Con una barrera humana fueron recibidos ayer los 1.600 policías que acompañaron el desalojo de una de las invasiones más grandes de Cali. En la hacienda Aldovea, la Alcaldía tenía identificadas 1.524 familias (cerca de 5.000 personas) que se distribuyen en los asentamientos de Palenque, La Conquista y Estambul.
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Eran adultos junto a niños que abrazaban a sus madres, así como jóvenes que con palos de guadua intentaron detener el avance de la Unidad de Diálogo y Acompañamiento a la Manifestación Pública, antes Esmad. Al final se reportaron seis personas heridas y dos niños atendidos por el ICBF, así como un policía lesionado con una piedra, por lo que tuvieron que ponerle cuatro puntos en la cabeza.
La invasión se encuentra en el oriente de Cali, más exactamente en el corregimiento de Navarro, donde la Secretaría de Seguridad ya ha estado haciendo desalojos, como el del humedal Ibis, de donde salieron pacíficamente 50 familias de zona protegida.
El de ayer se encuentra en un predio de 30 hectáreas que, según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), está destinada para el agro, pero que además incluye una zona donde se planea la construcción de la nueva Universidad Distrital, que sería parte del Distrito de Aguablanca.
Si bien el desalojo estaba más que anunciado, ya que había sido agendado para el pasado martes y tuvo que aplazarse, para los habitantes de la zona fue una sorpresa, ya que el miércoles la Alcaldía había establecido una mesa de diálogo con los líderes, en la que se dio a entender que se paralizaría el proceso.
“La mesa de concertación se hizo para que buscáramos la mejor salida y pudiéramos llegar a un acuerdo, porque esta comunidad es de víctimas del conflicto armado. El Estado no ha sido capaz de protegerlos en el territorio y aparte llegan aquí y sufren un segundo desplazamiento por cuenta del mismo Estado”, dijo uno de los líderes, que pidió la atención del presidente Petro.La invasión es relativamente nueva, ya que apareció en el marco del paro nacional de 2021 y ha ido creciendo significativamente a lo largo de este año. En los primeros meses se contaban menos de 500 familias, para el último censo se triplicó la cifra y ayer en el operativo, desde diferentes sectores, se decía que podrían haber muchas más personas.
Al respecto, Pola Elisa Buenaventura, directora de la Asociación Solidarios por la Vida (Solivida), que atiende a víctimas del conflicto, asegura que el aumento de personas en la zona se debe a la reactivación del conflicto en la Costa Pacífica y a las pocas posibilidades que tienen quienes llegan desplazados a Cali.
“El 80 % de las familias son mujeres con niños. Acá llegan los desplazados y deben hacer todo el trámite institucional para hacer la declaración juramentada, esperar que la Unidad de Víctimas los incluya en su listado y les dé una ayuda humanitaria, lo que puede tardar más de dos meses. Por eso llegan a las zonas de invasión. Somos conscientes de que en esos lugares hay de todo, en especial tierreros que se lucran de personas vulnerables, pero también hay víctimas que nada tienen que ver y resultan afectadas, añadió Benavides.
Desde la Alcaldía de Cali tienen otra visión. El subsecretario de demoliciones, Álvaro Lemus, asegura que la orden de desalojo fue dada desde agosto del año pasado, pero debido a tutelas con las que buscaban dilatar el proceso y todo lo que hay detrás de un operativo tan grande, el desalojo se demoró. “Hay que reconocer que detrás hay una serie de organizaciones delictivas con un nivel importante de sofisticación que han explotado y han hecho de esta actividad un negocio y que son cobradas por parte de ellos. Por ejemplo, tenemos información de que no solo habían vendido los lotes, sino que además instalaron los servicios públicos fraudulentamente y los cobraban con la vigilancia. Pero además son los mismos que han comercializado la guadua, polisombra y todo para que los ocupantes irregulares hagan sus viviendas”.
Esto lo confirma una de las habitantes de la zona, quien asegura que pagaba $50.000 por el alumbrado público, “pero al final de la calle no llega ni el reflejo”, añade. La mujer reconoce que la culpa no la tienen quienes hacen el operativo, pero con rabia indica que tampoco hay alternativas aparte de irse a la calle.
Por ello, Benavides dice que los procesos de desalojo son arbitrarios. “Los que desalojan van y meten la maquinaria. Algunos no pueden sacar muchas cosas y quedan con lo que tienen puesto, y eso es lo que tratamos de que se haga respetar. Que les garanticen un albergue o un sitio dónde meter la cabeza, porque esas familias quedan desamparadas y después del desalojo nada importa”.
Desde la Secretaría de Seguridad insisten en que se brinda toda la asistencia y los servicios de la ciudad. Por eso a la Policía la acompañan funcionarios de la mayoría de las entidades de Cali. Asimismo, en este caso aclaran que en una caracterización se identificó que 480 personas son víctimas del conflicto, 274 están afiliadas a cajas de compensación familiar, 80 han recibido subsidios de vivienda, 119 están en la base de Catastro y 148 tienen subsidios asignados.
El problema de fondo
El miedo latente de la Alcaldía de Cali es que aparezca un nuevo distrito de Aguablanca, es decir, que se compacten nuevos barrios, que terminen formalizados, pero con grandes dificultades de acceso a servicios públicos y sociales tan básicos como la educación o la salud. A lo que se suma la afectación ambiental, ya que esta zona del oriente de Cali está compuesta por predios de vocación rural y de protección medioambiental.
Por eso, como medida preventiva, se creó el comité de invasiones y recuperación de ecosistemas, se hacen patrullajes permanentes y se ofrecen recompensas para evitar y desmantelar bandas de tierreros. De todas formas, el subsecretario Lemus afirma que “ningún mecanismo es contundente para evitar una invasión. Son 200 o más personas las que llegan a invadir un predio a la misma hora y día. Incendian el cultivo o cortan lo que haya, lotean y ponen guaduas, polisombras, techos en zinc y en muchas oportunidades hemos visto que montan las ferreterías, para comenzar a construir”.
Para el urbanista Mario Noriega hay tres temas que deben ser atendidos: el social, ante la necesidad de vivienda, en especial la VIS y VIP a familias vulnerables; el policial, que se relaciona con las bandas que se dedican a invadir predios, y el legal, que le da la potestad a las autoridades a desalojar antes de 48 horas un lugar tomado.
“Uno se pregunta dónde se está proyectando la necesidad de vivienda en la ciudad y qué herramientas se están dando para que estas familias accedan a créditos. Ahora, en la mayoría de las ocasiones vemos que las invasiones se dan en lo público y es porque en esos predios muchas veces no se sabe quién es el celador y/o no se tiene un catastro detallado de las propiedades, lo que las hace carnadas perfectas para los invasores”, concluye Noriega.
Al cierre del primer día del operativo, Lemus indicó que se presentaron tres enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los habitantes de la zona, en los que se incluyeron ataques a los funcionarios, intento de toma de la maquinaria y disparos, que no pasaron a mayores. Sumado a esto, un grupo de manifestantes llegó al Centro Administrativo Municipal (CAM) a protestar en contra de los desalojos, por lo que hubo colapso en la movilidad de la ciudad en parte de la tarde y noche. Por lo pronto se espera que este viernes el desalojo continúe mientras se intenta avanzar en la mesa de diálogo con los líderes de la zona.