Fiscalía imputó cargos a exfuncionarios de San Andrés por millonario contrato de telemedicina
Se trata del exsecretario del Salud Heyder Enrique Avendaño Villa; la exjefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación, Ainn Zulema Conolly Quinn y el contratista José Julián Carvajal Mejía. Las presuntas irregularidades se presentaron en dos contratos de telemedicina que suman más de $2.000 millones. La Fiscalía tienen indicios, entre otras cosas, de que recibieron $100 millones para favorecer al contratista en la adjudicación.
La Fiscalía imputó cargos a tres exfuncionarios de San Andrés por presuntas irregularidades en dos contratos de telemedicina que suman más de $2.000 millones. Se trata del exsecretario de Salud Heyder Enrique Avendaño Villa; la exjefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación, Ainn Zulema Conolly Quinn; y el contratista José Julián Carvajal Mejía. En medio de la pandemia este departamento ha evidenciado las precarias condiciones de su sistema de salud que ya han sido alertadas por varios órganos de control.
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De acuerdo con las pruebas, estas personas habrían participado en la fase precontractual, de ejecución y liquidación de los contratos, en los que se encontraron presuntos sobrecosto de $900 millones. Adicionalmente, la Fiscalía tienen indicios de que recibieron $100 millones para favorecer al contratista en la adjudicación.
El primer contrato investigado es del 6 de diciembre de 2016 y tenía plazo de ejecución de 31 días. El objeto era realizar el ‘Plan Piloto de Consulta Teleasistida por especialista” para mejorar la atención en Salud en San Andrés y Providencia. El segundo contrato se firmó el 28 de febrero de 2017, y contempló el mismo propósito del celebrado tres meses antes, pero con una vigencia de ejecución de 10 meses. Aquí se acordó el desembolso del 40% de $1.795 millones, que era el monto total, con la firma del acta de inicio.
“Por estos hechos, un fiscal del Grupo de Salud de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros, cohecho por dar u ofrecer, falsedad en documento privado, y falsedad ideológica en documento público”, informó la Fiscalía. Los procesados no aceptaron los cargos.
Por otro lado, en diciembre la Procuraduría inició la investigación a más de 5.000 contratos suscritos en 2020 por la Gobernación de de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los compromisos firmados en lo corrido de 2020 suman más de $191 mil millones. La entidad identificó que desde el 17 de noviembre, después del paso del huracán Iota, se han a celebrado 318 contratos, por valor de $7.035 millones.
Leer: Procuraduría investiga más de 5.000 contratos de la Gobernación de San Andrés
La Fiscalía imputó cargos a tres exfuncionarios de San Andrés por presuntas irregularidades en dos contratos de telemedicina que suman más de $2.000 millones. Se trata del exsecretario de Salud Heyder Enrique Avendaño Villa; la exjefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación, Ainn Zulema Conolly Quinn; y el contratista José Julián Carvajal Mejía. En medio de la pandemia este departamento ha evidenciado las precarias condiciones de su sistema de salud que ya han sido alertadas por varios órganos de control.
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De acuerdo con las pruebas, estas personas habrían participado en la fase precontractual, de ejecución y liquidación de los contratos, en los que se encontraron presuntos sobrecosto de $900 millones. Adicionalmente, la Fiscalía tienen indicios de que recibieron $100 millones para favorecer al contratista en la adjudicación.
El primer contrato investigado es del 6 de diciembre de 2016 y tenía plazo de ejecución de 31 días. El objeto era realizar el ‘Plan Piloto de Consulta Teleasistida por especialista” para mejorar la atención en Salud en San Andrés y Providencia. El segundo contrato se firmó el 28 de febrero de 2017, y contempló el mismo propósito del celebrado tres meses antes, pero con una vigencia de ejecución de 10 meses. Aquí se acordó el desembolso del 40% de $1.795 millones, que era el monto total, con la firma del acta de inicio.
“Por estos hechos, un fiscal del Grupo de Salud de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros, cohecho por dar u ofrecer, falsedad en documento privado, y falsedad ideológica en documento público”, informó la Fiscalía. Los procesados no aceptaron los cargos.
Por otro lado, en diciembre la Procuraduría inició la investigación a más de 5.000 contratos suscritos en 2020 por la Gobernación de de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los compromisos firmados en lo corrido de 2020 suman más de $191 mil millones. La entidad identificó que desde el 17 de noviembre, después del paso del huracán Iota, se han a celebrado 318 contratos, por valor de $7.035 millones.
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