Aseguran a juristas por falsificación en órdenes de detención domiciliaria

Al parecer, también emitieron órdenes de libertad ilegítimas desde 2007.

Por su presunta responsabilidad en la emisión de órdenes de libertad y de detención domiciliaria falsas durante cerca de tres años, fueron cobijados con medida de aseguramiento tres funcionarios judiciales y un abogado litigante, por decisión del Juez 17 con Funciones de Control de Garantías de Cali, Valle.

Según parece reflejarlo la investigación, la actuación irregular de estos funcionarios favoreció a 34 reos, gracias a un Juzgado de Ejecución de penas que concedió tales beneficios sin que se hubieran generado los requisitos legales para ello.

Según la Fiscalía General de la Nación, las firmas y las huellas de los jueces que aparecían en estas resoluciones fueron falsificadas, y de ahí la ilegitimidad de las órdenes, que también se fundamenta en la omisión de procedimientos regulares.

El ente investigador y acusador también pudo establecer que no fueron tramitados algunos procedimientos de control, como el envío de notificaciones al Centro de Servicios Judiciales, proceso previo al envío de la decisión a cada interesado.

La medida afecta a Pedro Walter Molineros Cobo, asesor jurídico de la Cárcel Villahermosa de Cali, y los notificadores para la fecha de los hechos Gustavo Adolfo Restrepo y Rafael Oyola Castillo, como presuntos cómplices del delito de falsedad ideológica en documento público.

También fueron vinculados y asegurados Berta María Harf Salazar, secretaria del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas de Cali, por su presunta responsabilidad en los delitos de falsedad ideológica en documento público, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, concusión y fraude procesal.

 

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