A nadie le importa el trato a viajeros rechazados en el aeropuerto de Cancún

Anderson Caviedes* miraba a través del cristal y se culpaba una y otra vez por no haber introducido un par de billetes de 100 dólares en su pasaporte cuando se lo entregó al agente de migración, horas antes. Ya conocidos suyos le habían dicho que lo hiciera en el puesto de migración, cuando aterrizara en el aeropuerto de Cancún (México). Estaba convencido de que de haberlo hecho ya estaría fuera del aeropuerto, junto con su hermano, continuando su camino hacia la frontera sur de Estados Unidos, y no encerrado bajo llave en una sala del aeropuerto.

Ambos colombianos (oriundos de Yopal, Casanare) habían llegado al aeropuerto de Cancún ese miércoles 15 de junio en un vuelo de madrugada de la aerolínea Volaris, proveniente de Bogotá. Pero una vez allí, los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) les impidieron el ingreso al país, determinando su regreso a Colombia en la misma aerolínea en la que habían llegado. Tras ser rechazados, fueron conducidos a lo que el INM denomina la “sala de tránsito”, al interior del mismo aeropuerto, en donde debían esperar su vuelo de regreso y en donde los encontré horas después cuando yo también fui conducido a esa misma sala.

La “sala de tránsito” del aeropuerto de Cancún es básicamente una bodega helada con nula visibilidad hacia el exterior, sin posibilidad de luz ni ventilación natural, cerrada bajo llave, que solo pueden abrir los oficiales del INM. Adentro aguardan los viajeros inadmitidos en México, a los que les niegan el ingreso, en colchonetas roídas, con cobijas de aluminio, o en sillas desbarajustadas, con comida racionada y la mayor parte del tiempo sin agua potable. Absolutamente incomunicados desde el momento en que se les notifica que irán a una “segunda revisión” hasta que finalmente abordan el vuelo de regreso, entre 24 y 72 horas después. Una pesadilla para un claustrofóbico, que lo soy. “¿Esto no le parece inhumano?”, le pregunté al agente del INM que me conduciría a ese espacio. “Nosotros no ponemos las instalaciones ¿Le parece que mi estación de trabajo cumple con unas condiciones dignas?”, me respondió.

* * *

Aterricé en Cancún hacia el mediodía del miércoles 15 de junio. Tenía tiquetes comprados ida y regreso desde Bogotá, reserva pagada en su totalidad en un hotel de la ciudad y un par de tours en la Riviera Maya pagos, para lo que sería un viaje turístico entre amigos. Ante el agente de migración nos presentamos siete personas. Después de un par de preguntas de rutina, a mis compañeros de viaje se les selló su pasaporte y se les permitió el ingreso. A mi me informó el oficial que sería conducido a una oficina para resolver una inconsistencia en mis papeles.

Tan pronto ingresé a esa oficina, se me pidió que apagara el celular y lo entregara, y lo amarraron con un caucho a mi pasaporte. Allí permanecían alrededor de 30 viajeros en la misma situación. Por ley, en ese espacio solo se puede permanecer por máximo cuatro horas, lapso en que el INM debe definir la situación de cada persona. A algunos, al cabo de un par de horas y luego de firmar un documento sin mayores explicaciones, se les permite su ingreso al país.

Otros, frente a los cuales el INM tiene sospechas, son llamados a segunda entrevista, en donde se les pregunta: cuántos días permanecerán en Cancún, en qué hotel se hospedarán, qué lugares turísticos visitarán, cuánto dinero traen en efectivo, si son titulares de tarjetas de crédito o no, a qué se dedican en sus países de origen, cuánto ganan, y demás preguntas que les permitan cerciorarse de que en efecto el propósito del viaje es turístico y no una parada en su camino a la frontera con Estados Unidos, buscando cruzarla irregularmente.

Lo curioso es que, junto a los agentes del INM, debidamente identificados, se encontraba otro funcionario, de origen estadounidense, vestido de civil, que también revisaba documentos, hacía preguntas y era quien revisaba el celular de los viajeros: su WhatsApp, su perfil de Facebook, su galería de fotos. Después sabría, porque lo explicó un propio agente del INM, que ese funcionario era de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, por sus siglas en inglés. Su presencia en ese espacio no ha sido documentada públicamente en México.

