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El Instituto Nacional de Vías (Invías) confirmó este viernes que el cobro por valorización en el corredor Barranquilla-Cartagena y la Circunvalar de la Prosperidad sigue vigente, a pesar de las múltiples protestas y acciones legales presentadas por gremios, empresarios y habitantes de esta zona.
En un comunicado oficial, Invías aclaró que ni el Ministerio de Transporte ni la entidad han recibido notificación alguna del Tribunal Administrativo del Atlántico que ordene la suspensión de este cobro. Esto tras una petición de la Procuraduría al tribunal.
“Tras realizar la respectiva verificación en el Sistema de Gestión Judicial ‘SAMAI’, no se encuentra registro de pronunciamiento alguno por parte del despacho que conoce la acción popular interpuesta, en relación con la solicitud de medida cautelar elevada por la Procuraduría General de la Nación el pasado 2 de abril de 2025″, indica en el comunicado.
Además, tras revisar el Sistema de Gestión Judicial, no encontraron pronunciamiento sobre la solicitud de medida cautelar presentada por la Procuraduría General de la Nación el pasado 2 de abril de 2025.
Cabe mencionar, que desde octubre de 2024, el Ministerio de Transporte ha reiterado que el 100 % de los recursos recaudados por valorización serán invertidos en proyectos de infraestructura vial en la región Caribe, desmintiendo versiones que señalaban que el dinero sería destinado a otras zonas del país.
Sin embargo, el rechazo persiste entre los sectores productivos y sociales. El Consejo Gremial de Bolívar calificó el cobro como “arbitrario” y contrario a los principios constitucionales del sistema tributario colombiano. Su director ejecutivo, Juan Camilo Oliveros, afirmó que la medida impone cargas retroactivas a miles de propietarios sin una justificación técnica clara ni beneficios comprobables para los predios afectados. Además, denunció que Invías desconoce los límites de su competencia y no garantiza que los recursos se inviertan exclusivamente en la región.
El Comité Intergremial del Atlántico, liderado por Efraín Cepada Tarud, también ha manifestado su oposición, argumentando que la valorización afecta a una amplia zona que incluye municipios como Puerto Colombia, Soledad, Malambo y Galapa, y que muchos de los predios gravados no son usuarios directos de la vía. Para ellos, el cobro representa una “amenaza de confiscación” y un impuesto adicional impuesto sin consulta ni diálogo.
En respuesta a estas críticas, Invías ha defendido la legalidad del proceso y ha explicado que la valorización se basa en estudios técnicos realizados desde 2019, que cumplen con los requisitos legales para su aplicación. La entidad aclaró que el cobro se realiza sobre el beneficio generado por la infraestructura vial, no sobre el costo total de la obra, y que estratos bajos y unidades agrícolas familiares están exentos del pago.