La estela criminal de Sor Teresa

Tras despojar a cientos de campesinos en Córdoba, Sor Teresa Gómez Álvarez se fue a Urabá a hacer lo mismo. Creó una fundación de papel para darle apariencia legal a la barbarie con la que los Castaño —cuñados suyos— se apoderaron de tierras para desarrollar grandes proyectos agroindustriales en la zona.

Así se desprende del alegato de conclusión presentado por la Fiscalía en el proceso contra Gómez y otras 21 personas por el despojo de cientos de predios en Urabá, un proceso que ya se encuentra en su recta final y por el que esta mujer de 57 años podría sumar una nueva condena a su prontuario criminal, en el que ya se cuenta, entre otras, la sentencia a 40 años de prisión que se le impuso por el asesinato de la líder Yolanda Izquierdo en 2007.

“Sor Teresa Gómez Álvarez, de manera arbitraria y mediante actos coactivos, despojó de tierras a varias personas que residían en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, generando que perdieran el desarraigo (sic) en cuanto, debieron migrar fuera de sus territorios, situación que a hoy se mantiene. (Todo esto) con el propósito de cultivar palma de aceite en los territorios colectivos de las comunidades negras”.

Estas son las razones esgrimidas por el ente investigador para pedirle a un juez que condene a Gómez por los delitos de “concierto para delinquir agravado con fines de cometer desplazamientos, coautora del delito de desplazamiento forzado y coautora del injusto penal de invasión de áreas de especial importancia ecológica”.

Este documento de 310 páginas es una radiografía de las maniobras que utilizó Sor Teresa Gómez Álvarez para llevar a cabo los designios de sus cuñados Vicente y Carlos Castaño. El texto del ente investigador empieza por desentrañar el comienzo de esta campaña de despojo que inició en Córdoba y luego se propagó hacia Urabá. Es decir: la historia de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor).

Esta entidad fue creada en 1991 por Fidel y Vicente Castaño para realizar una supuesta reforma agraria. Su objeto social rezaba, entre otras cosas, que el fin de Funpazcor era “trabajar por la promoción y mejoramiento de las condiciones de vida de las diversas comunidades de Colombia, procurando la igualdad social entre los habitantes, en especial de la población víctima de la violencia, de las comunidades de Colombia, las comunidades indígenas o las desplazadas y las perjudicadas por los desastres naturales”.

Pero en realidad sólo fue una fachada de los verdaderos intereses de los paramilitares de apoderarse de cientos de predios. Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche, le dijo a la Fiscalía que Fidel Castaño creó Funpazcor para proteger sus tierras. Un defensor de derechos humanos le explicó a este diario que el modus operandi era el siguiente: los paramilitares les entregaban a campesinos desplazados tierras de las que se habían apoderado de forma violenta como una estrategia para construir una base social de pobres y para poner los predios a nombre de los campesinos con el fin de despistar a las autoridades, legalizar el despojo y luego recuperarlos a bala. Como al final lo hicieron. El éxito de este proyecto llevó a Vicente Castaño a idearse un plan para hacer lo mismo en Urabá.

El ente investigador lo explica de la siguiente forma: “El modelo Funpazcor ya había sido aplicado en Córdoba y en otras zonas como Tulapas, en Urabá, y resultó decisivo en el proyecto del Urabá chocoano. Por eso, el megaproyecto agrícola (banano y palma) surgió de los líderes de la conocida casa Castaño y se enfoca(ba) desde el punto de vista sociológico en la capitalización de las miserias de la región y el provecho extraído de la auspiciosa rentabilidad del megaproyecto industrial basado en una producción a bajo costo y sin riesgos de mercado”.

Primero, los paramilitares se apoderaron a sangre y fuego del Urabá chocoano con la ayuda de miembros de la Brigada XVII del Ejército, alianza que se hizo evidente tras la condena a un excomandante de esa brigada, el general (r) Rito Alejo del Río, por no hacer nada para evitar el asesinato del campesino Marino López Mena, perpetrado por los ‘paras’ el 27 de febrero de 1997 en Bijao (Chocó).

