Lo que evidenció el secuestro de Lyan Hortúa, el niño de 11 años, en Jamundí

Tras 18 días de secuestro, en la tarde de ayer fue liberado el niño Lyan Hortúa, quien fue secuestrado por las disidencias de las Farc en su vivienda, en zona rural de Jamundí, el pasado 3 de mayo. La imagen fue sin lugar a dudas el abrazo, en el que se fundió el menor de edad con su familia a su llegada a la Clínica Valle del Lili, donde le hicieron exámenes de rutina.

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La liberación fue dada a conocer por la defensora del pueblo, Iris Marín, quien señaló en redes sociales que “nuestra Defensoría regional Valle nos confirma que Lyan nos fue entregado y está en libertad. No queremos más noticias de dolor, menos para los niños y niñas”.

Según explicó la alcaldesa de Jamundí, Paula Castillo, en principio el menor de edad fue dejado a un grupo de ciudadanos, que posteriormente lo entregó a los delegados de la Defensoría.

Sobre la liberación, el padre Diego Guzmán, sacerdote de la Arquidiócesis de Cali, quien integró el equipo que medió con las disidencias y en el que también estaba Naciones Unidas y la Cruz Roja, explicó que aunque en principio hubo una apertura al diálogo por parte del grupo armado, los canales de comunicaciones se rompieron y hasta ayer estaban buscando sumar voces que exigieran la libertad de Lyan.

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El rapto del niño de 11 años fue realizado por hombres con fusiles y pasamontañas que ingresaron a su vivienda en la vereda Potrerito. Los sujetos se llevaron al menor de edad junto con su niñera, a la que liberaron horas después en el sector de Villa Colombia, en zona rural de Jamundí.

Sobre el caso, desde el principio las autoridades responsabilizaron al Frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Al respecto, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general Carlos Oviedo, aseguró que en el caso de Lyan, el responsable del secuestro sería alias “Oso Yogui”, el segundo al mando en el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

Según el experto en seguridad, Miguel Yusty, el secuestro se ha agudizado en esta parte del Valle, debido a que las disidencias y “los otros ejércitos del narcotráfico les resulta rentable. Ahí se establece un vínculo entre la delincuencia organizada —que secuestra y negocia con las disidencias— o bien terceriza el rapto”.

Además, Yusty añadió que Jamundí es un punto clave debido a que “desde el punto de vista de la agenda del crimen organizado y de la economía de narcotráfico, este municipio forma parte del corredor de un circuito de 60.000 a 70.000 hectáreas de coca”.

A su vez, Mariela Gómez, quien es campesina y vive en la zona rural de Jamundí, expresó que viven en medio de zozobra. “La presencia de ellos (disidencias de las Farc) se siente. Mi familia y yo vivimos con temor a los atentados o simplemente pasar a la hora y lugar incorrectos y que nos maten. El secuestro del niño (Lyan) está mostrando al país algo que nosotros estamos viviendo desde hace muchos años”.

Algo similar señaló, Sebastián, que también viven el municipio, quien resaltó que el frente Jaime Martínez les pide el carné que expiden las Juntas de Acción Comunal para hacer control territorial. “Si yo no llevo ese carné o se me olvida, debo pagar multas como trabajo forzado. Hay campesinos que se los llevan a trabajos forzados por ocho o 15 días. Esta situación es insostenible”.

Sobre lo que ocurre, Yusty explica que en municipio ya no es lugar de paso de los grupos armados, sino un enclave de la columna Ricardo Velásquez del frente Jaime Martínez. “Por eso es tan importante que se monte y se construya el batallón de alta montaña, como lo anunció la gobernadora Dilian Francisca Toro. Ese sería un punto de inflexión porque en esta zona no hay control territorial. Nosotros esperamos un apoyo definitivo por parte del Gobierno porque esto debe convertirse en un problema nacional y que Jamundí no se convierta en un nuevo Catatumbo porque esto también afectaría a Cali”.

Pero esto no es lo único que se presenta, la personera de Jamundí, Martha Isabel Gutiérrez, aseguró que en 2025 han aumentado las declaraciones de víctimas por desplazamiento forzado y amenazas tipo extorsión o de muerte. Además, dijo que durante este año se han registrado ocho atentados en el municipio.

“Lo que hemos esperado del Gobierno Nacional, al menos, sería una voz de aliento o un llamado a la acción coherente, pero las respuestas son aisladas y carecen de eficacia. Siempre he dicho que pueden militarizar un municipio, pero si no hay inversión social, programas y proyectos que den oportunidades a los jóvenes de la zona rural y que permitan a los campesinos tener mejores vías terciarias para comercializar sus productos, no va a servir el accionar militar”, agregó Gutiérrez.

Las voces tras la liberación del Lyan

A las voces de alivio por la liberación de Lyan se sumaron las de rechazo por el secuestro del menor de edad. “Los niños y las niñas son sagrados y debemos buscar su protección como Estado y como sociedad (...). A los violentos les exigimos el respeto por la vida y los derechos de los niños y niñas. Para nuestro presente y futuro, no podemos tolerar ni secuestros ni reclutamientos que arrebaten los sueños a la niñez y nuestra juventud”, dijo la vicepresidenta Francia Márquez

Por su parte, el personero de Cali, Gerardo Mendoza, ha señalado que “no puede seguir siendo víctima ni escudo de la violencia. Es inaceptable que menores de edad sean utilizados, reclutados o instrumentalizados por grupos armados ilegales o redes criminales”.

De igual forma, la defensora del Pueblo hizo un llamado a los grupos armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario. “El llamado es a respetar la vida y la libertad de todas las personas, en especialmente el de los niños y niñas que deben estar fuera de la guerra y la violencia”.

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