Desplazamiento en Colombia, impune

 

Prueba de lo anterior es que hasta el 2014, en la Fiscalía General de la Nación solo había 14.612 investigaciones activas por desplazamiento y un número bajo de denuncias, un recuento pobre frente a las dimensiones del flagelo. Además, las condenas emitidas en instancias judiciales contra los actores armados se han enfocado principalmente sobre delitos como el homicidio y la desaparición forzada.  

 

El desplazamiento forzado es  considerable en el país desde mediados del siglo pasado, fomentado por la violencia bipartidista y el surgimiento posterior de las guerrillas,  pero fue exacerbado a partir de la década de los 90, con la entrada definitiva de los grupos paramilitares al mapa del conflicto armado. Sin embargo, durante el siglo XX, la tragedia de millones de colombianos, el desarraigo, el abandono de sus tierras, sus bienes y sus seres queridos, fue matizada con tintes de levedad: como un efecto colateral del conflicto, a eso se reducía el éxodo masivo de colombianos. Solo a comienzos del nuevo siglo, sobre todo con la promulgación de la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, comienza “un largo proceso de lucha institucional por visibilizar la magnitud del fenómeno y dimensionar su impacto a nivel nacional”, señala el informe.

 

Y solo hasta el 2009, tras la formulación e implementación de la política de Verdad, Justicia y Reparación, el Estado colombiano define una línea de acción clara para que se empiecen a investigar con seriedad, rigor e imparcialidad, las causas y motivaciones del desplazamiento forzado, y sobre todo, sus responsables y el papel de quienes se han beneficiado, directa e indirectamente, del abandono obligado de 8 millones de hectáreas de tierra a lo largo de toda la geografía nacional.

 

El esclarecimiento sobre la verdad del desplazamiento es una deuda pendiente del Estado  con las víctimas; solo en el señalamiento de los perpetradores del desplazamiento forzado ya hay dificultades. Las cifras varían dependiendo de su origen. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), las Farc han sido  responsables del 41% de los casos de desplazamiento, mientras que las estructuras paramilitares han sido las perpetradoras del 21%. Pero a partir del registro de Pastoral Social de la Iglesia Católica, la tendencia se dobla en el segundo caso: con el 45% de los casos, los paramilitares son el mayor desplazador, y a las Farc se les adjudica  el 41%. Estos datos se construyen con base en los relatos de las víctimas, pues a partir de procesos judiciales, tan escasos, es imposible.  

 

Sin embargo, el informe del CNMH resalta con inquietud la poca responsabilidad que se le asigna a la Fuerza Pública ¬11% según Pastoral Social pero sólo 0,8% en el RUV¬, que en cambio sí ha sido demostrada en varias ocasiones por la Corte Constitucional e incluso en el ámbito internacional, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

Otro reto vigente para la justicia colombiana en cuanto al desplazamiento forzado es desenmarañar las empresas criminales que ejecutaron la legitimación del despojo de tierras, a través de estrategias jurídicas ilegales como la falsificación de escrituras, firmas, poderes, y otras formas de estafa en las que participaron servidores y entidades públicas. Muchas veces, señala el informe, las tierras de los desplazados terminaron tituladas a nombre de testaferros de los actores armados, pero también de comerciantes, ganaderos, empresarios y terratenientes. 

 

A la transformación violenta de territorios, “a partir de la expulsión de sus habitantes ha contribuido eficazmente la no realización de reformas que impidieran el acaparamiento improductivo, desordenado y especulativo de la tierra, por parte de élites regionales y nacionales, tradicionales y emergentes”, señala el informe.

 

Por eso, para el CNMH es necesario que el Estado adopte medidas para garantizar los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado y la no repetición de la violación a sus derechos, pero también, igual de imperativo es que se esclarezcan y judicialicen a los perpetradores del desplazamiento y  a sus cómplices, tanto de la clase política como a los servidores públicos, las fuerzas armadas y el sector privado, que sacaron provecho de la tragedia de millones de colombianos que tuvieron que abandonarlo todo en medio del conflicto armado para resguardar sus vidas.