10 Oct 2021 - 2:00 a. m.

“Al clóset no volvemos nunca más”

Entrevista con Juli Salamanca, vocera de la Red Comunitaria Trans – Ong defensora de los derechos de las personas transgénero – a propósito de la sanción de destitución e inhabilidad de once años para ocupar cargos públicos que la Policía le impuso, en un rápido proceso interno, a la patrullera Andrea Cortés por el presunto hurto de una crema facial.

¿Qué es, cuándo se creó y qué hace la Red Comunitaria Trans?

La Red Comunitaria Trans es una ONG que se creó hace diez años para luchar por los derechos de las trabajadoras sexuales trans. Las fundadoras fueron Daniela Maldonado y Katalina Ángel, que no encontraban espacio donde pudieran luchar por sus derechos y posicionar sus necesidades y los de sus compañeras, sin ser estigmatizadas. Con el tiempo, la Red tuvo que ampliar sus tareas a la defensa de los derechos de otras personas trans que viven situación de exclusión social, como usuarias de droga (quienes consumen droga), habitantes de calle, o quienes estén privadas de la libertad. La directora, hoy, es Yoko Ruiz y el 90 % de la junta directiva está compuesta por trabajadoras sexuales trans.

La destitución de la patrullera Andrea Cortés por presuntamente robar una crema cosmética ha sido motivo de muchos comentarios a favor y en contra de ella. La Policía dice que Andrea contó con el debido proceso y que un video demuestra que incurrió en hurto. Andrea y su abogado insisten en que se trata de un caso de discriminación de género. ¿Qué piensan ustedes?

El caso de Andrea materializa el concepto de transfobia institucional. Hemos dicho que el fallo disciplinario en su contra es desproporcionado, lo que no implica que estemos a favor de la impunidad. Si hay motivo para alguna sanción, lo que exigimos es que esta sea justa y proporcional a la falta. No dejamos de preguntarnos por qué las sanciones de destitución e inhabilidad contra Andrea Cortés se producen con rapidez inusual: su proceso disciplinario por un hurto de monto relativamente menor (de $140.000) duró tres meses y el castigo impuesto, ante esa falta, no solo fue sacarla de la institución sino imponerle una inhabilidad para ocupar cargos públicos por once años. Es inevitable hacer la comparación con otros hechos mucho más graves en que han estado envueltos uniformados de la Policía y que hoy están quietos, en medio de una aberrante impunidad.

¿En que se apoyan ustedes para sostener que esta sanción solo es el último acto de discriminación contra la patrullera Cortés? ¿Tienen evidencias de que ella venía sufriendo acoso laboral, humillaciones o burlas?

Sí. Contamos con documentos en que consta que Andrea venía denunciando acoso laboral, persecución y violencia institucional, desde hace tiempo, por parte de sus superiores. Le relato algunos hechos: 1. Ella fue trasladada, durante cuatro meses, a Toribío, Cauca, una zona de permanente conflicto armado y en cuya estación, por la misma razón, no hay mujeres policías. ¿Por qué a una mujer trans sí se le asignó a esa zona? 2. Andrea sufrió varios llamados de atención por usar el pelo largo y por su apariencia física. El registro escrito dice: “Funcionario no presenta el corte reglamentario”. El “corte reglamentario” se refería al que llevan los hombres. 3. Tuvo que vendarse los senos para no recibir críticas de sus superiores. 4. Siempre se la trató en modo masculino, utilizando su nombre de nacimiento y no el elegido por ella, a pesar de que la actualización de sus datos, con su identidad actual, ya había sido legalizada ante una notaría y ante la Registraduría. 5. Si firmaba con su nombre actual, la amonestaban. 6. En Bogotá, la trasladaron para Barrios Unidos, en donde empezó a ser acosada: agentes de la DIPOL (Dirección de Inteligencia de la Policía) llegaban constantemente a preguntar por ella y por su conducta, pero no hacían lo mismo con ningún otro patrullero.