“En esas condiciones, a partir del año 2000, varias empresas privadas, entre las que se encuentran: Urapalma S.A., Palmas de Curvaradó S.A., Palmura S.A., Palmadó Ltda., Inversiones Agropalma & Cía. Ltda., Palmas S.A., Palmas de Bajirá e Inversiones Fregni Ochoa, se asentaron en la cuenca del Curvaradó y Jiguamiandó con el objeto de implementar un proyecto agroindustrial enfocado principalmente en la explotación de la palma de aceite”. El ente investigador es claro: “Con efectivos de las Auc protegiendo sus intereses, los empresarios se dieron a la tarea de darle visos de legalidad a la ocupación de las tierras”.

“Surge entonces evidente la relación entre las Auc y la empresas palmeras, dentro de las cuales, Urapalma fue pionera en la producción de palma de aceite en el Urabá chocoano, como quiera que fue la primera en arribar al sitio donde hoy se encuentran los cultivos”. El mismo excomandante paramilitar Éver Veloza García, alias HH, le dijo a la Fiscalía que Urapalma S.A. fue un proyecto que montó el mismo Vicente Castaño.

De acuerdo con Monoleche, la primera encargada de Urapalma S.A. fue, precisamente, Sor Teresa Gómez. Por un lado era la directora de la cuestionada empresa y por el otro se dedicaba a despojar campesinos. Uno de ellos le contó al ente investigador que le vendió “a una señora Sor Teresa” por intermedio de René Palacios —señalado testaferro de los paramilitares—, porque “si no vendía yo, vendía la viuda”. En otras ocasiones, los paramilitares les decían a los campesinos que vendieran sus tierras “porque si no vendían de todas maneras las iban a perder y (decían) que del ahogado al menos el sombrero”.

El excomandante paramilitar Raúl Hazbún, alias Pedro Bonito, precisó que Sor Teresa Gómez era la encargada de escoger a las personas que comprarían las tierras usurpadas y era la que manejaba los recursos de los Castaño, por lo cual la nombraron para dirigir Urapalma S.A.

A su vez, Sor Teresa Gómez era la directora de la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba), una ONG de fachada que ayudaba a los paramilitares a obtener préstamos del Banco Agrario o de Finagro. Así se lo indicó un extrabajador de Urapalma, Pedro Camilo Torres Cárdenas, a la Fiscalía. La vuelta era redonda: los paramilitares masacraban a los campesinos, algunos empresarios se aprovechaban del baño de sangre y ONG de papel daban visos de legalidad a la atrocidad. Y en el medio, Sor Teresa Gómez.

Para el ente investigador, Sor Teresa Gómez Álvarez fue “ficha clave dentro del proceso de legalización del despojo de tierras a poseedores y propietarios en toda esa región (...) una persona emisaria directa de reconocidos jefes paramilitares como los hermanos Castaño, que andaba con ‘maletadas’ de dinero en efectivo comprando las tierras que previamente habían sido ocupadas por efectivos armados o sobre las que sus superiores tenían puesta su atención (...) en ninguno de los casos las transacciones se hicieron de manera voluntaria por parte de los vendedores, sino como resultado de la coacción y la violencia”.

“Siempre fue su voluntad la que imperó, ya que pagó el precio que ella quiso y como quiso, sin que los acongojados vendedores tuvieran la mas mínima posibilidad de replicar porque estaba latente la amenaza de muerte”. Un labriego les dijo a los investigadores que los paramilitares lo obligaron a vender a $200.000 por hectárea y que al final ni siquiera le pagaron completo. “El resto todavía lo está esperando”.

Mientras Sor Teresa Gómez se encuentra presa por el asesinato de Yolanda Izquierdo y por la larga lista de procesos en su contra, en el Urabá, al parecer, sus otrora socios siguen haciendo de las suyas. El viernes, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, una ONG que trabaja en la zona, denunció amenazas por parte de personas supuestamente vinculadas a los negocios de Gómez. Los hombres, encapuchados, les dijeron a unos defensores de derechos humanos que “la guerra hasta ahora comienza”.

Para la Fiscalía está claro que así como los Castaño exportaron su máquina de guerra de Córdoba a todo el país, su cuñada, Sor Teresa Gómez, llevó el modelo Funpazcor a Urabá, una estrategia que no fue otra cosa que una mezcla atroz de balas, sangre, despojo y cultivos de palma de aceite hasta donde el ojo alcanzaba a divisar.

