En un cementerio de latas se ha convertido el patio donde van a parar los vehículos inmovilizados en Cali. Hay 31.356 vehículos en un predio de 35.000 metros cuadrados, ubicado en Yumbo, donde a cualquier lado por donde se vea hay un carro o una moto. La mayoría están averiados, por cuenta de accidentes de tránsito, mientras que los más viejos ya se están llenando de maleza y oxidando por el paso del tiempo, el sol y la lluvia.
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Según señala Diana Reina Cardona, gerente del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle (CDAV), el año pasado entraron a los patios 7.660 vehículos, de los cuales fueron reclamados 6.370, por lo que el promedio de rotación es del 83 %. El problema es que el patio está al 95 % de su capacidad, por lo que en los últimos años ha sido una prioridad la chatarrización de los vehículos que llevan más tiempo, ya que hay algunos que completan la década.
La ley permite a la Secretaría de Movilidad hacer el proceso de chatarrización una vez se cumple un año del ingreso del vehículo a los patios. Es así como 23.973 de los carros y motos pueden ser objeto de desintegración o remate, según los procesos de avalúo que realice la Secretaría de Movilidad, añadió Reina. Por esto, a mediados del año pasado se empezó el proceso para hacer la chatarrización.
Se hizo por selección abreviada, en la que se pedía a las empresas acreditar un área disponible mínima de 2.000 metros cuadrados para hacer la desintegración, certificado ambiental y concepto sanitario, además de otros relacionados con vigilancia y atención de emergencias. Fue así como la empresa Colombia Aseo S. A. se quedó con el contrato. Sin embargo, pese a que se adjudicó en julio de 2024, recientemente se ha suscitado una polémica por el valor que se dará por el kilo de chatarra, $490, pese a que en otras partes del país, como Atlántico, se está pagando a $900.
“Los cuestionamientos son un tema de años atrás donde otros alcaldes hicieron prácticamente el mismo convenio que el alcalde Alejandro Eder firmó en julio del 2024, con unos precios de mercado por kilo de $490, cuando el precio promedio está en mínimo $800. Sin contar que este es el valor que se paga por hierro, pero en los vehículos y motocicletas se encuentra también aluminio y cobre, entre otros, que se pagan el kilo a $2.000 en adelante”, indicó la concejala Ana Erazo (Pacto Histórico).
Como señala la cabildante, la polémica alrededor del proceso de chatarrización no es nuevo. En 2019, la Personería de Cali denunció que el entonces alcalde Jorge Iván Ospina y la Secretaría de Movilidad pagarían el kilo de chatarra a $98, cuando el precio era de $700 a escala nacional, por lo que se terminó abriendo una investigación contra funcionarios de la Alcaldía por detrimento patrimonial.
Y esto es lo que le preocupa a Erazo, ya que “con un número tan alto de vehículos y motocicletas a desintegrar, el precio de una ganancia que dejó de percibir la administración es altísima. Por esto Ospina fue investigado y esperamos que Eder también corra con la misma suerte”, agregó.
Ante los cuestionamientos, Gustavo Orozco, secretario de Movilidad, explicó a El Espectador que, durante el proceso de cotización, se tuvieron en cuenta diversos costos. El primero fue el valor en el mercado de la chatarra, el cual asegura que es “ajustado por la necesidad de descontar los costos de traslado de los vehículos desde los patios oficiales hasta el sitio de desintegración”.
A esto se suman los costos asociados a los insumos utilizados durante el proceso, el costo de la disposición final de los residuos, los gastos en mano de obra especializada, en maquinaria, equipos de carga, descarga y manipulación de vehículo.
“Estos elementos permitieron establecer un rango de valor de referencia para determinar un mínimo ofertable. Con base en el análisis de mercado —incluyendo estudios realizados en ciudades como Barranquilla, Bogotá, Cartagena y Armenia, donde se identificaron rangos entre $300 y $500 por kilo— y así se definió que toda oferta final inferior a $400 quedaría automáticamente descalificada”, añadió Orozco.
Con respecto a la forma como se adjudicó el contrato, dijo que hubo una empresa que ofertó $900 por kilo, pero no cumplió todos los requisitos ambientales. “A pesar de habérsele otorgado el espacio legal para subsanar estas omisiones, la empresa no presentó la documentación requerida, lo que llevó a la adjudicación del contrato a aquella empresa que cumplió cabalmente con todos los requisitos ambientales, jurídicos y cuyo precio ofertado superaba el valor mínimo establecido”.
Ante estas inquietudes, la concejala Erazo anunció que se hará control político en el cabildo de Cali. “Vamos a evaluar cómo se escogió la empresa Colombia Aseo S. A. para adelantar la desintegración, cuáles fueron los certificados que aportó la empresa, cuál fue el análisis de mercado y la propuesta económica. En general, todo lo relacionado con el proceso de contratación y las condiciones que firmó el alcalde Eder”.
El futuro de los recursos
La Secretaría de Movilidad explicó que con los recursos obtenidos de la chatarrización cubrirán los gastos por su permanencia en los patios y el proceso. En dado caso de quedar un excedente, se entregará a los propietarios de los carros.
Esta parte del proceso estará a cargo de la CDAV, por lo que Erazo ha cuestionado la transparencia. “El problema de la compensación es que la encargada es el CDAV, una entidad mixta que como hemos probado, no necesariamente busca trabajar para beneficiar a la administración y a la ciudadanía. Esta entidad por lo general tiene unos márgenes de comisión muy altos y difícilmente tiene las capacidades logísticas para poder realizar la devolución de la compensación”, señaló.
En respuesta, la gerente del CDAV expresó que “es un error afirmar que esta entidad no trabaja para beneficiar a la administración pública y la ciudadanía” y explicó que el CDAV no participa en la desintegración de los vehículos ni determina el precio que se paga por kilogramo.
Finalmente, mientras se realiza el control político, la concejala asegura que en esta parte del proceso es fundamental que la ciudadanía juegue un papel fundamental en la vigilancia de estos procesos. “Los caleños, más allá de hacer una defensa de un bien que les pertenece, deben unirse para hacer una veeduría a favor de la verdad y de evitar atropellos y arbitrariedades que terminan convirtiéndose en negociados multimillonarios y a los que pareciera no hay forma de hacerle frente. La realidad es que sí hay mucho por hacer y es la ciudadanía quien debe organizarse y acompañar estas denuncias”.