Cuando fue mi turno de responder la entrevista, estaba convencido de tener todo en orden. Sin embargo, fue el agente del CBP quien me notificó que mi visa de turista en Estados Unidos actualmente estaba cancelada y así lo escribió con marcador negro en la visa de mi pasaporte. Acto seguido, una agente del INM me notificó que no se me permitiría el ingreso a territorio mexicano. Pese a que la visa americana no es requerida para ingresar a México, la agente me informó que las razones que habían llevado a la cancelación de mi visa en Estados Unidos generaban una alerta migratoria sobre mí, que impedía mi ingreso al país. Las razones por las que mi visa americana fue cancelada no me fueron informadas. El agente del INM que después explicó la presencia del oficial del CBP allí, también dijo que si un extranjero solicita una visa para entrar a Estados Unidos, y se la niegan, su ingreso a México también quedará prohibido, a través de esa figura de la alerta migratoria.

El impacto de ser titular de una alerta migratoria lo vería horas después, en la madrugada, cuando en la sala de tránsito encontré al polaco Filip Roger Zalewski. Había aterrizado en Cancún el 21 de abril y ya ajustaba 55 días detenido en esa sala de tránsito. Sí, 55 días viviendo en una bodega de un aeropuerto en condiciones precarias, insalubres y solo con la comida que le suministra su aerolínea, de esa que dan en los aviones. Sin ver la luz del sol ni respirar aire fresco. Conviviendo cada día con unas 50 personas nuevas, que entran y salen luego de entre 24 y 72 horas, pero él sigue allí.

Su caso es incomprensible, pues es un ciudadano con residencia permanente en México, que vive en Cancún hace cerca de dos años, a donde se había mudado en medio de la pandemia pues Panamá, donde vivía en su momento, tenía controles demasiado estrictos en la época más dura del Covid-19. Es un hombre de negocios, con formación profesional y tiene un MBA que estudió en Shangai. Vivía sin problemas en Cancún, pero salió a un viaje de negocios a Panamá y cuando regresó a México, se le negó la entrada con el argumento de que había una alerta migratoria en su contra. Entonces, él no acepta ser devuelto a Panamá porque tiene su residencia (y su vida) en México, y el INM no lo deja entrar a territorio mexicano porque tiene esa alerta. Hoy Zalewski, legalmente, no está en territorio nacional de ningún país. Está en el limbo.

La figura de las alertas migratorias y su inconstitucionalidad ha sido cuestionada muchas veces por organizaciones de derechos humanos mexicanas, como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh). Según esa entidad, tener una alerta migratoria significa que el INM o alguna otra autoridad ha identificado a una persona como un riesgo para la seguridad pública o nacional. “A pesar de la opacidad que rodea al manejo de las alertas migratorias, algo que se conoce con certeza son los efectos que tienen en la esfera de los derechos humanos”, se lee en un informe que esa comisión dedicó a dicha figura.

Ariadna Cano es abogada de la organización mexicana Sin Fronteras, que acompaña estos casos. Sobre las alertas migratorias, explicó que son un asunto “totalmente discrecional porque no existe ningún sustento legal de la existencia de esas alertas. Una de las consecuencias de que una persona cuente con una alerta migratoria es que no puede acceder a ningún documento migratorio; es decir, aunque la persona encuadre en algún supuesto de la ley de migración para regularizar su situación migratoria, que pueda obtener una tarjeta de visitante, residente temporal, residente permanente, aunque cumpla con todos los requisitos, la alerta migratoria le impide acceder a ellos”.

Como Filip Zalewski, Asela Chamizo, una cubana de 62 años, ya completa 40 días viviendo también en la sala de tránsito. Había llegado a Cancún desde La Habana a visitar una familia amiga y tiene a sus dos hijas viviendo en Estados Unidos. Igual que Zalewski, no permitió ser devuelta a Cuba y no puede entrar a territorio mexicano. Ambos están hoy en juicio de amparo en México para evaluar su rechazo al país y, aunque saben que el juicio puede extenderse unos seis meses, tiempo que pasarán viviendo en esa bodega, están decididos a ir hasta el final. “Migrar no es ilegal”, me dijo la mujer cubana.