Tras despojar a cientos de campesinos en Córdoba, Sor Teresa Gómez Álvarez se fue a Urabá a hacer lo mismo. Creó una fundación de papel para darle apariencia legal a la barbarie con la que los Castaño —cuñados suyos— se apoderaron de tierras para desarrollar grandes proyectos agroindustriales en la zona.

Así se desprende del alegato de conclusión presentado por la Fiscalía en el proceso contra Gómez y otras 21 personas por el despojo de cientos de predios en Urabá, un proceso que ya se encuentra en su recta final y por el que esta mujer de 57 años podría sumar una nueva condena a su prontuario criminal, en el que ya se cuenta, entre otras, la sentencia a 40 años de prisión que se le impuso por el asesinato de la líder Yolanda Izquierdo en 2007.

“Sor Teresa Gómez Álvarez, de manera arbitraria y mediante actos coactivos, despojó de tierras a varias personas que residían en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, generando que perdieran el desarraigo (sic) en cuanto, debieron migrar fuera de sus territorios, situación que a hoy se mantiene. (Todo esto) con el propósito de cultivar palma de aceite en los territorios colectivos de las comunidades negras”.

Estas son las razones esgrimidas por el ente investigador para pedirle a un juez que condene a Gómez por los delitos de “concierto para delinquir agravado con fines de cometer desplazamientos, coautora del delito de desplazamiento forzado y coautora del injusto penal de invasión de áreas de especial importancia ecológica”.

Este documento de 310 páginas es una radiografía de las maniobras que utilizó Sor Teresa Gómez Álvarez para llevar a cabo los designios de sus cuñados Vicente y Carlos Castaño. El texto del ente investigador empieza por desentrañar el comienzo de esta campaña de despojo que inició en Córdoba y luego se propagó hacia Urabá. Es decir: la historia de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor).

Esta entidad fue creada en 1991 por Fidel y Vicente Castaño para realizar una supuesta reforma agraria. Su objeto social rezaba, entre otras cosas, que el fin de Funpazcor era “trabajar por la promoción y mejoramiento de las condiciones de vida de las diversas comunidades de Colombia, procurando la igualdad social entre los habitantes, en especial de la población víctima de la violencia, de las comunidades de Colombia, las comunidades indígenas o las desplazadas y las perjudicadas por los desastres naturales”.

Pero en realidad sólo fue una fachada de los verdaderos intereses de los paramilitares de apoderarse de cientos de predios. Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche, le dijo a la Fiscalía que Fidel Castaño creó Funpazcor para proteger sus tierras. Un defensor de derechos humanos le explicó a este diario que el modus operandi era el siguiente: los paramilitares les entregaban a campesinos desplazados tierras de las que se habían apoderado de forma violenta como una estrategia para construir una base social de pobres y para poner los predios a nombre de los campesinos con el fin de despistar a las autoridades, legalizar el despojo y luego recuperarlos a bala. Como al final lo hicieron. El éxito de este proyecto llevó a Vicente Castaño a idearse un plan para hacer lo mismo en Urabá.

El ente investigador lo explica de la siguiente forma: “El modelo Funpazcor ya había sido aplicado en Córdoba y en otras zonas como Tulapas, en Urabá, y resultó decisivo en el proyecto del Urabá chocoano. Por eso, el megaproyecto agrícola (banano y palma) surgió de los líderes de la conocida casa Castaño y se enfoca(ba) desde el punto de vista sociológico en la capitalización de las miserias de la región y el provecho extraído de la auspiciosa rentabilidad del megaproyecto industrial basado en una producción a bajo costo y sin riesgos de mercado”.

Primero, los paramilitares se apoderaron a sangre y fuego del Urabá chocoano con la ayuda de miembros de la Brigada XVII del Ejército, alianza que se hizo evidente tras la condena a un excomandante de esa brigada, el general (r) Rito Alejo del Río, por no hacer nada para evitar el asesinato del campesino Marino López Mena, perpetrado por los ‘paras’ el 27 de febrero de 1997 en Bijao (Chocó).

