En Cali, cuando se recuerda el trágico episodio de los 11 diputados de la Asamblea Departamental, secuestrados y asesinados a manos de las Farc, es común que alguien suelte al aire el comentario de que “a Juan Carlos Abadía no se lo llevaron porque ese día se le pegaron las cobijas”. Eso, al menos, sostienen sus detractores, quienes tampoco desconocen el animal político que lleva por dentro el hombre que, con tan sólo 28 años, conquistó la Gobernación del Valle del Cauca. No era su primer logro electoral. Antes de ser gobernador fue concejal de Cali; obtuvo la segunda mayor votación. Con 21 años de edad, cuando su nombre sólo indicaba de quién era hijo y era un recién graduado administrador de la Universidad Santiago de Cali, consiguió con la tercera mayor votación en el departamento una curul en la Asamblea. Y de ambas corporaciones fue presidente.
Pero si hay algo que ha caracterizado al destituido gobernador vallecaucano es la polémica. “Todo el mundo sabía que se hizo elegir presidente del Concejo porque llevaba un maletín lleno de dinero —le dijo a El Espectador un concejal de la época—. Pero nunca, ni como edil ni como diputado, llamó a un funcionario para hacer control político o protagonizó debates memorables. Era débil en la palabra, pero muy hábil para actuar”. Según el observatorio Cali Visible, que hace seguimiento a la gestión de los 21 concejales de la ciudad, Abadía casi nunca asistía a debates o sesiones y sólo presentó ocho propuestas al Concejo en el año 2006. Una de ellas, cuenta su ex colega, fue realizar un festival vallenato en la Capital de la salsa. “Así eran sus proyectos, coloquiales, de farándula. Para él, la farándula ha sido lo más importante”.
Abadía, limpio en antecedentes, conquistó la Gobernación del Valle con el 48% del total de votos, con mayoría en 40 de los 42 municipios. Los adversarios no superaron el 8%. Con las estadísticas a su favor, el 4 de marzo pasado se registró que el 82% de la población respaldaba su labor. Y es que la simpatía de los vallecaucanos por él es evidente. En las calles de Cali se escuchan constantemente quejidos y lamentaciones por la decisión que tomó la Procuraduría, en primera y segunda instancias, de destituirlo e inhabilitarlo por 10 años. “Pobrecito, ¡pero si es tan buen muchacho!”, dicen unos. “Es que en Bogotá se la tienen montada al Valle”, añaden otros. “A él le gusta ayudar a le gente, es hábil, sagaz, astuto. No es el gobernador de corbata, sino de bluyín que recorre los municipios, habla con la gente y la gente le responde con cariño”, manifiesta quien ahora ocupa su lugar, su secretario de Gobierno, el comunicador social Víctor Manuel Salcedo.
“Abadía logra establecer tal conexión con la gente que hubiera podido ser el mejor gobernador, por su inteligencia, su dinámica, su recursividad”, comenta Ximena Hoyos, directora de la organización Unidad de Acción Vallecaucana. Pero Abadía, que ni siquiera completó su período como gobernador, está en aprietos mayúsculos. Por un lado, la sanción de la Procuraduría lo aleja de sus intenciones de lanzarse a la Presidencia como, rumoran, desea su padre. Pero, además, el Ministerio Público también tiene en la mira el que, en teoría, había sido su mayor logro: que la Asamblea Departamental —donde 20 de los 21 diputados forman parte de su coalición— aprobara el programa de “vigencias futuras” que, en palabras de la Contraloría regional, no significa más que haber estrangulado el presupuesto de los próximos 12 años. Recurriendo a un recurso que, se supone, sólo aplica para entidades nacionales, entregó 75 proyectos, valorizados en $650.198 millones.