Ambos, durante el día y la noche no hacen más que deambular. Ver entrar y salir a los demás viajeros, recibir la comida que les trae su aerolínea y tratar de conciliar el sueño. Pueden bañarse y cambiarse de ropa en las oficinas de migración. Revisar sus celulares y comunicarse con sus familiares una o dos veces al día. Ya no se desgastan contando su historia una y otra vez a quienes ingresan a esa sala de tránsito. Filip Zalewski trata de matar el tiempo leyendo un ejemplar de la revista Proceso, que reporta que pese a que en los últimos 21 años el futbol mexicano ha exportado 54 jugadores a las ligas de 17 países de Europa, la Selección Nacional no despega en los mundiales.

* * *

Durante las 28 horas que pasé dentro de la sala de tránsito, en su mayoría los viajeros que fueron llevados allí eran colombianos y peruanos. Había dos rusos, dos rumanas, un venezolano, un ciudadano de Costa Rica, y varios ciudadanos de la India, uno de los cuales llegó a la sala esposado y sangrando. En los dos meses que lleva Filip Zalewski allí, solo ha visto pasar latinos y ciudadanos de países de Europa del Este; “no he visto el primer australiano o europeo de occidente”, me dijo. Uno de los agentes del INM dijo hacia la madrugada, en alguna de las veces que abren la puerta para traer o llevarse a alguien, o para suministrar comida, que “el 98% de las personas que están aquí no venían a hacer turismo en Cancún”.

Durante 2021, cerca de 30.000 extranjeros fueron rechazados solo en el aeropuerto de Cancún, el segundo que más rechaza viajeros después del aeropuerto de Ciudad de México, con 40.000 casos el año pasado, según datos del INM obtenidos por el medio mexicano Animal Político y compartidos con este diario. En total, durante 2021 México obligó a devolverse a 72.895 personas, lo que equivale a 200 expulsiones diarias. La cifra de 2021 es cuatro veces mayor que la de 2020 (16.286) y más del doble que la de 2019 (31.008).

Aunque puede no ser el 98% que dijo el agente del INM, la mayoría de quienes estaban en la sala de tránsito luego iban para Monterrey, al norte de México, donde ya tenían conversado a algún coyote que los ayudaría a pasar la frontera. Así me lo dijeron muchos. Unos pagarían 500 dólares, otros 1.000, otros 2.000, para lograr llegar al otro lado. Como saben de los controles en México, habían agendado tours en Cancún, tenían hotel reservado y todo un plan de un viaje turístico que les había costado millones de pesos o miles de dólares. Sin embargo, no pasaron los controles migratorios.

En febrero pasado, para que la decisión del ingreso a México no fuera arbitraria por parte de la autoridad migratoria, ese país determinó que los colombianos que van de visita deben realizar un pre-chequeo en internet con todos su datos, tiquetes aéreos y plan turístico. No funcionó. Como aquellos cuyo propósito final es llegar a la frontera también suelen comprar planes turísticos y tener tiquetes de regreso, eso ya no es garantía de ingreso al país. Actualmente, el ingreso queda completamente a discrecionalidad del Instituto Nacional de Migración.

El INM, en respuesta a este diario, sostuvo que las salas de tránsito en el aeropuerto “no dependen del Instituto Nacional de Migración; la administración y seguridad es brindada por el concesionario de las instalaciones aeroportuarias”. Además, que ante la inadmisión de una persona extranjera, “la aerolínea que la transportó queda como responsable de la custodia, alimentación y retorno al país de origen o aquel donde se le permita el ingreso, por lo que el tiempo de espera para el retorno depende de la frecuencia de los vuelos programados por la misma compañía de aviación”.

Según su respuesta, “en ningún momento, durante el procedimiento de segunda revisión, quedan incomunicados”. Esa afirmación es falsa, pues desde el momento en que los viajeros entran a la segunda revisión se les retira el celular, que sólo se les entrega de nuevo una vez abordo del avión que los llevará de regreso. La llamada a un familiar se respeta, pero se otorga entre 12 y 16 horas después de haber sido rechazado, cuando tarde en la noche, o en la madrugada, ya no hay vuelos. A mi se me permitió hacerla hacia las 3:00 de la mañana, 13 horas después de haber sido detenido.

