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El Valle del Cauca tuvo que acogerse a la Ley 550 de 1999 que apoya a las empresas o entes territoriales, cuando no tienen la solvencia económica para cubrir sus deudas. Así las cosas se congelarán los procesos judiciales y se iniciaría un plan de reestructuración, dando prioridad a los pagos laborales, luego a las entidades públicas, a las financieras y por último a otros acreedores.
La situación parte del déficit acumulado por cerca $112 mil millones, el pasivo pensional y los embargos por cerca de $80 mil millones.
Entre los embargos, el último de estos fue hecho por Instituto de Seguro Social, ISS, por $15 mil millones de pesos, el cual dejó casi ilíquida a la Gobernación.
La Gobernadora del Valle del Cauca, Adriana Carabalí, anunció la decisión a su gabinete, durante un Consejo de Gobierno. Posterior a su anuncio se hizo una reunión informativa con los trabajadores, a quienes se les garantizó el pago normal de sus salarios.
La situación problemática financiera no es reciente, para 1999 se firmó un convenio de desempeño por $292.313 millones y en el 2003 la deuda con los bancos llegó a $674.539 millones.
En un principio Carabalí había tomado la decisión de congelar cerca de $32 mil millones del gasto previsto para este año, sacrificando así la inversión social, entre otras cosas.
Julio César Alonso, director del Centro de Investigación en Economía y Finanzas, de la Universidad Icesi, dijo para el diario El País que estar en Ley 550 le facilitará a la Gobernación su trabajo, evitando las contingencias judiciales. “El problema es que la inestabilidad política no permite que haya una visión, ni siquiera de corto plazo, de las finanzas del Departamento. Esto le dará un aire a esta Gobernadora por un rato”, afirmó.
No es la primera vez que una gobernación se acoge a la Ley 550 de 1999, a este régimen de reestructuración se acogieron 13 departamentos y 72 municipios solo en los primeros ocho años de su vigencia.
La mayoría de las alcaldías y gobernaciones lograron la sanear su situación financiera.