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Cinco personas fueron asesinadas en Cali en un hecho que, según versiones iniciales, estaría relacionado con las disputas por el microtráfico, extorsiones y otras rentas ilegales de la capital del Valle del Cauca. Es la primera masacre que se registra allí desde agosto de 2020, cuando cinco jóvenes fueron baleados en un cañaduzal del sector de Llanoverde. Si bien las cifras parecen mostrar una reducción de la violencia en la ciudad, hay continuas alertas de autoridades y de organizaciones de derechos humanos por el aumento de la delincuencia y el fortalecimiento de grupos de crimen organizado.
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El hecho ocurrió en el barrio Brisas de Mayo, la parte más alta de la Comuna 20 (Siloé). En una esquina de este sector de calles estrechas y empinadas, un grupo de personas se encontraban departiendo a media noche, cuando, sobre la 1:15 de la mañana, diez hombres armados los abordaron y comenzaron a disparar. “No llegaron en motos, llegaron a pie. Traían sus rostros tapados, venían de diferentes vestimentas y entraron a pie por la topografía de este terreno”, dijo el comandante de Policía de Cali, el coronel William Quintero.
En el lugar murieron cuatro personas: Carlos Andrés Jiménez, Arley Sánchez, Víctor Alfonso Castro Cabezas y Esteban David Vásquez. A unas cuatro cuadras, se encontraron heridas a dos mujeres y un adulto mayor, quien finalmente falleció mientras era atendido en un hospital de la ciudad. Las autoridades señalaron que algunas de las víctimas tenían antecedentes por delitos de drogas y este diario pudo confirmar que al menos uno había sido condenado, en dos ocasiones, por tráfico de estupefacientes y porte de armas.
Aunque algunos miembros de la comunidad habían dicho que los hombres iban con armas largas o uniformados, las autoridades descartaron ambas cosas y por ahora las investigaciones apuntan a que se trata de un choque entre organizaciones delincuenciales. “Sí toma fuerza la hipótesis de que pudo tratarse de un enfrentamiento entre grupos armados organizados del sector, especialmente por el control del tráfico de estupefacientes. Esa es la hipótesis que coge más fuerza”, dijo el general Javier Josue Martin Gamez, Jefe del Servicio Nacional de Policía, a la salida del consejo de seguridad que se realizó por esta masacre.
De acuerdo con la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, sobre el corredor turístico que utilizan las organizaciones en Siloé aparecieron recientemente casas pintadas con las siglas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). “Lo que se comenta es que tiene que ver con el narcotráfico. Esta parte es controlada por el Clan del Golfo y es una realidad que la comunidad no ha querido hablar sobre el tema. Pero tampoco es un problema único de aquí, sino que esto también se replica en barrios populares como Rodeo, Nueva Floresta y la zona centro”.
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El propio comandante de la Policía de Cali dijo desde Brisas de Mayo: “En esta comuna, históricamente, han hecho presencia grupos de Farc y Eln, y hace aproximadamente dos semanas, fueron grafiteados algunos sectores con las letras Agc”. Sin embargo, no se atrevió a ahondar en qué grupos en concreto podrían estar relacionados con esta masacre que enluta a la capital del Valle. “En este momento estamos manejando todas las hipótesis con el fin de poder descartar todas ellas y establecer quién cometió este hecho”, dijo el coronel Quintero.
Esta situación no es nueva. La alerta temprana 01 de 2022 de la Defensoría del Pueblo señala que se han incrustado las dinámicas de violencia y criminalidad en Siloé como en El Jarillón, Charco Azul, El Pondaje y Terrón Colorado, entre otros, y como ya se venía advirtiendo desde 2018, estas zonas “comparten similares condiciones de vulnerabilidad social (…), que en la actualidad han convertido a estos territorios en un escenario de interés para los grupos armados ilegales, poniendo en especial situación de riesgo a niños, niñas, adolescentes y jóvenes quienes, en un alto porcentaje son población afrocolombiana; al igual que líderes sociales y gestores culturales”.
A esto se le suma que la mayoría de estos barrios se fueron consolidando sin ninguna planeación, por lo que tienen dificultades para ingresar, mientras que los que se encuentran en zonas de borde tienen salidas a ríos, montañas o cañaduzales, que se prestan para evadir a las autoridades. Solo como un ejemplo, en Siloé el transporte público llega hasta la calle Primera Oeste, pero las viviendas van hasta la 36 oeste, por lo que les toca utilizar gualas y motorratón para movilizarse.
Ese es el llamado que hacen desde la Personería de Cali. En diálogo con este diario, el personero, Harold Cortés, aseguró que ha sido incisivo con la Alcaldía sobre los factores que se deben atender para reducir la violencia: “Por un lado, se debe atender el llamado de las comunidades vulnerables ―este sector fue epicentro de las protestas del paro nacional de 2021― y hacer algo por los muchachos que no tienen otra salida, sino engrosar las filas de la delincuencia. Por otro lado, Cali tiene una posición estratégica al suroccidente del país y hemos presenciado la llegada aquí de personas extranjeras vinculadas con el narcotráfico. Es el caldo de cultivo perfecto”.
Al respecto, el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, aseguró que se ha reforzado la presencia en los territorios en los que han hecho alertas los entes de control. “Tenemos una reducción de cerca del 25 %, en comparación con el año anterior, tenemos 235 muertes menos y hemos tenido los mejores meses de junio, julio, agosto en la historia de Cali, con las mayores reducciones, por eso este tipo de hechos en Brisas de Mayo nos sorprende y requiere reforzar la presencia”, dijo. Sin embargo, reconoce que los golpes al microtráfico generan la reconfiguración de los grupos, por lo que se presentan enfrentamientos por el control de esas rentas ilegales.
Lo que indica la Red de Derechos Humanos FIC es que no todo va tan bien. A pesar de que no se habían presentado masacres desde hace dos años, a diario sí se registran homicidios “en los barrios de las comunas 20 y 21, y en Llanoverde, casi que día de por medio hay casos”. Además, indican que las acciones para atender la alerta temprana no han sido socializadas, por lo que las comunidades y organizaciones ni han participado ni conocen las rutas para prevenir las violencias y los riesgos en estos lugares.