1 Feb 2018 - 3:45 a. m.

El trascendental caso de una profesora trans en colegio del Valle del Cauca

Por razón de su identidad de género, Andrea Gómez fue víctima de un atentado con arma de fuego del cual salió ilesa. Ahora, vive un nuevo drama: el rechazo de padres de familia.

Kelly Rodríguez / kelly.joh.rodriguez@gmail.com

Pixabay.
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Andrea Gómez protagoniza el primer caso que se conoce sobre una docente que se asume públicamente como persona transgénero en un colegio del país. La historia de esta educadora salió a la luz luego de que los padres de familia de la institución educativa La Inmaculada en Tuluá, Valle del Cauca, se opusieran rotundamente a que la maestra se integrara al plantel educativo y exigieran a la Secretaría de Educación el retiro inmediato de la misma. El caso pone en evidencia el desconocimiento que hay en el sistema educativo frente a los derechos de las personas LGBT, incluidas las profesoras, y recuerda la histórica sentencia con la que hace 20 años la Corte Constitucional prohibió que los docentes fueran discriminados y sancionados por tener una orientación o identidad diversa. (Lea aquí: Rolando Pérez, el profesor asesinado que avivó la lucha LGBT en el Caribe)

Andrea Gómez es una docente 58 años que imparte cátedra de literatura a niños de primaria, posee una larga experiencia en el ejercicio de la docencia, que suma 24 años, y durante ese tiempo ha atendido por lo menos a 5.000 pequeños de la zona rural montañosa del municipio vallecaucano. En el 2015 realizó todos los trámites para cambiar el sexo en sus documentos de identidad ante la Registraduría Nacional, a partir de ese momento dejó atrás a Rubén Andrés Gómez, el nombre de un hombre con quien no se identificaba desde los seis años. (Lea aquí: Por primera vez, Estado colombiano pedirá perdón a lesbiana por discriminarla)

Ese anhelado renacer llegó acompañado de un episodio que marcó su vida. Ocurrió el pasado 19 de enero. Andrea salió del trabajo con destino a su casa, iba en su bicicleta cuando escuchó “profe pare”, al mirar un hombre le apuntó con un arma de fuego y disparó. Andrea aceleró. “Maricón”, gritó el agresor, y disparó nuevamente. Del ataque Andrea salió ilesa, pero como consecuencia se vio obligada a trasladarse hasta el casco urbano de Tuluá en busca de seguridad y una nueva oportunidad laboral.

Por estar listada en la asignación académica de la Secretaría de Educación fue seleccionada para cubrir la incapacidad de una profesora en el colegio La Inmaculada. Allí se encargaría de dictar clase a los estudiantes de quinto grado de primaria.

En diálogo con El Espectador, el rector de la institución, Joselin Russi, afirmó que “él se me presenta el viernes (23 de febrero) a primera hora, yo alcanzo a recibirlo y hablamos sobre cómo se le iba a presentar a los estudiantes y qué les iba a decir. Él me dijo que iba a presentarse como Rubén Andrés, incluso, que se podía quitar los aretes que llevaba puestos y que se vestiría de hombre. A mí me pareció bien”.

Pero esta versión difiere bastante de lo expuesto por la docente a Noticias Caracol. “Mi nombre es Andrea y no Andrés como pretendía el señor rector que yo me presentara a los estudiantes. También, quería que yo me despojara de mis aretes y no me maquillara las uñas, cuando yo durante 55 años luché para llegar a esto”. (Lea aquí: Ammarantha Wass: activista, trans y ciega)

Entre tanto, la gran polémica se desató este lunes 26 de febrero cuando Andrea Gómez se presentó ante los estudiantes de su nuevo curso. Esa misma tarde, al menos 19 padres de familia estaban en el despacho del rector afirmando que la docente le había contado a los estudiantes detalles de su vida privada, les había dicho que se realizaría una cirugía de cambio de sexo e, incluso, que unos días se vestiría de mujer y otros días de hombre. En diferentes medios de comunicación Andrea Gómez negó estas versiones.