Sobre mi caso, el INM sostuvo que mi rechazo respondió a inconsistencias en las dos entrevistas que me hicieron, en la veracidad de los datos proporcionados, y a que no pude respaldar que mi intención final era retornar a mi país de origen. Inexplicablemente, sostuvieron que yo viajaba solo, aún cuando al primer filtro de migración acudimos siete personas. En la respuesta oficial no hicieron mención a mi visa americana y no explicaron la presencia del agente estadounidense del CBP que me la rayó con marcador negro, razones reales de mi inadmisión. ¿Cuál es la naturaleza de la cooperación entre el INM y el CBP? ¿Puede ese agente estadounidense determinar quién entra o no a territorio mexicano? Las preguntas no fueron respondidas por el INM.

* * *

Anderson Caviedes, el colombiano que había llegado de Yopal con su hermano, me repetía que en una semana volvería a intentarlo. Eso también lo dijeron varios de los que estaban allí. Como el dinero que traían para el coyote no lo perdieron, tenían otra oportunidad para intentar pasar. Muchos lo logran, cuentan ellos, que ya tienen amigos, o familiares, o conocidos del otro lado. Incluso, mientras Anderson esperaba en esa sala, un amigo suyo que venía en su misma condición y en el mismo vuelo sí logró pasar y a esa sala nunca llegó.

Van detrás de la promesa de una mejor vida en Estados Unidos. El ciudadano de Costa Rica, con una vida relativamente estable en su país, lo apostó todo porque un amigo suyo que ya está allá le contó que se ganaba hasta 1.200 dólares por semana. Los agentes del INM son conscientes de que esa migración irregular hacia Estados Unidos no la pueden detener. Uno de ellos les explicaba a quienes esperaban en la sala de tránsito, que podrían volverlo a intentar en unos seis meses.

Horas antes de que me dieran salida, a la sala de tránsito fue ingresada una madre colombiana con una hija de siete años y un hijo de diez. Venían de vacaciones, tenían todo en regla, todo comprado. No los dejaron entrar. Por supuesto, no les explicaron por qué. La madre solo trataba de consolar a sus hijos diciéndoles que mejor era hacer planes en la casa, viendo películas en HBO Max.

Anderson Caviedes* miraba a través del cristal y se culpaba una y otra vez por no haber introducido un par de billetes de 100 dólares en su pasaporte cuando se lo entregó al agente de migración, horas antes. Ya conocidos suyos le habían dicho que lo hiciera en el puesto de migración, cuando aterrizara en el aeropuerto de Cancún (México). Estaba convencido de que de haberlo hecho ya estaría fuera del aeropuerto, junto con su hermano, continuando su camino hacia la frontera sur de Estados Unidos, y no encerrado bajo llave en una sala del aeropuerto.

Ambos colombianos (oriundos de Yopal, Casanare) habían llegado al aeropuerto de Cancún ese miércoles 15 de junio en un vuelo de madrugada de la aerolínea Volaris, proveniente de Bogotá. Pero una vez allí, los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) les impidieron el ingreso al país, determinando su regreso a Colombia en la misma aerolínea en la que habían llegado. Tras ser rechazados, fueron conducidos a lo que el INM denomina la “sala de tránsito”, al interior del mismo aeropuerto, en donde debían esperar su vuelo de regreso y en donde los encontré horas después cuando yo también fui conducido a esa misma sala.

La “sala de tránsito” del aeropuerto de Cancún es básicamente una bodega helada con nula visibilidad hacia el exterior, sin posibilidad de luz ni ventilación natural, cerrada bajo llave, que solo pueden abrir los oficiales del INM. Adentro aguardan los viajeros inadmitidos en México, a los que les niegan el ingreso, en colchonetas roídas, con cobijas de aluminio, o en sillas desbarajustadas, con comida racionada y la mayor parte del tiempo sin agua potable. Absolutamente incomunicados desde el momento en que se les notifica que irán a una “segunda revisión” hasta que finalmente abordan el vuelo de regreso, entre 24 y 72 horas después. Una pesadilla para un claustrofóbico, que lo soy. “¿Esto no le parece inhumano?”, le pregunté al agente del INM que me conduciría a ese espacio. “Nosotros no ponemos las instalaciones ¿Le parece que mi estación de trabajo cumple con unas condiciones dignas?”, me respondió.

