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El Instituto Nacional de Vías (Invías) radicó una acción de tutela ante el Consejo de Estado con el fin de reactivar el cobro de la contribución de valorización en la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, que había sido suspendido por una medida cautelar del Tribunal Administrativo del Atlántico.
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Esta tutela busca detener la suspensión judicial y permitir que se continúe con el proceso de cobro que afecta a más de 140 mil predios en 10 municipios de los departamentos de Atlántico y Bolívar. El argumento principal de Invías es la presunta vulneración de su derecho al debido proceso, por lo que considera la tutela un mecanismo transitorio para evitar un “perjuicio irremediable”.
La medida ha generado rechazo por parte de sectores políticos y sociales, como el senador Carlos Meisel, quien ha denunciado que el Gobierno nacional insiste en imponer esta contribución sin una socialización adecuada ni la participación efectiva de la ciudadanía.
“El gobierno Petro continúa la intención de golpearnos sin descanso. Invias radica tutela ante el Consejo de Estado para avanzar en el cobro de valorización. La diligencia que muestra el gobierno para agredirnos, ojalá la tuvieran para atender los problemas del país y la región”, indicó en su cuenta de X.
#Atención querido Caribe principalmente Atlántico y Bolívar.
— Carlos Meisel (@carlosmeiselv) July 7, 2025
El gobierno Petro continúa la intención de golpearnos sin descanso.
Invias radica tutela ante el consejo de estado para avanzar en el cobro de valorización.
La diligencia que muestra el gobierno para agredirnos ojalá la… pic.twitter.com/u4RfqpYKvZ
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El Tribunal Administrativo del Atlántico suspendió el cobro debido a la falta de audiencias públicas para socializar los criterios técnicos y socioeconómicos que sustentan la valorización, además de permitir la presentación de réplicas y observaciones por parte de los afectados.
Según Invías, la valorización es una contribución que pagan los propietarios de predios beneficiados por la infraestructura vial, cuyos recursos se reinvierten en otros proyectos viales regionales y el cobro impactaría a predios en Cartagena, Barranquilla y otros ocho municipios aledaños, con un total de 248 mil, de los cuales 108 mil van a estar exentos de realizar el pago, según MinTransporte.
Sin embargo, la medida también ha sido cuestionada por autoridades locales, como el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, o el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien ha solicitado a la Corte Constitucional tumbar el cobro por considerarlo injusto y perjudicial para las comunidades.