preocupaciones, el Consejo no se opone al proceso. Por el contrario, reconoce la instalación de la ZUT como “una oportunidad histórica” para avanzar en la superación del conflicto armado.
“El Consejo reconoce en la creación de esta zona una oportunidad histórica para avanzar hacia la dejación de armas y la reincorporación de actores armados a la sociedad civil, y reitera su voluntad de acompañar este proceso con vigilancia, pedagogía y participación”, dice el Consejo de Paz.
No obstante, ese respaldo está acompañado de una posición vigilante, que exige condiciones de seguridad, garantías institucionales y participación real de las comunidades.
El Consejo ofreció su disposición a acompañar el proceso con vigilancia, pedagogía y veeduría ciudadana, siempre que se mantenga la integridad del Estado Social de Derecho y se garantice el respeto a los derechos fundamentales de los habitantes del Catatumbo.
En su declaración, el Consejo también dirigió un mensaje al Ejército de Liberación Nacional (ELN), otro actor armado con presencia histórica en el territorio. Pidió que avance de manera decidida en el diálogo social y abandone la violencia, asumiendo compromisos verificables con la paz. También reclamó el respeto al Derecho Internacional Humanitario, el derecho a la educación, a la vida y la movilidad, e instó al retorno inmediato de niños y niñas a las aulas, junto a sus docentes.
“Todos, como sociedad, debemos asumir la responsabilidad colectiva de ser parte de la solución”, señala el texto, que destaca la necesidad de frenar el uso de armas no convencionales y de proteger a la infancia del conflicto armado.
La instalación de una Zona de Ubicación Temporal en Tibú se da en un contexto altamente volátil: fragmentación de grupos armados, economías ilegales, debilidad institucional y ausencia de presencia estatal integral. Las lecciones del pasado —incluidas las zonas veredales del Acuerdo de 2016— muestran que sin claridad normativa, seguridad garantizada y compromiso político sostenido, este tipo de dispositivos transitorios pueden convertirse en puntos de tensión o incluso de reconfiguración del conflicto.
En ese sentido, el respaldo vigilante del Consejo Departamental de Paz no solo refleja el deseo de paz de la sociedad civil nortesantandereana, sino también su conciencia de que el camino hacia una paz real, estable y duradera exige más que acuerdos sobre el papel: exige transparencia, garantías, vigilancia activa y voluntad política efectiva.
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