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Desde 2017, la Fiscalía adelanta una investigación contra varios exfuncionarios de la Rama Judicial en Barranquilla por presunta ocultación de más de 1.000 procesos por homicidio, abuso sexuales y defraudaciones entre 1995 y 2007.
Se trataría concretamente de 1.282 procesos con fallos condenatorios por abuso sexual, homicidio, estafa, porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir, entre otros quedaron impunes, de acuerdo con el ente investigador.
Dichos casos prescribieron con el tiempo, es decir, quedaron impunes. Entre las investigaciones se encontró que, de los 76 delitos sexuales, 50 de estos procesos corresponden a víctimas menores de 14 años, tales como accesos carnales, actos sexuales y abusos sexuales.
La presunta irregularidad fue descubierta por la Jueza María Patricia Jácome en 2017, luego de que encontrara cajas repletas de carpetas con más de 1.000 procesos con fallos condenatorios de la Ley 600 que habrían prescrito.
El ente investigador busca esclarecer qué sucedió en el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Barranquilla que posteriormente fue reemplazado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito luego de que en 2017 Jácome asumiera el cargo tras el retiro por pensión de la jueza Sonia Sánchez.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, entre los procesos “engavetados” se encuentran homicidios, abusos sexuales, estafas, porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir, entre otros.
Con relación a los homicidios, se conoció que los 181 casos se distribuyen en diversas causales como homicidio agravado, culposo, preteritensional agravado, en persona protegida y en concurso por otros delitos.
El encargado de llevar a cabo estas investigaciones es un fiscal de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública de Barranquilla. Además, se conoció que los casos con resolución de condena prescribieron porque no se trasladaron a los jueces de ejecución de penas para que estos administraran el cumplimiento de las sentencias.
De acuerdo con El Heraldo, los otros casos no continuaron el proceso por falencia en la notificación de las partes, perdida de los cuadernos y folios de las investigaciones, no traslado de apelaciones, no traslado a la Fiscalía y en algunos casos no se llegó a culminar el juicio.