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Impunidad y olvido en el Valle

El Grupo de Investigadores de Memoria Histórica presentó su análisis sobre la tragedia de la violencia en esta zona del país.

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Gloria Chaparro
29 de noviembre de 2013 - 10:51 p. m.
Entre la violencia y la pobreza, Buenaventura apuesta por la educación. / Gabriel Aponte
Entre la violencia y la pobreza, Buenaventura apuesta por la educación. / Gabriel Aponte
Foto: Gabriel Aponte / El Espectador - Gabriel Aponte
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La invisibilidad de las masacres, los asesinatos selectivos, las desapariciones y las torturas son algunas de las características de la violencia en Colombia que quedaron registradas en el informe del Grupo de Investigadores de Memoria histórica (GIMH), ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, un ejercicio de reconstrucción de los 50 años de conflicto armado que lleva el país.

De la pesadilla de las masacres, que sólo entre 1980 y 2012 llegaron a 1.982. De la participación de todos los actores armados. (De cada 10 masacres, por ejemplo, seis fueron perpetradas por paramilitares, dos por las guerrillas y una por los miembros de la Fuerza Pública).

El Valle del Cauca fue uno de los epicentros de esa violencia, como quedó claro esta semana, durante la presentación del informe del GIMH en Cali. Por eso la investigación enfatiza el caso del municipio de Trujillo, que entre 1986 y 1994 fue escenario de 342 muertes con aterradores métodos de crueldad y sevicia. Ebanistas, agricultores y maestros, e incluso el párroco Tiberio Fernández Mafla, que murió descuartizado, fueron algunas de las víctimas.

El sociólogo Andrés Suárez, quien junto con los investigadores María Emma Wills y Luis Carlos Sánchez participó en la presentación de ¡Basta ya!, dijo que la violencia invisible y sistemática fue una estrategia de quienes la organizaron: “Lo de Trujillo era una alianza narco-para-militar. El Ejército obviamente estaba con el segundo comandante del batallón Palacé de Buga de la época, el mayor Alirio Urueña; por parte de los narcotraficantes estaban Diego León Montoya, Don Diego, y Henry Loaiza, alias El Alacrán, dueños de haciendas donde ocurrieron las atrocidades y los descuartizamientos de las víctimas, y también tenemos ligado al paramilitarismo, cuyo objetivo es la acción contrainsurgente”.

Agregó que “estos actores utilizaron el asesinato selectivo, las desapariciones y la sevicia en la clandestinidad, porque el narcotráfico y los miembros de la Fuerza Pública estaban interesados en garantizarse la impunidad. Si yo produzco una violencia de esa manera, me es más fácil negarla. Si niego, lo que obedece a una acción sistemática, garantizo el olvido, que es un medio para la impunidad”.

De acuerdo con Suárez, esta tragedia persiste de alguna manera. “Es el caso de Buenaventura, donde podría haber agentes del Estado, las guerrillas o los paramilitares que despliegan estrategias muy fuertes de invisibilización de la violencia. Cuando hay mucho desaparecido y descuartizado, juegan con la memoria del terror para ejercer más control. Hay estrategias para ocultar la violencia de cada grupo y el hecho que no tengan una estructura nacional, los hace más fuertes”.

“Me sorprende que las víctimas hablen de la existencia de una casa de descuartizamiento en Buenaventura y que la gente no crea. Muchos de ellos vienen del paramilitarismo, muchas de esas bandas del puerto forman parte del fenómeno del rearme y de nuevos grupos de criminalidad”. La investigadora Wills anunció que en 2014 se darán a conocer los resultados de las últimas masacres de Buenaventura.

Por Gloria Chaparro

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