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Aterricé en Cancún hacia el mediodía del miércoles 15 de junio. Tenía tiquetes comprados ida y regreso desde Bogotá, reserva pagada en su totalidad en un hotel de la ciudad y un par de tours en la Riviera Maya pagos, para lo que sería un viaje turístico entre amigos. Ante el agente de migración nos presentamos siete personas. Después de un par de preguntas de rutina, a mis compañeros de viaje se les selló su pasaporte y se les permitió el ingreso. A mi me informó el oficial que sería conducido a una oficina para resolver una inconsistencia en mis papeles.

Tan pronto ingresé a esa oficina, se me pidió que apagara el celular y lo entregara, y lo amarraron con un caucho a mi pasaporte. Allí permanecían alrededor de 30 viajeros en la misma situación. Por ley, en ese espacio solo se puede permanecer por máximo cuatro horas, lapso en que el INM debe definir la situación de cada persona. A algunos, al cabo de un par de horas y luego de firmar un documento sin mayores explicaciones, se les permite su ingreso al país.

Otros, frente a los cuales el INM tiene sospechas, son llamados a segunda entrevista, en donde se les pregunta: cuántos días permanecerán en Cancún, en qué hotel se hospedarán, qué lugares turísticos visitarán, cuánto dinero traen en efectivo, si son titulares de tarjetas de crédito o no, a qué se dedican en sus países de origen, cuánto ganan, y demás preguntas que les permitan cerciorarse de que en efecto el propósito del viaje es turístico y no una parada en su camino a la frontera con Estados Unidos, buscando cruzarla irregularmente.

Lo curioso es que, junto a los agentes del INM, debidamente identificados, se encontraba otro funcionario, de origen estadounidense, vestido de civil, que también revisaba documentos, hacía preguntas y era quien revisaba el celular de los viajeros: su WhatsApp, su perfil de Facebook, su galería de fotos. Después sabría, porque lo explicó un propio agente del INM, que ese funcionario era de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, por sus siglas en inglés. Su presencia en ese espacio no ha sido documentada públicamente en México.

Cuando fue mi turno de responder la entrevista, estaba convencido de tener todo en orden. Sin embargo, fue el agente del CBP quien me notificó que mi visa de turista en Estados Unidos actualmente estaba cancelada y así lo escribió con marcador negro en la visa de mi pasaporte. Acto seguido, una agente del INM me notificó que no se me permitiría el ingreso a territorio mexicano. Pese a que la visa americana no es requerida para ingresar a México, la agente me informó que las razones que habían llevado a la cancelación de mi visa en Estados Unidos generaban una alerta migratoria sobre mí, que impedía mi ingreso al país. Las razones por las que mi visa americana fue cancelada no me fueron informadas. El agente del INM que después explicó la presencia del oficial del CBP allí, también dijo que si un extranjero solicita una visa para entrar a Estados Unidos, y se la niegan, su ingreso a México también quedará prohibido, a través de esa figura de la alerta migratoria.

El impacto de ser titular de una alerta migratoria lo vería horas después, en la madrugada, cuando en la sala de tránsito encontré al polaco Filip Roger Zalewski. Había aterrizado en Cancún el 21 de abril y ya ajustaba 55 días detenido en esa sala de tránsito. Sí, 55 días viviendo en una bodega de un aeropuerto en condiciones precarias, insalubres y solo con la comida que le suministra su aerolínea, de esa que dan en los aviones. Sin ver la luz del sol ni respirar aire fresco. Conviviendo cada día con unas 50 personas nuevas, que entran y salen luego de entre 24 y 72 horas, pero él sigue allí.

Su caso es incomprensible, pues es un ciudadano con residencia permanente en México, que vive en Cancún hace cerca de dos años, a donde se había mudado en medio de la pandemia pues Panamá, donde vivía en su momento, tenía controles demasiado estrictos en la época más dura del Covid-19. Es un hombre de negocios, con formación profesional y tiene un MBA que estudió en Shangai. Vivía sin problemas en Cancún, pero salió a un viaje de negocios a Panamá y cuando regresó a México, se le negó la entrada con el argumento de que había una alerta migratoria en su contra. Entonces, él no acepta ser devuelto a Panamá porque tiene su residencia (y su vida) en México, y el INM no lo deja entrar a territorio mexicano porque tiene esa alerta. Hoy Zalewski, legalmente, no está en territorio nacional de ningún país. Está en el limbo.