En el video que publicó después de ser destituida y a pesar de que puede apelar la decisión, la patrullera dice, en medio del llanto, que no quiere continuar en la Policía. “La gente no se imagina por todo lo que yo he pasado. Han hecho conmigo lo que se les ha dado la gana”, afirma. ¿Ha sido tan grave la persecución que, según Andrea, ella ha sufrido?

Tenemos evidencia de que es así. En otros hechos que le puede describir, Andrea recibió varios llamados de atención por supuestas quejas anónimas que llegaban a la Policía en que se decía que ella era una deshonra y una vergüenza para la institución. Después de las protestas de septiembre del año pasado, se ordenó darles a los uniformados un día de descanso, pero a ella se le negó, obligándola a trabajar de manera ininterrumpida. Cuando le solicitó a su superior el día de licencia que le correspondía en derecho, puesto que se lo habían dado a todos los demás, la respuesta fue: “Mire, hermano, en la Policía estamos disponibles 24/7. Si le sirve bien, o si no, original y dos copias [de la renuncia]”. Andrea replicó: “No soy hombre, soy una mujer”. Su superior le contestó: “Ante los ojos de Dios, usted nació hombre”. A Andrea no solo le impedían los descansos; le quitaban constantemente su puesto de trabajo, el computador, etc., con consecuencias psicológicas y psiquiátricas que también constan en su historial.

¿Por cuál motivo Andrea tuvo que ponerle una tutela a la Policía y cuál fue la decisión judicial?

Andrea interpuso una tutela el 26 de febrero de 2018, principalmente para que la Policía le reconociera su identidad de género e hiciera una actualización de sus datos en las bases internas de la institución, pues esta se había negado a realizarla. El Juzgado Primero Civil de Popayán le concedió el derecho de habeas data cuando ella seguía figurando con una identidad masculina que ya no existía, según su libre decisión. La Policía no solo le había negado el derecho de tener la identidad que eligió, sino que impugnó el fallo con el argumento inicuo de que “la institución incorpora dentro de su planta de personal a un conglomerado numérico de individuos de sexo masculino y femenino acorde a sus necesidades, lo que permite establecer que impartir un tratamiento diferencial ‘contra natura’ implica una alteración de las capacidades institucionales...”. “Contra natura” se convirtió, entonces, en descalificación institucional y en una constancia de discriminación y violencia contra Andrea. El Tribunal Superior de Popayán confirmó la decisión del juez y la Policía tuvo que incluir el nombre y apellido de Andrea en sus listados.

¿Cuando Andrea ingresó a la institución policial ya había hecho su proceso físico de transformación o lo hizo como patrullera?

Ella hizo su transición estando dentro de la institución y no lo ocultó: actuó de manera clara y abierta.

¿Qué piensa usted del impacto que ha tenido el caso de Andrea y cómo analiza la forma en que la prensa ha tratado su historia?

El impacto puede ser positivo si abre el camino jurídico para que el principio de igualdad, al que tenemos tanto derecho como el resto de la ciudadanía, pero que en nuestro caso es violado de manera permanente por la Policía y muchas otras instituciones, sea eficaz y funcional, en la práctica. Pero ese impacto también ha sido negativo porque la prensa revictimizó a Andrea cuando hizo énfasis exagerado en su identidad de género y casi que dejó de lado la ocurrencia del presunto delito cometido. El trato que le han dado los medios de comunicación a Andrea la estigmatiza y nos estigmatiza a todas las personas trans. Además, discúlpeme por mi franqueza, el manejo mediático —en términos generales— ha sido asqueroso: buscan las fotografías que Andrea ha publicado en sus redes sociales como mujer que es, no como patrullera, pretendiendo sexualizarla con imágenes en que se destacan partes de su cuerpo. ¿Qué tiene que ver el género de la patrullera o su apariencia física con el hecho investigado y con la sanción impuesta? Le respondo como periodista que soy: nada. Y esa es una mala práctica profesional porque se cae en el perfilamiento, la generalización y el fomento de expresiones de odio. En lo corrido del año, 28 mujeres trans han sido asesinadas. Todavía es corriente que se nos nieguen los derechos a la libre personalidad, al trabajo, a la educación, a la salud y a ser mujeres libres.