“En esas condiciones, a partir del año 2000, varias empresas privadas, entre las que se encuentran: Urapalma S.A., Palmas de Curvaradó S.A., Palmura S.A., Palmadó Ltda., Inversiones Agropalma & Cía. Ltda., Palmas S.A., Palmas de Bajirá e Inversiones Fregni Ochoa, se asentaron en la cuenca del Curvaradó y Jiguamiandó con el objeto de implementar un proyecto agroindustrial enfocado principalmente en la explotación de la palma de aceite”. El ente investigador es claro: “Con efectivos de las Auc protegiendo sus intereses, los empresarios se dieron a la tarea de darle visos de legalidad a la ocupación de las tierras”.

“Surge entonces evidente la relación entre las Auc y la empresas palmeras, dentro de las cuales, Urapalma fue pionera en la producción de palma de aceite en el Urabá chocoano, como quiera que fue la primera en arribar al sitio donde hoy se encuentran los cultivos”. El mismo excomandante paramilitar Éver Veloza García, alias HH, le dijo a la Fiscalía que Urapalma S.A. fue un proyecto que montó el mismo Vicente Castaño.

De acuerdo con Monoleche, la primera encargada de Urapalma S.A. fue, precisamente, Sor Teresa Gómez. Por un lado era la directora de la cuestionada empresa y por el otro se dedicaba a despojar campesinos. Uno de ellos le contó al ente investigador que le vendió “a una señora Sor Teresa” por intermedio de René Palacios —señalado testaferro de los paramilitares—, porque “si no vendía yo, vendía la viuda”. En otras ocasiones, los paramilitares les decían a los campesinos que vendieran sus tierras “porque si no vendían de todas maneras las iban a perder y (decían) que del ahogado al menos el sombrero”.

El excomandante paramilitar Raúl Hazbún, alias Pedro Bonito, precisó que Sor Teresa Gómez era la encargada de escoger a las personas que comprarían las tierras usurpadas y era la que manejaba los recursos de los Castaño, por lo cual la nombraron para dirigir Urapalma S.A.

A su vez, Sor Teresa Gómez era la directora de la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba), una ONG de fachada que ayudaba a los paramilitares a obtener préstamos del Banco Agrario o de Finagro. Así se lo indicó un extrabajador de Urapalma, Pedro Camilo Torres Cárdenas, a la Fiscalía. La vuelta era redonda: los paramilitares masacraban a los campesinos, algunos empresarios se aprovechaban del baño de sangre y ONG de papel daban visos de legalidad a la atrocidad. Y en el medio, Sor Teresa Gómez.

Para el ente investigador, Sor Teresa Gómez Álvarez fue “ficha clave dentro del proceso de legalización del despojo de tierras a poseedores y propietarios en toda esa región (...) una persona emisaria directa de reconocidos jefes paramilitares como los hermanos Castaño, que andaba con ‘maletadas’ de dinero en efectivo comprando las tierras que previamente habían sido ocupadas por efectivos armados o sobre las que sus superiores tenían puesta su atención (...) en ninguno de los casos las transacciones se hicieron de manera voluntaria por parte de los vendedores, sino como resultado de la coacción y la violencia”.

“Siempre fue su voluntad la que imperó, ya que pagó el precio que ella quiso y como quiso, sin que los acongojados vendedores tuvieran la mas mínima posibilidad de replicar porque estaba latente la amenaza de muerte”. Un labriego les dijo a los investigadores que los paramilitares lo obligaron a vender a $200.000 por hectárea y que al final ni siquiera le pagaron completo. “El resto todavía lo está esperando”.

Mientras Sor Teresa Gómez se encuentra presa por el asesinato de Yolanda Izquierdo y por la larga lista de procesos en su contra, en el Urabá, al parecer, sus otrora socios siguen haciendo de las suyas. El viernes, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, una ONG que trabaja en la zona, denunció amenazas por parte de personas supuestamente vinculadas a los negocios de Gómez. Los hombres, encapuchados, les dijeron a unos defensores de derechos humanos que “la guerra hasta ahora comienza”.

Para la Fiscalía está claro que así como los Castaño exportaron su máquina de guerra de Córdoba a todo el país, su cuñada, Sor Teresa Gómez, llevó el modelo Funpazcor a Urabá, una estrategia que no fue otra cosa que una mezcla atroz de balas, sangre, despojo y cultivos de palma de aceite hasta donde el ojo alcanzaba a divisar.