Los desaparecidos que buscan a sus familias

Carlos José Díaz* no probó su desayuno la mañana del 19 de marzo de 2006. La olla donde se había servido el café y había remojado el pan la encontró su vecino, Miguel Ángel Hernández*. La única pista que quedó fue una de las botas de Díaz, talla 42, quemada en el lugar donde la comunidad aseguró que había aterrizado un helicóptero del Ejército. Hernández cuenta que tardó dos días en llegar hasta la finca de su amigo, en la vereda El Alto de Cachicamo (San José del Guaviare), porque la Fuerza Pública había bloqueado el camino. Junto a la comida ya fría estaban la cédula y la billetera de Díaz, pero de él no había rastro.

Hernández siguió la ruta del denunciado helicóptero y llegó hasta La Macarena (Meta). Un mes después, por fin pudo contarle a María Gómez que su hijo, de 23 años, estaba desaparecido. Viajaron a La Macarena, donde un fiscal le mostró una fotografía a la madre y le preguntó si reconocía el cuerpo de ese NN al que le habían pegado un tiro en la pierna y otro en la cabeza. “Era el segundo de mis varones, el que me quedaba vivo porque el mayor se envenenó y al menor se lo llevaron en un retén paramilitar en 2003 y de él no he sabido nada”.

María Gómez dice que no fue capaz de denunciar la desaparición de su hijo por terror a que ella o su hija también resultaran muertas y sin identificar. El mismo miedo paralizador lo vivió Fernando López* en 2004 después de que su hermano de 18 años, Juan López*, defensa estrella del equipo de microfútbol de una vereda de Mesetas (Meta), no volviera a los partidos.

Los dos muchachos, cuentan sus familiares, jamás quisieron hacer parte de grupos armados ilegales, pero fueron enterrados en el cementerio de La Macarena como guerrilleros muertos en combate. Junto a ellos, la Fiscalía ha contabilizado 462 cuerpos NN entre 1999 y 2010. El 9 de julio pasado, el propio fiscal general, Eduardo Montealegre, confirmó esta cifra y dio a conocer el resultado de un censo organizado por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía para saber cuántas personas están enterradas, como Díaz y López, sin ninguna identificación en los cementerios de toda Colombia.

La cifra a la que llegó la encuesta es de 20.452 personas NN, aunque se trata de números parciales pues respondieron 861 municipios de los 1.123 que hay en el país. Además de La Macarena, otros cuatro municipios de los Llanos atendieron el llamado de la Fiscalía: Granada, Vista Hermosa, Villavicencio y San José del Guaviare. En estos cinco cementerios, según el censo, entre 1999 y 2010 se inhumaron 2.292 NN (el 10% de todo el registro nacional) y el 61% (1.421) fueron reportados como guerrilleros muertos en combate.

“Aquí nos ha tocado lo peor de lo peor”, le contó a este diario Dialcel Buitrago, sepulturero del cementerio de Vista Hermosa (Meta) desde hace casi diez años. “Al cucho que estuvo antes que yo le tocó toda la época de la zona de distensión, cuando Pastrana trató de dialogar, y ahí entraron como 100 cuerpos de los 155 que ha contado la Fiscalía aquí. A mí ya me tocó un poco más suave. Creo que el cargamento más grande que recibí fue de 17 cuerpos que me los trajo el Ejército con todito y ropa. A mí me tocaba hacer el trabajo normal, yo no veía ahí nada raro. Eran muertos y nada más”, agrega Buitrago.

Enrique Pérez*, responsable de otro de los camposantos de los Llanos, cuenta: “Cuando yo llegué a trabajar ya había mucho NN. Lo normal es que nos traen los cuerpos y los rotulamos, les cogemos las huellas, los embalamos, ya después los empaquetamos y pa la tierra”, explica Pérez, quien se convirtió en sepulturero casi al mismo tiempo que los congresistas Iván Cepeda y Gloria Inés Ramírez, del Polo Democrático, denunciaban que en los cementerios de esta región yacían miles de NN. El debate en el Congreso se dio el 22 de julio de 2010.

“Desde abril de 2010 empezamos a atender los llamados de la comunidad que se quejaba por el mal olor de los cementerios”, le explicó a El Espectador la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía. Para investigar estas denuncias, tres fiscales fueron designados en los cinco cementerios y se han exhumado e identificado 830 cadáveres. “A diferencia de otras partes del país, allá hemos tenido acceso a actas de levantamiento de cadáver, protocolos de necropsia y tarjetas de necrodactilia. Aunque, si bien esto es de gran ayuda, dependemos de la memoria del encargado del cementerio sobre dónde enterró a los NN”.

Lo más complicado es encontrar a las familias de los muertos: de los 830 cuerpos identificados, solo se han entregado 77. “Prácticamente el desaparecido es quien busca a sus seres queridos. Nuestra política es darles prioridad a las personas identificadas cuya familia espera sus restos. Usamos toda clase de recursos para informar a la comunidad, desde bases de datos hasta redes sociales para poder encontrarlos”, indican en la Fiscalía. En este proceso se han sumado la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Corporación Orlando Fals Borda, pero para los involucrados, es la tarea de encontrar una aguja en un pajar.

María Gómez tuvo que esperar siete años para conocer el paradero de los restos de su hijo Carlos José; Fernando López, nueve para saber dónde estaba su hermano, el futbolista. En ambos casos, la Fiscalía les notificó en 2013 que sus familiares estaban en el cementerio de La Macarena. Los Gómez y los López hicieron parte de la primera entrega oficial que hizo la Fiscalía de NN identificados, que fueron 20, el 10 de mayo de 2013. Si se mantiene ese promedio de entregar los restos de 15 personas por año, la Fiscalía necesitará 143 años para identificar y devolver los que faltan. Y eso es solo en los Llanos.

*Nombres modificados por petición de las personas consultadas.