La figura de las alertas migratorias y su inconstitucionalidad ha sido cuestionada muchas veces por organizaciones de derechos humanos mexicanas, como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh). Según esa entidad, tener una alerta migratoria significa que el INM o alguna otra autoridad ha identificado a una persona como un riesgo para la seguridad pública o nacional. “A pesar de la opacidad que rodea al manejo de las alertas migratorias, algo que se conoce con certeza son los efectos que tienen en la esfera de los derechos humanos”, se lee en un informe que esa comisión dedicó a dicha figura.

Ariadna Cano es abogada de la organización mexicana Sin Fronteras, que acompaña estos casos. Sobre las alertas migratorias, explicó que son un asunto “totalmente discrecional porque no existe ningún sustento legal de la existencia de esas alertas. Una de las consecuencias de que una persona cuente con una alerta migratoria es que no puede acceder a ningún documento migratorio; es decir, aunque la persona encuadre en algún supuesto de la ley de migración para regularizar su situación migratoria, que pueda obtener una tarjeta de visitante, residente temporal, residente permanente, aunque cumpla con todos los requisitos, la alerta migratoria le impide acceder a ellos”.

Como Filip Zalewski, Asela Chamizo, una cubana de 62 años, ya completa 40 días viviendo también en la sala de tránsito. Había llegado a Cancún desde La Habana a visitar una familia amiga y tiene a sus dos hijas viviendo en Estados Unidos. Igual que Zalewski, no permitió ser devuelta a Cuba y no puede entrar a territorio mexicano. Ambos están hoy en juicio de amparo en México para evaluar su rechazo al país y, aunque saben que el juicio puede extenderse unos seis meses, tiempo que pasarán viviendo en esa bodega, están decididos a ir hasta el final. “Migrar no es ilegal”, me dijo la mujer cubana.

Ambos, durante el día y la noche no hacen más que deambular. Ver entrar y salir a los demás viajeros, recibir la comida que les trae su aerolínea y tratar de conciliar el sueño. Pueden bañarse y cambiarse de ropa en las oficinas de migración. Revisar sus celulares y comunicarse con sus familiares una o dos veces al día. Ya no se desgastan contando su historia una y otra vez a quienes ingresan a esa sala de tránsito. Filip Zalewski trata de matar el tiempo leyendo un ejemplar de la revista Proceso, que reporta que pese a que en los últimos 21 años el futbol mexicano ha exportado 54 jugadores a las ligas de 17 países de Europa, la Selección Nacional no despega en los mundiales.

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Durante las 28 horas que pasé dentro de la sala de tránsito, en su mayoría los viajeros que fueron llevados allí eran colombianos y peruanos. Había dos rusos, dos rumanas, un venezolano, un ciudadano de Costa Rica, y varios ciudadanos de la India, uno de los cuales llegó a la sala esposado y sangrando. En los dos meses que lleva Filip Zalewski allí, solo ha visto pasar latinos y ciudadanos de países de Europa del Este; “no he visto el primer australiano o europeo de occidente”, me dijo. Uno de los agentes del INM dijo hacia la madrugada, en alguna de las veces que abren la puerta para traer o llevarse a alguien, o para suministrar comida, que “el 98% de las personas que están aquí no venían a hacer turismo en Cancún”.

Durante 2021, cerca de 30.000 extranjeros fueron rechazados solo en el aeropuerto de Cancún, el segundo que más rechaza viajeros después del aeropuerto de Ciudad de México, con 40.000 casos el año pasado, según datos del INM obtenidos por el medio mexicano Animal Político y compartidos con este diario. En total, durante 2021 México obligó a devolverse a 72.895 personas, lo que equivale a 200 expulsiones diarias. La cifra de 2021 es cuatro veces mayor que la de 2020 (16.286) y más del doble que la de 2019 (31.008).

