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El anuncio de un nuevo cobro de la valorización para los habitantes de los municipios aledaños a la Vía al Mar, en el tramo que conecta a Barranquilla con Cartagena, ha unido a comunidades, líderes sociales, gremios y autoridades locales en una batalla jurídica y social en contra del Invías, que busca recoger alrededor de $1,2 billones. Para las comunidades no es más que un recaudo “arbitrario”, “desproporcionado” o “alejado de la realidad social y económica de la región”.
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En medio de la discusión, el Tribunal del Atlántico le dio un respiro a la región tras frenar el cobro, que iniciaba este mes. Dentro de las medidas cautelares se le pidió al Gobierno Nacional realizar socializaciones y audiencias públicas en los 10 municipios afectados antes de comenzar a cobrar. Pero tanto la comunidad como las administraciones locales insisten en que el cobro no se debe realizar.
El senador Carlos Meisel, uno de los principales promotores de la acción legal, celebró la decisión y, en entrevista con El Espectador, sintetizó el malestar de los afectados en tres puntos: la Vía al Mar, asegura, se está pagando desde hace 30 años, y consideran el cobro desproporcionado, así como consideran que faltan avalúos actualizados para hacer los cobros.
“Hay muchas cosas que hacen el cobro un disparate. Primero, una vía que se construyó hace más de 30 años y que se ha venido financiando con recursos privados a través de los peajes. Segundo, lo que pretende recaudar el Gobierno Nacional o la proyección de recaudos es $1,2 billones, lo cual eso es desproporcionado frente al costo real y, tercero, nadie ha hecho un estudio sobre la capacidad de pago y sobre la misma valoración o avalúo de los predios. El Gobierno sacó una vara mágica para medir esto y cobrar tres veces lo que vale el predial”, enfatiza el congresista.
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La queja es respaldada por sectores como el Consejo Gremial de Bolívar y Camacol, que acompañaron la acción legal del senador Mesiel y han sumado otras. Señalan que el cobro exige pagos retroactivos a muchos propietarios sin una razón técnica clara ni un beneficio real para sus terrenos. El descontento también es acompañado por algunos colectivos de las comunidades aledañas afectadas en municipios como Puerto Colombia y Juan de Acosta.
Al respecto, el presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa Campestre, en Puerto Colombia, Alberto Cianci, indica que “no solamente nos estamos viendo afectados con este alto cobro de las tarifas que está disponiendo, sino que también no damos abasto porque ahorita nos han incrementado también los avalúos catastrales y está incrementado igual lo que es el predial”. Lo que atribuye al nuevo cobro.
Cianci añade que en la unidad, de estrato 6, se sienten agobiados con estos impuestos y calcula que el cobro de la valorización podría rondar entre los $15 y $18 millones para usuarios a los que el predial les llega entre $5 y $6 millones. Indica que no tiene muy claro cuáles son los elementos del cargo, puesto que no han socializado ni con ellos ni con las comunidades, que no tendrían recursos para pagarlos.
Mesiel agrega una figura que se han inventado de “multipropietarios”, en la que un “pobre campesino que tiene una casa en el pueblo y una finquita ya es considerado multipropietario y lo “clavan”. Eso no es fuente ni siquiera de ingresos, pero ya los consideran sujetos de un cobro desproporcionado”, asevera el senador, quien establece que varias de las poblaciones, como Piojó y Juan de Acosta, son municipios predominados por campesinos que no tienen los recursos para pagar la valorización.
En Santa Verónica, zona costera del municipio de Juan de Acosta, también tienen esta percepción de abandono, según lo planteó el líder local Carlos Daniel Parra. “La erosión costera ha quitado el tema de las playas a Santa Verónica. No tenemos alcantarillado, no tenemos calles pavimentadas, la energía y el agua son deficientes. Qué cobro nos van a hacer a nosotros de valorización si Santa Verónica en vez de valorizarse se ha desvalorizado”, indicó el líder.
Parra también expresó que no están dispuestos a pagar el cobro de la valorización en caso de que este se haga efectivo, luego de que se levanten las medidas cautelares que instauró el Tribunal del Atlántico. “Un rotundo no. No vamos a pagar. Es como algo ambiguo que nos digan que van a hacer un cobro de valorizaciones a Santa Verónica por el tema, y las playas no las tenemos aptas 100 % a nivel turístico”.
La situación hoy se asemeja a la de los peajes, como el de Turbaco o el de Papiros, que han alargado la suspensión del cobro tras manifestaciones de la comunidad.
La Resolución 3856 de 2024, que estableció el cobro, incluyó una zona de influencia que abarca más de 96.311 hectáreas en 10 municipios, para un total de 248.656 predios. Ocho de los municipios son del Atlántico (Barranquilla, Galapa, Juan de Acosta, Malambo, Piojó, Puerto Colombia, Soledad y Tubará) y dos en Bolívar, donde Cartagena es uno de lo más afectados, con 66.303 predios, de los que pagarían 46.345. Por esta razón, las alcaldías también instauraron una acción de nulidad ante esta resolución.