“Para empeñar al departamento de tal forma debían ser obras de ingeniería e impacto, pero casi todas son pequeñas que no van a generar desarrollo”, le explicó a este diario Lisandro Roldán, contralor auxiliar para control fiscal del Valle. Entre los trabajos aprobadas aparecen la renovación urbana del parque principal de Vijes, las gradas del estadio de Ansermanuevo, la iluminación del estadio de Buga, el piso del laboratorio de un colegio o la vía de acceso al estadio del Deportivo Cali. El departamento está en una situación financiera tan crítica que el déficit en 2009 bordeó los $65.000 millones. Y el proyecto se aprobó sin siquiera tener en cuenta los conceptos del Consejo Departamental de Planeación. Críticos de la gestión de Abadía dicen que, con las vigencias futuras, el dirigente devolvió beneficios a quienes lo llevaron al poder.
Resulta irónico que el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra, quien ha encabezado denuncias tan duras contra Abadía como haber gastado unos $9.000 millones del presupuesto regional en publicidad para él, fue una de las tres personas que inscribió la candidatura del destituido gobernador por el movimiento ciudadano ‘Por un Valle seguro’. Las otras personas fueron Carlos Herney Abadía, padre del dirigente, y Juan Carlos Martínez. Al primero, ex senador, la Fiscalía le ocupó hace dos años 17 bienes en extinción de dominio y estuvo condenado por enriquecimiento ilícito durante el Proceso 8.000. El segundo está en la cárcel La Picota de Bogotá, investigado por sus presuntos nexos con grupos narcoparamilitares. Abadía padre hizo de Martínez un ‘zorro político’. Ambos formaron a Abadía Campo.
En su paso por el Concejo de Cali, Abadía consiguió un número significativo de opositores. Son ellos quienes recuerdan que al joven, cuya familia es de Guacarí, siempre le gustó competir por ser “el de las mejores viejas, los mejores carros, el de más plata. No se recuerdan sus debates pero sí sus líos con modelos”, mencionan. Le dicen fresco, chabacano, inmaduro profesional y a nivel académico. “Lo único que ha aprendido en la vida es a hacerse elegir. No sabe de gobernar, pero sí que sabe de maquinarias. La cantidad de plata que se vio para comprar votos en las elecciones pasadas del Congreso nunca se había visto, y el Valle va a tardar mucho en componerse de esta forma de hacer política. Abadía ha dejado una huella maluca”, señalan. Y aclaran: “La situación acá está mucho más complicada de lo que se ve afuera. Hay muchos temores. Es mejor no dar nombres”.
A Abadía, cuya fama de mujeriego es de vieja data en la capital vallecaucana, la polémica lo sigue por donde vaya. Nunca logró explicar cómo fue que designó a Luis Telmo Rojas como su secretario personal cuando ni siquiera contaba con el requisito de tener un título profesional. Que el ex parlamentario Juan Carlos Martínez y su padre Carlos Herney son el poder a la sombra es noticia vieja. Carlos Herney hizo de Martínez una figura prominente en el mundo político y lo mismo logró con su hijo. Pero la verdad es que el lío de la Gobernación, por cuenta de la sanción a Abadía Campo, tiene en ascuas al Valle. Nadie sabe si habrá o no elecciones, las tesis jurídicas rebotan por todas las bandas. Los dineros aparentemente malgastados por el ex gobernador también son un interrogante considerable. Lo que es un hecho es que los vallecaucanos, hoy menos que nunca, saben cuál es el rumbo de la que alguna vez se destacó, tan sólo por ser una próspera y cívica región.
El encuentro con Andrés F. Arias
La reunión, en la que según la Procuraduría hubo indebida participación en política del destituido gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, se efectuó el 20 de febrero pasado en una finca del corregimiento de Rozo, en Palmira (Valle). Al encuentro asistieron 21 alcaldes de municipios de ese departamento y el entonces precandidato a la Presidencia por el Partido Conservador Andrés Felipe Arias. De acuerdo con el Ministerio Público, ese día se hicieron manifestaciones en favor de Arias, quien en ese momento sostenía una reñida competencia con Noemí Sanín por la candidatura conservadora. La reunión había sido convocada para tratar asuntos relacionados con el Fonpet (fondo manejado por el Ministerio de Hacienda), los bonos pensionales y sobre algunos embargos contra los municipios.