Imagine que la puerta de su propia casa queda bloqueada de golpe y salir a comprar arroz, asistir a la escuela o ir a trabajar se convierte en una sentencia de muerte. Si es una comunidad étnica, cazar, pescar o hacer lo que durante generaciones han hecho en su territorio, también está prohibido.
La situación que el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) está evidenciando en los lugares más apartados del país es preocupante. Proteger y brindar ayuda humanitaria para salvar las vidas de quienes están quedando atrapados en medio del conflicto armado debe ser prioridad para el Estado.
Sin muros físicos, miles de familias sufren el dolor de una enfermedad o de hambre, atrapadas bajo su propio techo por una orden impuesta por un grupo armado organizado. Eso es solo una descripción de lo que significa vivir confinado; eso es lo que han tenido que padecer más de 780.000 personas en Colombia en la última década.
En el país, los delitos de desplazamiento, el reclutamiento forzado, la violencia sexual o las minas antipersonales continúan siendo evidentes y preocupantes, pero el confinamiento, al menos desde 2017, es una forma de violencia que menos hemos analizado y que registra el aumento más alarmante en la última década.
Solo entre enero y agosto de 2026, cerca de 100.000 personas fueron confinadas de acuerdo con Naciones Unidas; es decir, el equivalente a encerrar a casi toda la población de Leticia, la capital amazónica, o privar de su movilidad y derechos a todos los habitantes del archipiélago de San Andrés.
Pero hoy tenemos la oportunidad de hablar de esta situación. Personas asistidas por NRC dicen sentirse “atrapadas en sus propios territorios”. Otras comunidades describen el confinamiento como un evento que primero les arrebata su movilidad, luego su libertad de decidir y finalmente su dignidad como personas.
Tenemos la oportunidad de brindar más atención a esta situación, no para observar cómo las comunidades, en su mayoría comunidades afrodescendientes o indígenas, viven días de encierro y sufrimiento, sino para recordarnos que protegerlos y asistirlos debe ser una prioridad en Colombia.
El confinamiento se utiliza deliberadamente para controlar a las comunidades con un agravante: no pueden acceder a sus medios básicos para subsistir. Encerrar a la población civil vulnera los principios más fundamentales del derecho internacional humanitario y por eso debe cesar de inmediato.
Además de ser una estrategia de control territorial, el confinamiento es a todas luces una dolorosa crisis humanitaria. NRC ha evidenciado en territorios rurales y apartados que esta forma de violencia empeora la salud de los enfermos al dejarlos sin medicinas y sin acceso a centros de salud, que apaga el futuro de las niñas y niños al cerrar sus escuelas, destruye los medios de subsistencia, causa hambre, sed, y condena a miles de familias a vivir bajo el azote constante de la zozobra.
Pero el Estado colombiano cuenta con herramientas y políticas públicas para atender esta grave situación. El reto principal es la capacidad de gestión y articulación para que la ayuda humanitaria llegue a tiempo y sea eficiente para seguir salvando vidas. El gran reto de la política pública es lograr que las decisiones escritas en el papel se conviertan en realidades para la gente.
Es urgente que el Estado siga poniendo a las víctimas en el centro con voluntad política y recursos financieros, garantizando la asistencia en una ruralidad dispersa y fortaleciendo a esas comunidades que hoy sobreviven bajo la influencia de actores armados organizados. También debe priorizar la gestión individual de casos de confinamiento y garantizar una mejor coordinación entre las instituciones territoriales y nacionales. Las escuelas deben ser refugios seguros, brindar atención psicosocial o intensificar la educación sobre el riesgo de minas antipersonal es necesario.
El hambre y la enfermedad de una población confinada no entienden de esperas. Las partes en conflicto deben respetar las reglas de la guerra y la labor humanitaria.
La respuesta institucional debe ser tan contundente como el silencio que hoy rodea a estas comunidades confinadas que esperan que sus voces sean escuchadas para que sus necesidades sean atendidas.
*Giovanni Rizzo, director de país del Consejo Noruego de Refugiados.
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