La población trans permanentemente se queja de los malos tratos de los patrulleros hacia su gente. ¿Es cierto que existe una permanente actitud de agresión de los uniformados en su contra?

Es cierto. Existe una política institucional, en la Policía, de maltrato, criminalización, perfilamiento y abuso contra las personas trans. Le doy un ejemplo en el que consta la transfobia policial: el 16 de febrero de 2021 una mujer trans fue violada en el CAI de Soacha. Ella estaba conversando con otras amigas en el parque cuando llegaron varios agentes con la excusa de verificación de la identidad de todas. A ella la detuvieron arbitrariamente y se la llevaron al CAI. Allí la extorsionaron a cambio de favores sexuales y de devolverle la libertad, aunque su retención había sido arbitraria. Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía y la Procuraduría, pero nunca avanzaron las investigaciones. A los uniformados denunciados nunca les adelantaron un proceso disciplinario interno. Nadie los destituyó ni menos los inhabilitó para portar el uniforme.

Los casos denunciados pueden ser muchos, pero son comprobables si hay denuncias penales o quejas disciplinarias. De lo contrario, se convierten en rumores...

Así es. Por eso, a pesar de que nunca pasa nada, continuamos denunciando, como sucedió el 5 de diciembre de 2015 con Carlos Torres, hombre trans que fue detenido y agredido físicamente por miembros de la Policía en la UPJ de Puente Aranda, en Bogotá. Desde ahí él pudo llamar a su familia y alcanzó a decir que lo estaban golpeando. Horas más tarde, la Policía publicó un comunicado informando que Carlos se había suicidado. Su cuerpo, según Medicina Legal, había sufrido golpes, sus genitales estaban maltratados y sus uñas habían sido rasgadas. El crimen, hoy, seis años después, sigue en total impunidad. Y un segundo caso: el 20 de junio del año pasado, a las 3:50 de la madrugada, en la calle 22 con avenida Caracas, en Bogotá, un grupo de patrulleros llegó a echar a las trabajadoras sexuales trans que se encontraban ahí. Les gritaban: “¡Maricas hp, ábranse de acá!”. Les dieron bolillazos, les dispararon con balas de goma a los glúteos con sus armas antimotines, lo cual está prohibido expresamente, y las corretearon durante varias cuadras tirándoles encima las motos y las patrullas. Hubo denuncia ante la Fiscalía. No hay ningún uniformado investigado ni destituido. Para empeorar la situación, las víctimas y la Red Comunitaria recibimos intimidaciones para que retiráramos la denuncia.

Ante esa descripción de hechos que usted hace, es extraño que Andrea haya deseado ser parte de la Policía. ¿Ser trans y patrullera no es contradictorio?

Para mí, sí, ya que sus uniformados —como dije— han maltratado, agredido, desaparecido, violado, torturado y asesinado a las personas trans en Colombia. Pero una cosa es mi libertad de elección personal y otra la libre determinación de Andrea o de quienes deciden tomar ese camino u otro. La autonomía de Andrea Cortés es absolutamente respetable, como también lo es la de exigir que la Policía y cualquier otra institución cumplan con el respeto debido a los derechos de las personas trans.

La noticia en que se ha visto envuelta la patrullera Cortés puede sucederle a un integrante de cualquier otro segmento de la población (mujeres, hombres, jóvenes, viejos etc.) en que se pueden presentar casos de personas honestas o deshonestas, decentes o delincuentes. Cuando los patrulleros encuentran personas de la comunidad trans asaltando una tienda, por poner un ejemplo, ¿cómo deberían actuar para evitar ser denunciados por discriminación?

Es muy sencillo: la Policía y todos los agentes del Estado deben respetar los protocolos de derechos humanos que son exigibles dentro de los estándares internacionales y nacionales, que son de obligatorio cumplimiento por parte de los funcionarios oficiales. Si se acogen a tales protocolos y si no pasan por encima de la ley ni de la Constitución, nadie los podrá acusar. Sin importar la identidad de género, la situación socioeconómica de la persona, el estado de conexión con la calle, la identidad racial o la identidad étnica, en ningún caso se justifica la violencia policial contra ningún ser humano.

