El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sabanalarga admitió el miércoles 15 de enero una acción de tutela contra la instalación del peaje en Arroyo de Piedra, Atlántico, argumentando que no se cumplió con la consulta previa a las comunidades étnicas de la zona, como lo exige la Ley 21 de 1991, que regula los derechos de las minorías étnicas a ser consultadas ante cualquier proyecto que pueda afectar sus territorios.
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El Ministerio de Transporte, Invías, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesión Autopistas del Caribe tienen un plazo de dos días para presentar un informe detallado que sustente que este proceso se realizó adecuadamente. Según el comunicado del juzgado, si no se entrega la documentación requerida en el plazo, la jueza Rosa Amelia Rosania tendrá hasta 10 días para tomar una decisión de fondo.
“Nos complace que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sabanalarga haya decidido admitir esta acción de tutela que se interpuso para defender los derechos no solamente de las comunidades negras, sino también de las indígenas asentadas en Luruaco y Sabanalarga”, expresó Gersel Pérez, representante a la Cámara por el departamento del Atlántico del partido Cambio Radical. Añadió que espera un fallo favorable que garantice los derechos constitucionales de estas comunidades.
La acción también solicitó la suspensión de dos resoluciones expedidas en 2021, hasta que se realice la consulta previa. Según el congresista, “el gobierno nacional no ha cumplido con la obligación de realizar consultas previas en proyectos que afectan a minorías étnicas. Pedimos una medida cautelar para que este nuevo peaje no sea implementado”.
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Este proceso representa un nuevo obstáculo para las autoridades viales, que han enfrentado protestas de los ciudadanos en el área donde se planea instalar el peaje.
De la misma forma Pérez radicó otra acción de tutela contra el proyecto del cobro de la valorización en la Vía al Mar en el que, según el DANE, en municipios como Tubará, el 64 % de la población es descendiente Mokaná, pero menos del 10 % de los predios fue excluido del cobro. Esta medida aún está en proceso en el juzgado.