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Durante el miércoles 12 y el jueves 13 de mayo, cientos de manifestantes se reunieron en los alrededores del estadio Romelio Martínez para pedirle a la alcaldía y a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que suspendieran los partidos que se tenían previstos por la Copa Libertadores. A pesar de las peticiones, los encuentros se disputaron y, más allá del resultado, el saldo fue, según miembros de la campaña “Defender la Libertad” en el Atlántico, 77 personas heridas. El caso más delicado fue el de un joven que ahogado por el efecto de los gases lacrimógenos necesitó ser reanimado en un centro médico.
Esta campaña, que cuenta con el apoyo de defensores de derechos humanos del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), denunció también ataques contra las brigadas médicas que atendían a los heridos e, incluso, contra los mismos miembros de la misión de verificación de derechos humanos.
Otro es el panorama para la Policía y el alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo. Según el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Diego Hernán Rosero, el miércoles 12 solo se presentaron 7 heridos, algunos de ellos sufrieron lesiones por impactos de objetos contundentes, así como por inhalación de gases. Frente a la diferencia significativa en el registro de número de heridos, argumentó que los reportes se hicieron desde el Puesto de Mando Unificado coordinado por la Defensoría del Pueblo y la ONU.
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Mientras tanto, Pumarejo afirmó el jueves en la mañana que “se utilizó la fuerza lo menos que se podía emplear para que no hubiera hechos más dramáticos que lamentar”. El mandatario también señaló que, aunque el gobierno local es respetuoso de la manifestación pacífica, debe garantizar por igual la realización de las actividades de quienes no marchan.
A pesar de lo que dicen las autoridades locales, el balance que entregan desde la campaña es mucho más grave. También reconocen que algunos de los acuerdos que se han alcanzado con la fuerza pública se han cumplido, aunque no en un 100%. Dicen que en un Puesto de Mando Unificado (PMU) llevado a cabo la semana pasada, y en el que tienen espacio, acordaron con la Policía que ninguna persona detenida en el marco de las protestas fuera retenida ya que “entre el 1º y el 4 de mayo se retuvieron a 250 personas. A la Unidad Permanente de Justicia (UPJ) no le cabía más gente” comenta una de las defensoras.
“Por ejemplo, el día del partido del Junior cogieron a 4 muchachos, se los llevaron para el CAI y allá nos los entregaron, obvio después de que les pegaron” comenta la misma lideresa, a quien le protegemos su identidad por pedido explícito. Según cuentan desde esta red, la situación para quienes marchan representa un alto riesgo, no solo por los abusos en el uso de la fuerza de los miembros del Esmad que denuncian, sino también porque la Policía ha ido a buscarlos a los barrios donde mayor actividad ha habido en el marco de las movilizaciones.
Comentan que luego de las marchas del 1º de mayo, miembros de la fuerza pública regresaron a La Pradera y Los Olivos, dos barrios donde hubo marchas ese día, para pedirle información a la comunidad y ubicar a quienes salieron a marchar.
Respecto a otro tipo de agresiones en el marco de las movilizaciones, la campaña denuncia que dos mujeres habrían sido víctimas de abusos sexuales y que, incluso, miembros del Esmad “les habrían dicho que si querían violarlas lo podrían hacer”.
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Por último, desde “Defender la Libertad” le piden a la alcaldía “que cumpla el protocolo para las movilizaciones que él mismo firmó”. Se trata del Decreto No. 0223 del 2020, donde se adoptó el protocolo para garantizar la movilización y protesta pacífica en la ciudad. Según los defensores de derechos humanos, considerando todas las denuncias realizadas, el protocolo no se estaría cumpliendo.