Desde hace un mes un grupo de agentes del CTI adelanta pesquisas encaminadas a determinar si las empresas encargadas de proveer la manutención y cuidado de parques en Cali han desviado cuantiosos recursos públicos.
El Espectador conoció, por ejemplo, que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ha puesto el dedo en la llaga en el asunto y, entre otras cosas, ha solicitado a la Fiscalía una investigación exhaustiva para desenredar la presunta celebración ilícita de contratos de la Corporación Regional del Valle del Cauca y el Departamento Administrativo de Gestión Ambiental de Cali (Dagma) con varias compañías que, al parecer, eran de papel.
De hecho, recientemente dos investigadores del CTI de la Fiscalía rindieron un pormenorizado informe en el que se detalla que "muchas de las empresas o fundaciones que celebraron los contratos fueron creadas para la adjudicación de los mismos, otras no funcionaban o son inexistentes".
La Fiscalía indaga la presunta violación del principio de planeación de los contratos, las ligerezas en las que pudieron incurrir funcionarios de la CVC, el supuesto fraccionamiento de contratos relacionados con el manejo o mantenimiento de las zonas verdes de la capital del Valle. El ente acusador también investiga a varios funcionarios públicos que habrían incurrido en el delito de peculado.
En concreto, la Fiscalía analiza con lupa los siguientes contratos celebrados con estas entidades:
Fundación para el desarrollo de la niñez desamparada y el fomento del bienestar social (Fundenid), por valor de $486 millones.
Fundación Ciudad Verde, por valor de $165 millones.
Fundación Unidos por el Bien Común y Social, por valor de $624 millones.
Fundación Luis Ernesto Martínez, por $493 millones.
Fundación de ambientalistas y reforestadores, por $589 millones.
Fundación Prosendas, por $533 millones.
Fundación Crear, por $651 millones.