La acumulación de basuras en varios municipios del Atlántico tiene al departamento en alerta por riesgos ambientales y sanitarios, pero no es un hecho nuevo ni aislado. En el problema hay diferentes actores: los operadores, las alcaldías y la misma ciudadanía, como nivel de responsabilidades, pues se ha convertido en un problema estructural que se les comenzó a salir de las manos.
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La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), tras denuncias de la comunidad y del gobernador Eduardo Verano, realizó inspecciones en Soledad, Malambo, Galapa, Tubará y Juan de Acosta, donde se presentan los mayores problemas por acumulación de basuras. “Lo que hemos detectado es que, a raíz de la ineficiente recolección de residuos sólidos del operador de aseo, esto comienza a generar una problemática ambiental”, explicó Jesús León Insignares, director de la CRA.
Sumado a esto, el funcionario indicó que en los puntos de acumulación se han hallado residuos reciclables, como papel, cartón, vidrio y plásticos, pero además restos de alimentos, y en algunos sitios hasta sofás, neveras e incluso residuos de podas y de construcción y demolición RCD, llamados escombros.
Desde la CRA no pueden iniciar acciones ante el problema de las basuras, ya que eso le corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pero sí han estado detrás de procesos por daño ambiental. “Ya iniciamos las labores de inspecciones a los municipios afectados, y junto con mi equipo técnico y jurídico definiremos la actuación administrativa que nos compete”, añadió el director.
En Soledad, el gerente del Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Edumas), Daniel Cure Muñoz, explicó que la entidad ejerce control, vigilancia y seguimiento ambiental, así como mantiene comunicación con Interaseo, el operador en 19 municipios del Atlántico. “Últimamente ha fallado un poco el sistema de recolección. Hubo protestas cerca de la base de Interaseo, y eso retrasó la operación una semana. Pero si el camión no pasa, yo recibo los reportes y los gestionamos con Interaseo, para que recojan al día siguiente”.
Uno de los focos más críticos en Soledad es el botadero informal de La Concepción, junto al aeropuerto Ernesto Cortissoz. La Aeronáutica Civil, a través de la Corporación de Aeronáutica Civil del Caribe (CBA), pidió al municipio tomar acciones ante la presencia de aves carroñeras, que podrían afectar la seguridad aérea.
El botadero, que ocupa aproximadamente tres hectáreas, también se ha convertido en vivienda para los recicladores informales, por lo que se presenta un problema social en el sector.
Cure mencionó que en convenio con la U. del Atlántico realizan estudios de suelo y calidad del aire y del agua, que permitan entender el impacto ambiental, al tiempo que se diseñan alternativas de recuperación del terreno, porque es un predio privado. Paralelamente, buscan la reubicación de los recicladores, mientras tanto el botadero sigue creciendo.
En Malambo la crisis por la recolección de basuras llevó a la Alcaldía a declarar la emergencia sanitaria y ambiental el 27 de enero, y a que se suspendiera el contrato con Servicios Logísticos Ambientales UNA A. S.A.S. Como medida urgente contrataron a Interaseo para asumir temporalmente la recolección, transporte y disposición final de los residuos, pero no se incluyó el barrido y la limpieza de vías. La empresa señaló que no responde por los botaderos informales, porque estos surgieron tras el abandono previo.
Uno de los puntos más críticos ha sido la vía Oriental, donde se han estado abandonando residuos alrededor de la carretera. Debido a los recientes llamados para mitigar el impacto, la Alcaldía, junto a Interaseo, el concesionario Autopistas del Caribe, Pimsa y la comunidad, hicieron la limpieza de sectores, como Villa Esperanza y La Luna, para recuperar la zona y estabilizar el servicio, que ahora opera con una frecuencia de tres días.
El gerente regional en Atlántico, Guillermo Bonilla, aseguró que el servicio lo están prestando normalmente en los municipios donde operan. “La empresa, para garantizar la prestación del servicio, cuenta con un parque automotor grande. Adicionalmente, se trabaja en conjunto con las alcaldías para alcanzar este cumplimiento 100 % de la prestación”. Bonilla añadió que los residuos recolectados son llevados al relleno sanitario El Clavo, en Palmar de Varela, y que su operación está centrada en las áreas urbanas.
Sobre los puntos críticos identificados por la comunidad, afirmó que están adelantando acciones para abordarlos en coordinación con las alcaldías, mientras que para mejorar la eficiencia del servicio “seguimos mejorando todo el tema de la flota vehicular y operativa para prestar un excelente servicio”. Pero el operador indica que también hay que prestarle atención a la responsabilidad ciudadana.
En Puerto Colombia, el jefe de la Oficina de Gestión Ambiental, Hernán Núñez, aseguró que a pesar de estar en la lista de la CRA con puntos críticos, desde el inicio del actual gobierno corrigieron el esquema de recolección y trabajan de la mano con la empresa Triple A, otro operador en el departamento. “No tenemos botaderos, se implementó una frecuencia que incluye recolección diurna, nocturna, sábados y domingos, y Triple A ha invertido más de $3.500 millones en el municipio”. Incluso tienen un vehículo más pequeño para acceder a barrios donde antes la compactadora no podía ingresar, a lo que se suman campañas en colegios y el programa “Encuentro entre vecinos”, de cultura ciudadana.
La CRA, por su parte, insistió en la necesidad de que los alcaldes actualicen sus Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), pues solo tres de los 22 municipios lo tienen. “Tal vez esta problemática no se habría presentado si los PGIRS estuviesen en pleno funcionamiento, pues contempla cómo se deben gestionar y atender los puntos críticos, además de los planes de contingencia para conjurar situaciones como las que vivimos hoy”.
Asimismo, la entidad hizo un llamado a revisar los contratos con las empresas de aseo. “Revisen si ya las concesiones vencieron, revisen si las interventorías a esos contratos se están llevando a cabo, pero sobre todo le corresponde al alcalde el garantizar la continuidad y calidad en la prestación del servicio de aseo que la ciudadanía está pagando en su tarifa mensual”, concluyó León Insignares.