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Los gremios y líderes políticos del Caribe expresaron su satisfacción tras la decisión de la Corte Constitucional que tumbó el artículo 280 del Plan Nacional de Desarrollo, norma que permitía al Gobierno nacional cobrar la valorización de vías nacionales, entre ellasla Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, corredor vial entre Barranquilla y Cartagena.
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Esta medida, considerada por muchos como un cobro injusto, afectaba a más de 140.000 propietarios de inmuebles en al menos 10 municipios de los departamentos del Atlántico y Bolívar.
La Corte consideró que el artículo violaba el principio de unidad de materia, ya que no guardaba relación directa con las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Además, explicó que la valorización como contribución existe desde hace años y que lo que se frenó fue un intento de extender el plazo de cobro de manera silenciosa, abriendo la puerta a posibles abusos.
El senador Mauricio Gómez Amín, quien presentó la demanda que llevó a esta decisión, señaló en su cuenta de X que “instauramos la demanda y hoy celebramos esta sentencia que significa un paso enorme. Desde el primer día lo dijimos: el cobro de valorización incluido en el Plan de Desarrollo era inconstitucional. Hoy la Corte Constitucional lo confirma y tumba ese artículo. El Atlántico y Bolívar celebran. ¡La justicia se impuso!”.
Por su parte, el presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cepeda Tarud, afirmó que la decisión deja sin piso al Gobierno para adelantar este cobro y destacó que esta contribución habría impactado negativamente el desarrollo inmobiliario y turístico de la franja costera, uno de los motores económicos de la región.
“Celebramos que la Corte Constitucional se haya pronunciado a favor de nuestra causa. Por supuesto, confiamos en que el Consejo de Estado se pronuncie en la misma línea para terminar de sepultar este cobro, que afectaría seriamente el desarrollo inmobiliario y turístico de toda esta franja costera, que representa uno de los principales motores de ingreso para muchos de estos municipios”, indicó a El Heraldo.
Mientras tanto, Juan Camilo Oliveros, director Ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar, calificó la decisión como un paso importante y destacó la unión entre gremios, congresistas y alcaldes de Barranquilla y Cartagena para frenar esta medida. Además, señaló que se espera una decisión similar del Consejo de Estado para consolidar la eliminación definitiva del cobro.
“Se pretendía era que pagáramos por una vía que ya está construida, sin que existiera la posibilidad de realizar, en un futuro cercano, una segunda calzada tan necesaria para mejorar las condiciones de operación y seguridad del corredor vial”, indicó el directivo.
Finalmente, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, se refirió al tema. “Reiteramos que no nos oponemos al desarrollo vial ni a la integración regional, pero consideramos inaceptable que los cartageneros asuman una carga económica sin garantías de justicia tributaria ni mecanismos adecuados de participación previa. Nos alegra la decisión de la Corte”, indicó el mandatario.
Esto líderes del Caribe coincidieron en la necesidad de encontrar una ruta que permita destrabar las obras pendientes de doble calzada para mejorar la conexión vial entre Barranquilla y Cartagena, buscando así un desarrollo sostenible y beneficioso para la región.
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