Aunque puede no ser el 98% que dijo el agente del INM, la mayoría de quienes estaban en la sala de tránsito luego iban para Monterrey, al norte de México, donde ya tenían conversado a algún coyote que los ayudaría a pasar la frontera. Así me lo dijeron muchos. Unos pagarían 500 dólares, otros 1.000, otros 2.000, para lograr llegar al otro lado. Como saben de los controles en México, habían agendado tours en Cancún, tenían hotel reservado y todo un plan de un viaje turístico que les había costado millones de pesos o miles de dólares. Sin embargo, no pasaron los controles migratorios.

En febrero pasado, para que la decisión del ingreso a México no fuera arbitraria por parte de la autoridad migratoria, ese país determinó que los colombianos que van de visita deben realizar un pre-chequeo en internet con todos su datos, tiquetes aéreos y plan turístico. No funcionó. Como aquellos cuyo propósito final es llegar a la frontera también suelen comprar planes turísticos y tener tiquetes de regreso, eso ya no es garantía de ingreso al país. Actualmente, el ingreso queda completamente a discrecionalidad del Instituto Nacional de Migración.

El INM, en respuesta a este diario, sostuvo que las salas de tránsito en el aeropuerto “no dependen del Instituto Nacional de Migración; la administración y seguridad es brindada por el concesionario de las instalaciones aeroportuarias”. Además, que ante la inadmisión de una persona extranjera, “la aerolínea que la transportó queda como responsable de la custodia, alimentación y retorno al país de origen o aquel donde se le permita el ingreso, por lo que el tiempo de espera para el retorno depende de la frecuencia de los vuelos programados por la misma compañía de aviación”.

Según su respuesta, “en ningún momento, durante el procedimiento de segunda revisión, quedan incomunicados”. Esa afirmación es falsa, pues desde el momento en que los viajeros entran a la segunda revisión se les retira el celular, que sólo se les entrega de nuevo una vez abordo del avión que los llevará de regreso. La llamada a un familiar se respeta, pero se otorga entre 12 y 16 horas después de haber sido rechazado, cuando tarde en la noche, o en la madrugada, ya no hay vuelos. A mi se me permitió hacerla hacia las 3:00 de la mañana, 13 horas después de haber sido detenido.

Sobre mi caso, el INM sostuvo que mi rechazo respondió a inconsistencias en las dos entrevistas que me hicieron, en la veracidad de los datos proporcionados, y a que no pude respaldar que mi intención final era retornar a mi país de origen. Inexplicablemente, sostuvieron que yo viajaba solo, aún cuando al primer filtro de migración acudimos siete personas. En la respuesta oficial no hicieron mención a mi visa americana y no explicaron la presencia del agente estadounidense del CBP que me la rayó con marcador negro, razones reales de mi inadmisión. ¿Cuál es la naturaleza de la cooperación entre el INM y el CBP? ¿Puede ese agente estadounidense determinar quién entra o no a territorio mexicano? Las preguntas no fueron respondidas por el INM.

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Anderson Caviedes, el colombiano que había llegado de Yopal con su hermano, me repetía que en una semana volvería a intentarlo. Eso también lo dijeron varios de los que estaban allí. Como el dinero que traían para el coyote no lo perdieron, tenían otra oportunidad para intentar pasar. Muchos lo logran, cuentan ellos, que ya tienen amigos, o familiares, o conocidos del otro lado. Incluso, mientras Anderson esperaba en esa sala, un amigo suyo que venía en su misma condición y en el mismo vuelo sí logró pasar y a esa sala nunca llegó.

Van detrás de la promesa de una mejor vida en Estados Unidos. El ciudadano de Costa Rica, con una vida relativamente estable en su país, lo apostó todo porque un amigo suyo que ya está allá le contó que se ganaba hasta 1.200 dólares por semana. Los agentes del INM son conscientes de que esa migración irregular hacia Estados Unidos no la pueden detener. Uno de ellos les explicaba a quienes esperaban en la sala de tránsito, que podrían volverlo a intentar en unos seis meses.

Horas antes de que me dieran salida, a la sala de tránsito fue ingresada una madre colombiana con una hija de siete años y un hijo de diez. Venían de vacaciones, tenían todo en regla, todo comprado. No los dejaron entrar. Por supuesto, no les explicaron por qué. La madre solo trataba de consolar a sus hijos diciéndoles que mejor era hacer planes en la casa, viendo películas en HBO Max.