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Manifestantes que mantuvieron cerrado todo este miércoles 9 de abril el sector El Gallinero, cerca a la entrada del puerto de Aguadulce, sobre la vía Buga - Buenaventura, levantaron el bloqueo tras acordar una reunión con la Defensoría del Pueblo para el próximo 23 de abril.
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Desde temprano, integrantes de la comunidad afro de Anchicayá, atravesaron tronco de árboles sobre la carretera para impedir el paso de vehículos de cargas, aunque se mantuvo un corredor humanitario en el que dejaban pasar vehículos pequeños, ambulancias, y a personas que tuvieran citas médicas o familiares enfermos.
Los manifestantes exigen a las autoridades que cumplan con una sentencia que se profirió hace más de 10 años, en la que se determinó que hubo un daño ambiental sobre el río Anchicayá, por lo que la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC), el Ministerio de Ambiente y la empresa EPSA (hoy Celsia) debían indemnizar con alrededor de $200.000 millones a las comunidades afectadas.
“Pedimos a la Defensoría del Pueblo que nos pague nuestra indemnización por una demanda al Consejo de Estado, la cual se resolvió a nuestro favor el 10 de junio de 2021″, aseguró Rómulo Córdoba, líder del corregimiento 8.
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Córdoba añadió que el 30 de marzo de 2022 fue desembolsado el dinero a la Defensoría del Pueblo, que debía entregar el 85% a la comunidad. “Han pasado tres años desde que la Defensoría tiene nuestro dinero y no nos han querido pagar. A la fecha nos dicen que no tienen la menor intención de pagarnos”, aseguró.
El daño al que se refieren fue ocasionado por la empresa de energía del Pacífico en junio de 2001, el cual afectó a 6.800 personas que viven en este sector. “Les pedimos a las personas que tengan paciencia. Nosotros llevamos afectados 24 años”, añadió Córdoba.
Por su parte, la Unión Vial Camino del Pacífico pidió a los conductores que transitan por esta zona tener paciencia, así como recordaron que tienen habilitadas las líneas 3114415479 o #180, para registrar cualquier emergencia.
A la par, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, indicó que el próximo 23 de abril acompañará a las personas amparadas por el fallo judicial en la concertación con la Defensoría del Pueblo para hallar soluciones a la petición que tiene la comunidad.