La indignación de los acudientes fue tal que, en un oficio dirigido a la Secretaría de Educación de Tuluá, exigieron el retiro inmediato de la docente que tenía “muy confundidos y traumatizados a nuestros hijos”. Según Wilinton Rodríguez, secretario de Educación municipal, para atender los requerimientos de los padres, preservar el derecho a la educación de los estudiantes y evitar alguna agresión verbal o física contra la docente, la cartera tomó la decisión de enviar otra profesora que se encontraba sin plaza asignada para que dicte clases a los alumnos de La Inmaculada.

Lo cierto es que Andrea Gómez no alcanzó a dictar ni una sola clase en el colegio. El Espectador intentó comunicarse con la docente en reiteradas ocasiones, pero no fue posible. A pesar de ello, se conoció que la educadora cuenta con el apoyo incondicional de su esposa y sus tres hijas, y que emprenderá una lucha para hacer valer sus derechos.

Las quejas de los padres

El Espectador se comunicó con algunos padres de familia para conocer sus argumentos. “No estoy de acuerdo con que ese profesor enseñara ahí. Yo fui la primera que me opuse porque si ese señor andaba con problemas de amenaza pone en riesgo a los niños. Además, cómo se le ocurre un profesor de esos enseñándole a menores de edad”, manifestó Rubiera García, abuela de las gemelas Karol Dayana y Karol Johana.

Por otro lado, Luis Javier Correa afirmó que, si bien hay que respetar la sexualidad de las otras personas, “el profesor llegó contándole a los niños sus intimidades. Si él llega normal no pasa nada. Los niños están en una edad en que todo lo que ven les causa curiosidad”. Agregó que su hija dijo sentirse extrañada al ver a una persona vestida de hombre que dice ser mujer.

La sentencia que cobija a los maestros

Antes de que la Corte Constitucional profiriera la sentencia C-481 de 1998, el Estatuto Docente incluía como “causales de mala conducta: (entre otros) el homosexualismo o la práctica de aberraciones sexuales”. Es decir, cualquier docente con una orientación sexual o identidad de género diversa podía ser excluido de su ejercicio.

Con dicha decisión, el alto tribunal concluyó que “no existe ninguna justificación para que se consagre como falta disciplinaria de los docentes la homosexualidad” y eliminó cualquier posibilidad de discriminar a los profesores o sancionarlos por este motivo. Por lo anterior y respecto al caso de la docente de Tuluá, el demandante de dicha sentencia, Germán Humberto Rincón Perfetti, dijo a El Espectador que “se están violando los derechos de niños y niñas porque ellos deben ver que la realidad tiene varios matices y parte de ello es su profesora. Asimismo, se están violando los derechos de la profesora porque la están excluyendo a razón de su identidad de género”.

El abogado agregó que la mejor forma de definir esta situación es permitir que la profesora siga frente a sus alumnos y, sobre todo, permitir la reflexión de los padres y profesores que, a partir de estereotipos e información falsa, están ejerciendo un proceso de exclusión.

Cabe resaltar que, antes de dictar sentencia, por primera e histórica vez en Colombia, la Corte Constitucional citó a una audiencia pública a los diferentes grupos de lesbianas y gais de país, al Ministerio de Educación, al ICBF y a Fecode, para escuchar sus testimonios y tomar una decisión justa y acorde con la realidad del país. 

“Mi sorpresa fue que ninguna intervención de la institucionalidad fue en contra de los profesores homosexuales. Por el contrario, todos se pronunciaron a favor de la inclusión”, recordó Perfetti.

En esa memorable jornada se pronunció una mujer con una máscara, se trataba de una docente lesbiana que contó su experiencia como educadora con orientación sexual diferente, pero cubriendo su rostro para evitar el riesgo de perder su cargo. Esa histórica escena puso en evidencia la represión que vivían los docentes al interior de las escuelas para desarrollar libremente su personalidad. 

 

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