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Durante recientes operativos realizados por la empresa Air-e Intervenida en conjunto con las autoridades, detectaron 15 casos de hurto de energía en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira. Los hallazgos se concentraron principalmente en sectores comerciales y rurales, donde identificaron conexiones ilegales y manipulaciones en los equipos de medida.
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En el Atlántico: en el barrio Santo Domingo de Guzmán, en el sur de Barranquilla, fue descubierto un establecimiento comercial conectado de forma directa, sin medidor. En el norte de la ciudad, en un multifamiliar ubicado en la carrera 65 con calle 84, hallaron dos medidores con marcas de herramientas en los sellos, un medidor con puente externo en la bornera y otro en mal estado. En Piojó, un parque recreacional fue detectado nuevamente con conexión sin autorización. Según Air-e, este cliente es reincidente en reconexiones ilegales que, además, afectan el servicio en la comunidad cercana. En Soledad, en el barrio Los Rosales, se halló una acometida subterránea ilegal en un establecimiento tipo residencia/bar, y en el sector Villa Estadio, una distribuidora de agua estaba conectada de forma directa a la red, sin pasar por equipo de medida.
En el Magdalena: en el municipio de Plato, fueron encontrados dos casos, un hotel en el barrio Los Guayacanes con línea directa por fuera del medidor, y una trilladora de maíz en la carrera 14 con calle 11 con una acometida intervenida antes del equipo de medida. En zona rural de Ciénaga, en la carretera a Sevillano, descubrieron un medidor con dos líneas directas por fuera de la medida, utilizadas por una empresa plastiquera.
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En La Guajira: en Riohacha, una IPS ubicada en la carrera 29 con calle 15 fue descubierta con aumento de potencia no autorizado y conectada a un transformador ilegal. En San Juan del Cesar, un establecimiento tipo billar hurtaba energía mediante conexión directa a un transformador de 37.5 kVA sin autorización.
Air-e reiteró que estas prácticas constituyen el delito de defraudación de fluidos, sancionado con penas de hasta 72 meses de prisión y multas de hasta 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. A pesar de las campañas informativas, la empresa afirma que este tipo de conductas ilegales continúan presentándose con frecuencia, especialmente en zonas comerciales.
La compañía hizo un llamado a los usuarios para que se abstengan de cometer este tipo de irregularidades, ya que afectan la calidad del servicio y dificultan los esfuerzos por mejorar las condiciones y reducir las tarifas en la región Caribe.