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El Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla revocó el fallo que ordenaba realizar una consulta previa con las comunidades afrodescendientes antes de construir el peaje de Arroyo de Piedra, en jurisdicción de Luruaco, Atlántico. La decisión dejó sin efecto la sentencia del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sabanalarga, emitida a principios de este año, en respuesta a una tutela interpuesta por el congresista Gersel Pérez con el respaldo de organizaciones étnicas del departamento.
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La comunidad local, representada por el comité “No al Peaje”, manifestó su rechazo a la decisión. Humberto Currea, líder comunitario y vocero del grupo, afirmó que, aunque respetan el fallo, no lo comparten, ya que no se tuvo en cuenta el impacto económico que el cobro del peaje tendría sobre las poblaciones de bajos recursos que habitan en el área de influencia. “Sería un maltrato financiero y económico. La instalación del peaje es la sentencia de muerte del municipio en todos los aspectos sociales y económicos”, expresó.
Según el Tribunal, los accionantes no justificaron adecuadamente la falta de gestión oportuna del recurso, ni demostraron afectaciones directas a sus prácticas culturales. “El valor de un peaje no tiene relación alguna con sus creencias, costumbres y cultura”, dice el fallo, que además consideró improcedente la tutela al no cumplir con el principio de inmediatez exigido por la Corte Constitucional.
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No obstante, líderes del comité señalaron que continuarán organizándose para frenar cualquier intento de avance de la obra. Currea denunció que maquinaria amarilla ya habría sido enviada a la zona, pese a la inconformidad de la población. También advirtió sobre problemas financieros y contractuales que enfrenta la concesión encargada del proyecto.
La revocatoria del fallo podría reavivar las protestas en la región, como ya ocurrió en marzo con bloqueos y plantones en la glorieta del peaje de Sabanagrande, donde también se han presentado reclamos por los cobros y condiciones del servicio.