Corrupción en oficinas de registro de Córdoba
Recientes hallazgos de la Superintendencia de Notariado hablan de un desfalco de $211 millones en Lorica y de $1.300 millones en Cereté.
Natalia Herrera Durán
La Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Lorica (Córdoba) —un municipio pobre en la zona más baja del río Sinú, donde hace poco estuvieron cerca de linchar a un bebé recién nacido diciendo que estaba poseído por el demonio— está en este momento intervenida. Hace cinco días, cuando Víctor Farid Pinto, interventor de la Superintendencia de Notariado y Registro, llegó a esta oficina siguiendo el rastro del desvío de dineros públicos de los impuestos de registro, en el archivo de antecedentes de la oficina no había ningún documento que evidenciara ese pago. Indicio de las presuntas irregularidades que allí se venían cometiendo. Desde entonces, la oficina está cerrada.
El estudio preliminar ha arrojado hasta ahora que entre enero y septiembre de este año se han extraviado $211 millones, que no se giraron a la Gobernación de Córdoba, como lo establece la ley. El responsable de la oficina, registrador David Vega Benedetti, acucioso para las normas, se acogió al artículo 91 del Código Único Disciplinario y no quiso declarar cuando una funcionaria de Control Disciplinario Interno fue a pedirle explicaciones. La Superintendencia de Notariado y Registro ha dicho que dentro de diez días denunciará ante la Fiscalía este caso, que por lo visto no es el único en el departamento de Córdoba.
En la oficina de registro de Cereté, recientes investigaciones señalan que solo por cuenta del impuesto de registro se habrían perdido un poco más de $1.300 millones. La historia de estas pesquisas empezó con un rumor una tarde en Bogotá. A mediados de agosto, el superintendente delegado para Registro, Enrique Nates, recibió en su despacho a la secretaria de Hacienda de Córdoba, María Claudia Sánchez, quien le dijo estar muy preocupada porque al parecer en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cereté no se estaban girando la totalidad de los recursos que le corresponden a la Gobernación por la inscripción de escrituras públicas.
La inquietud llegó a oídos del superintendente Jorge Enrique Vélez, quien efectuó una visita especial a esta oficina. Cuando los funcionarios de la Supernotariado llegaron a Cereté, se encontraron con una dependencia pequeña y humilde, en la que trabajan cinco personas. El informe sobre el concepto de registro ya mostraba varias inconsistencias en la liquidación de impuestos de registro. Pero la declaración de la registradora, Nur Anaya Álvarez, fue definitiva. Vélez le preguntó primero si ella era la propietaria de una camioneta nueva que estaba parqueada a la salida de la oficina. Anaya dijo que sí, y luego guardó silencio. Poco después confesó: señaló que todos los meses tomaba prestado $15 millones de la caja y que se los repartía con sus empleados. Señaló que lo hacía porque tenía problemas económicos. Por esa razón, en los libros el recaudo era mayor que el impuesto de registro, cuando siempre es la mitad.
La Superintendencia puso en conocimiento de Control Interno Disciplinario la declaración de la registradora y sobre esta base inició una investigación que resultó en la intervención de la oficina y una indagación disciplinaria preliminar en contra de los funcionarios Nur Emerita Anaya, Rosa Meléndez Lozano, Germán de los Reyes, Carmen de la Rosa y Lina Pacheco Ortega. El primer informe arrojó que solo en 2012 el desfalco había sido de $440 millones. Pero el estudio de los tres últimos años señaló que se han perdido $1.300 millones, dineros públicos que en Cereté bien se hubiesen podido invertir en recortar la brecha de inequidad. En este momento, la denuncia por el delito de peculado por apropiación contra la registradora Anaya y los demás funcionarios ya está en la Fiscalía, pero por los coletazos del paro judicial aún no se ha movido.
La querella incluye la queja presentada por el señor Remberto Petro, quien denunció “mala atención de cada uno de los trabajadores de esta institución, una demora impresionante en el registro de cualquier documento, hasta de nueve meses, y un desorden total, que hasta pierden documentos”.
Las irregularidades confesadas por Anaya han dado pie para que la Superintendencia de Notariado empezara una investigación en las otras cuatro oficinas de registro que hay en Córdoba. En Lorica, la indagación preliminar apunta a la pérdida de $220 millones. Mientras esto sucede, Córdoba sigue figurando en la deshonrosa lista de departamentos donde la pobreza campea, al parecer tanto como la corrupción.
La Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Lorica (Córdoba) —un municipio pobre en la zona más baja del río Sinú, donde hace poco estuvieron cerca de linchar a un bebé recién nacido diciendo que estaba poseído por el demonio— está en este momento intervenida. Hace cinco días, cuando Víctor Farid Pinto, interventor de la Superintendencia de Notariado y Registro, llegó a esta oficina siguiendo el rastro del desvío de dineros públicos de los impuestos de registro, en el archivo de antecedentes de la oficina no había ningún documento que evidenciara ese pago. Indicio de las presuntas irregularidades que allí se venían cometiendo. Desde entonces, la oficina está cerrada.
El estudio preliminar ha arrojado hasta ahora que entre enero y septiembre de este año se han extraviado $211 millones, que no se giraron a la Gobernación de Córdoba, como lo establece la ley. El responsable de la oficina, registrador David Vega Benedetti, acucioso para las normas, se acogió al artículo 91 del Código Único Disciplinario y no quiso declarar cuando una funcionaria de Control Disciplinario Interno fue a pedirle explicaciones. La Superintendencia de Notariado y Registro ha dicho que dentro de diez días denunciará ante la Fiscalía este caso, que por lo visto no es el único en el departamento de Córdoba.
En la oficina de registro de Cereté, recientes investigaciones señalan que solo por cuenta del impuesto de registro se habrían perdido un poco más de $1.300 millones. La historia de estas pesquisas empezó con un rumor una tarde en Bogotá. A mediados de agosto, el superintendente delegado para Registro, Enrique Nates, recibió en su despacho a la secretaria de Hacienda de Córdoba, María Claudia Sánchez, quien le dijo estar muy preocupada porque al parecer en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cereté no se estaban girando la totalidad de los recursos que le corresponden a la Gobernación por la inscripción de escrituras públicas.
La inquietud llegó a oídos del superintendente Jorge Enrique Vélez, quien efectuó una visita especial a esta oficina. Cuando los funcionarios de la Supernotariado llegaron a Cereté, se encontraron con una dependencia pequeña y humilde, en la que trabajan cinco personas. El informe sobre el concepto de registro ya mostraba varias inconsistencias en la liquidación de impuestos de registro. Pero la declaración de la registradora, Nur Anaya Álvarez, fue definitiva. Vélez le preguntó primero si ella era la propietaria de una camioneta nueva que estaba parqueada a la salida de la oficina. Anaya dijo que sí, y luego guardó silencio. Poco después confesó: señaló que todos los meses tomaba prestado $15 millones de la caja y que se los repartía con sus empleados. Señaló que lo hacía porque tenía problemas económicos. Por esa razón, en los libros el recaudo era mayor que el impuesto de registro, cuando siempre es la mitad.
La Superintendencia puso en conocimiento de Control Interno Disciplinario la declaración de la registradora y sobre esta base inició una investigación que resultó en la intervención de la oficina y una indagación disciplinaria preliminar en contra de los funcionarios Nur Emerita Anaya, Rosa Meléndez Lozano, Germán de los Reyes, Carmen de la Rosa y Lina Pacheco Ortega. El primer informe arrojó que solo en 2012 el desfalco había sido de $440 millones. Pero el estudio de los tres últimos años señaló que se han perdido $1.300 millones, dineros públicos que en Cereté bien se hubiesen podido invertir en recortar la brecha de inequidad. En este momento, la denuncia por el delito de peculado por apropiación contra la registradora Anaya y los demás funcionarios ya está en la Fiscalía, pero por los coletazos del paro judicial aún no se ha movido.
La querella incluye la queja presentada por el señor Remberto Petro, quien denunció “mala atención de cada uno de los trabajadores de esta institución, una demora impresionante en el registro de cualquier documento, hasta de nueve meses, y un desorden total, que hasta pierden documentos”.
Las irregularidades confesadas por Anaya han dado pie para que la Superintendencia de Notariado empezara una investigación en las otras cuatro oficinas de registro que hay en Córdoba. En Lorica, la indagación preliminar apunta a la pérdida de $220 millones. Mientras esto sucede, Córdoba sigue figurando en la deshonrosa lista de departamentos donde la pobreza campea, al parecer tanto como la corrupción.