Me gustaría preguntarle por su historia: ¿cómo y cuándo decidió asumir su personalidad trans y cómo y cuándo se convirtió en activista de los derechos de su comunidad?

Juli Salamanca siempre ha existido: he construido la mujer que siempre soñé ser. Llevo quince años luchando por los derechos de las personas trans en Colombia, pero no solo soy activista de nuestra comunidad: también soy feminista, periodista de la Universidad Javeriana y experta en comunicación para el cambio social. Espero desarrollar mi carrera en medios masivos de comunicación que tengan clara su función de promoción de los derechos de todos los ciudadanos.

Brigitte Baptiste es una mujer trans admirable por su integridad personal, pero además por su trayectoria profesional por haber alcanzado, rompiendo barreras con sus conocimientos académicos, altos cargos públicos y privados ¿Qué significa ella para ustedes?

En Colombia debemos tener más mujeres como Brigitte Baptiste, Matilda González (secretaria de la Mujer, en Manizales) y Yoko Ruiz, nuestra directora, involucradas en toma de decisiones públicas y privadas. Admiro el trabajo de estas grandes personas que han luchado por democratizar los derechos humanos. Seremos como ellas y como tantas otras valientes que han luchado contra viento y marea. Al clóset no volvemos nunca más.

Antecedente de homofobia en la Policía: teniente coronel Mora Morales

El único antecedente público en la Policía, similar al caso de la patrullera trans Andrea Cortés que hoy es noticia en el país por la, al parecer desproporcionada sanción contra ella pese a haber incurrido en una falta de menor cuantía, es el de la teniente coronel Sandra Yaneth Mora Morales quien nunca ocultó su orientación sexual ni su relación sentimental con quien, hoy, es su esposa. Siendo una oficial sobresaliente, Mora fue destituida en el año 2000 después de que uno de sus superiores le advirtiera que si no desistía de su elección sexual, la acusaría de tener vínculos con narcotraficantes y paramilitares. Ella no cedió y fue echada. Desde afuera, inició una larga lucha jurídica hasta cuando once años después, en 2011, el Tribunal Superior del Meta ordenó su reintegro con el mismo grado (teniente) que tenía cuando fue despedida, el pago de sus salarios de todos aquellos años y el derecho a aspirar a los mismos ascensos que hubiera tenido si hubiera continuado su carrera. El Director Nacional de la Policía de entonces, general Óscar Naranjo, la recibió con cordialidad y la asignó a la propia Dirección. Aunque su regreso no fue grato, al inicio, por el entorno homofóbico que enfrentó, después fue reconocida como la excelente oficial que siempre fue.

“El gobierno Duque engavetó la política pública LGBTI”: Salamanca

En materia de igualdad y de derechos de la comunidad trans, ¿Cómo está Colombia?

A pesar de contar con sentencias valiosas de la Corte Constitucional en las que se protegen los derechos de las personas trans en Colombia, el texto se quedó en el teoría porque la materialización de sus órdenes no se ha concretado. En Colombia, desde 2018, se debió haber implementado la política pública LGBTI cuando fue ordenada. Pero el gobierno Duque engavetó esa política que es una de las herramientas más poderosas que tenemos para que el Estado salde la deuda histórica que tiene con nuestra comunidad.

¿Quiénes sufren más la violencia por identidad de género: los gays, las lesbianas, los bisexuales, los intersexuales o las personas trans?

Sin duda, las trans son las más discriminadas de la sociedad entre quienes hacen parte de la sigla LGBTI. Y dentro de la comunidad trans, tenemos que hablar de las mayores barreras de acceso a derechos que sufren, por segmentos, las trabajadoras sexuales trans, las personas trans afro y las que tienen alguna discapacidad que padecen, con más énfasis, discriminación y violencia.

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