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Los presuntos responsables del asesinato de Lissi Judith Camargo Noriega, ocurrido el 22 de mayo en el corregimiento de Salgar, en Puerto Colombia, Atlántico, fueron enviados a detención domiciliaria. Wilmer Enrique Mercado Mendoza y William Sanjuan Núñez, ambos de 45 años, fueron capturados por el CTI de la Fiscalía y presentados ante un juez tras ser señalados como los autores de los disparos que causaron la muerte de la docente. A pesar de la gravedad de los hechos, el fiscal del caso solicitó la medida de casa por cárcel, que fue concedida.
La mujer recibió los impactos de bala cuando los dos vigilantes dispararon contra el vehículo donde se movilizaba con su yerno, Ángel José Daza Cuello. El ataque ocurrió en la madrugada frente a la casa del excongresista Gerardo Vecino Villarreal, donde trabajaban los implicados. Según las autoridades, los vigilantes abrieron fuego sin justificación. Camargo murió ese mismo día por heridas de bala en la cabeza y su yerno resultó herido.
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La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio y ambos se declararon inocentes. Según la familia de la víctima, la decisión de darles casa por cárcel fue promovida por el fiscal Manuel Jiménez, quien argumentó que había dudas sobre lo ocurrido. Entre los elementos presentados está la ausencia de casquillos en la escena y la posibilidad de que un funcionario de la UNP, presente en el sitio, también hubiera disparado.
“Ellos no aceptaron cargos. Entonces él (el fiscal) le pidió al juez que les diera medida domiciliaria. Ahora no podemos dormir, tenemos temor de salir a la calle, tememos por nuestra familia, simplemente porque no sabemos si para callarnos nos pueden disparar, así como ya lo hicieron”, dijo Melisa Pérez Camargo, hija de la víctima, a Blu Radio.
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El ataque fue grabado por una cámara de seguridad de la casa de Vecino Villarreal. En el video se observan los disparos al vehículo y una discusión posterior entre Daza Cuello y los vigilantes.
El 6 de junio legalizaron la captura y el 9 le imputaron cargos y solicitaron la medida de aseguramiento. La familia buscará apoyo legal para que investiguen la actuación del fiscal y revoquen la medida de detención domiciliaria.