Hay conmoción en Barranquilla. Las autoridades locales hallaron en la mañana del sábado los cuerpos sin vida de cuatro personas que pertenecen a la misma familia. Según informó la Policía, los hechos se produjeron en una finca ubicada al suroccidente de la ciudad.
Un familiar fue quien se acercó al sitio ubicado en la carrera 34 No 81-229 y se encontró con la escena del crimen. Los cadáveres de las hermanas Betzaida y Griselda Acevedo Ospina, de 32 y 34 años, y el de Sandra Ricardo Montes, de 32, estaban en un baño. Mientras que el cuerpo de Jaime Enrique Herrera, de 75 años, estaba en la parte posterior de la casa. Todos presentaban heridas con arma blanca.
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De acuerdo con el reporte, el hecho corresponde a un inconveniente entre el propietario del terrero ‘El Gran Chaparral’ y un inquilino, quienes habrían discutido por la paga del arriendo. Aunque al principio las autoridades descartaron relación alguna entre los dos hechos, finalmente se identificó a una pareja extranjera, al parecer venezolana, como principales sospechosos de la masacre que cobró la vida de tres mujeres y un hombre.
La Alcaldía Distrital y la Policía ofrecieron una recompensa de $10 millones por información que permita la captura de los responsables. Se supo que el dueño de la finca era ingeniero agrónomo y que este tipo de situaciones nunca se habían presentado en la zona.
Según vecinos, además de la familia, los únicos que vivían allí eran unos ciudadanos venezolanos que recibieron posada desde hace meses. Las víctimas les habrían ofrecido trabajo y algo de dinero a cambio del hospedaje.
“Lo que encontramos en el cuarto y los pequeños espacios de la finca es que todo está revolcado. La información que nos brinda la ciudadanía es que, durante un tiempo largo, superior a 5 meses, el señor asesinado dio posada a una pareja de ciudadanos extranjeros que, al parecer, tenían que trabajar en la finca y pagar por quedarse allí”, señaló el general Mariano Botero Coy, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.
La hipótesis de la Fiscalía señala que la discusión entre el propietario y el inquilino se produjo por un alza en el precio del arriendo. “De 15.000 pesos el dueño lo pasó a 30.000, situación que le habría incomodado al hombre”, manifestó Botero. Esta posibilidad se contempló a partir de los testimonios de vecinos, y por la extraña desaparición de los presuntos ciudadanos del vecino país, luego de los asesinatos.
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