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El martes se anunció que Jamundí no se sumaría al programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Según lo comunicado por la Gobernación del Valle del Cauca, no se pudo llegar a un acuerdo con las comunidades para llevar a cabo el proyecto.
“En Jamundí, infortunadamente, a pesar de que realizamos tres jornadas de reuniones, la respuesta es que no había interés. En consecuencia, frente a ese hecho, digamos que el programa de sustitución ya hizo lo que tenía que hacer y ya esta posibilidad de los acuerdos está cerrada”, afirmó Eduardo Diaz, director nacional de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos.
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De acuerdo con el Director Nacional de la Agencia para la sustitución de cultivos ilícitos, en Jamundí no se logro llegar a un acuerdo con las comunidades para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos pic.twitter.com/R6KNRZCTGb
— Gobernación Valle del Cauca (@GobValle) January 23, 2018
Sin embargo, este miércoles, la Coccam, Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, en el Valle del Cauca, envió un comunicado en el que “rechaza rotundamente las declaraciones realizadas” por Toro y Díaz.
“Lo que ha sobrado es voluntad para cumplir con la sustitución voluntaria”, reitera el documento en el que se expone la compleja situación de seguridad que se vive en Jamundí, lo cual dificulta la implementación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS.
Además de esto, la asociación denuncia la falta de "garantías presupuestales y de seguridad" para atender los territorios en los que se implementaría el proyecto, así como también “la falta de voluntad política e institucional para articular el PNIS con la Reforma Rural Integral, la no instalación de las instancias del PNIS, como lo es el Consejo Asesor Territorial y la erradicación forzada en los municipios que ya firmaron acuerdos como sucedió en Dagua”.
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El comunicado reconoce que la actual situación en materia de seguridad en la zona alta de Jamundí es compleja debido a la presencia de grupos armados. Sin embargo, manifiesta que "las autoridades no pueden señalar al campesinado cultivador de la hoja de coca como responsables".
"Este es un problema del Gobierno Nacional y su incapacidad de desmontar las estructuras del paramilitarismo que vienen masacrando a líderes y lideresas en todo el territorio nacional”, puntualiza.