En varios invernaderos de los municipios de Toribío, Caloto, Corinto y Miranda, ubicados al norte del departamento, ya comenzaron los cortes de energía ordenados por la Fiscalía para afectar a los productores de marihuana.
"Las acciones están dirigidas a puntos específicos ubicados en los municipios de Corinto, Miranda, Caloto y Toribío; específicamente en las veredas Chicarronal, La Cristalina, La Playa, Media Naranja, Las Cruces, San Pedro, Corinto, La Cima, Buenavista, Santa Elena, La Granja, La Susana, Loma de Paja, La Tolda, Buena Vista, El Palo, Huasano, La Palma y Cristalina, en el Cauca", explicó la Fiscalía.
El 17 de junio, el ente le solicitó a la Compañía Energética de Occidente suprimir el servicio público de energía en cuatro cuadrantes específicos, ubicados por GPS , de 18 veredas de estos municipios.
"Se ha evidenciado en zonas específicas que se han alzado invernaderos de marihuana por parte de organizaciones ilegales, las cuales se sirven irregularmente del servicio público de energía que ustedes proveen", se lee en la petición.
En octubre de 2018, la empresa denunció ante la Policía el acceso ilegal a sus redes eléctricas para suministrar energía a estos cultivos. Sin embargo, en ese entonces, las autoridades aseguraron que las posibilidades de intevenir y acceder a dichas zonas eran muy pocas por falta de una política pública que les brindara seguridad.
La primera jornada se llevó a cabo esta semana en una zona de la vereda de Buena Vista, en Toribío, en donde la comunidad acompañó el proceso de suspensión del servicio realizado por la empresa de energía, que desconectó transformadores y equipos instalados de manera irregular.
"Con estas acciones se garantiza que no se afectará el diario vivir de los campesinos o de las empresas legales ubicadas en la región, por no tratarse de cortes generalizados, pues los operativos por parte del ente investigador y de demás actores están dirigidos a luchar contra los cultivos ilícitos y el narcotráfico, además de prevenir la comisión de delitos asociados", detalló la Fiscalía.
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La gobernadora indígena Emelinda Dauquí señaló que “La misma comunidad autorizó que se haga este trabajo. Aquí no es que el cabildo, la guardia, los presidentes de junta hayan hecho esto; esto fue la misma comunidad la que tomó esa decisión”.
Por su parte, el alcalde Alcibíades Escué aseguró que, mediante los consensos hechos con las comunidades, se acordó que la operación sería en puntos específicos que no afecten la cotidianidad de los habitantes.
“Las autoridades indígenas tomaron la decisión de garantizar la entrada a los lugares, teniendo en cuenta que evitar un corte generalizado beneficia a todos”.
Los procedimientos se extenderán hasta este sábado en las veredas San Diego, Gallinazas y Loma Paja de Toribío, y continuarán en los otros tres municipios.