El niño de 11 años, Lyan Hortúa, que permaneció 19 días en poder de un grupo armado ilegal tras ser secuestrado en su vivienda en Jamundí, Valle del Cauca, fue entregado en zona rural de Timba a una comisión humanitaria liderada por la Defensoría del Pueblo, con apoyo de la Iglesia, Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional.
El padre Diego Guzmán, de la Arquidiócesis de Cali, hizo parte del equipo que acompañó el proceso de contacto con el grupo armado responsable. Guzmán relató que los primeros acercamientos se dieron a través de representantes de Naciones Unidas y de la Iglesia, con el objetivo de “generar la conciencia de que esto tenía que tener una salida humanitaria, de que estábamos hablando de un niño y que en estos conflictos... los niños no pueden ser involucrados”, dijo a Noticias Caracol.
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Durante las gestiones, hubo momentos de incertidumbre. El sacerdote explicó que “se rompió el canal y hubo silencio. Había una gran preocupación porque no sabíamos a ciencia cierta qué pasaba”. Por varios días, las conversaciones se suspendieron, lo que generó temor de que no se alcanzara un acuerdo. “Inclusive hoy estuvimos buscando maneras, modos, pronunciamientos. Le habíamos pedido a la Conferencia Episcopal que hablara, que sumáramos voces para ayudar a entender que era necesario que se diera la liberación lo más pronto posible”, agregó.
La liberación fue posible gracias al canal humanitario que se logró establecer con la ayuda de la Defensoría del Pueblo, cuyo equipo recibió al menor de edad. El padre Guzmán reconoció que no hubo exigencias de los captores, pero que siempre hubo una preocupación central, “nuestra preocupación fue siempre la condición de salud del niño”.
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Sobre el ambiente posterior al reencuentro, el sacerdote expresó: “Nos alegra mucho, es una gran noticia para el país, para la región, para nosotros acá en el valle de Cali. La verdad yo creo que el clamor nacional, de tantas entidades, de la misma iglesia, de la misión de verificación de las Naciones Unidas, todo eso sumo para que se generara esa conciencia que debía liberarse a Lyan que debía tener una salida humanitaria”.
La alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, aseguró que desde el mismo 3 de mayo, día del secuestro, comenzaron los esfuerzos de las autoridades. “Trabajamos incansablemente con la Fuerza Pública, con el Gaula, la Gobernación del Valle del Cauca y demás”, afirmó. También indicó que su administración ha acompañado a la familia del menor de edad desde el inicio del caso.