Más de 4000 personas confinadas por conflicto armado en el Bajo Calima, Buenaventura

El actual confinamiento en Bajo Calima, Buenaventura, se da luego de que las familias hubiesen vuelto a sus casas en diciembre del 2024, luego de un desplazamiento.

Foto: Los Jenny Aguirre de Unidad para las víctimas

Más de 4.000 personas permanecen confinadas en sus casas en la zona del Bajo Calima, en Buenaventura, como consecuencia del recrudecimiento del conflicto armado entre el ELN y el Clan del Golfo, grupo que actúa en alianza con el frente Jaime Martínez de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, según indicó la Defensoría del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo, tras una visita de verificación humanitaria junto a representantes de ACNUR y la Corte Constitucional, después de dos días de permanencia en la zona, denunció “el grave deterioro de la situación humanitaria y de derechos humanos” en este territorio del Pacífico colombiano.

“El conflicto ha generado al menos 40 confinamientos masivos, nuevos desplazamientos como el de 46 familias en Semana Santa, homicidios selectivos, la siembra de minas antipersona, reclutamiento forzado de menores, desapariciones y violencia sexual, entre otros crímenes”, indicó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

Las comunidades afectadas pertenecen en su mayoría al Consejo Comunitario del Bajo Calima y al pueblo indígena Wounaan. El confinamiento también ha generado afectaciones en la salud mental, deserción escolar y restricciones severas a la movilidad, pues las familias temen salir de sus viviendas ante el riesgo de quedar en medio de los enfrentamientos armados.

La Defensora advirtió que muchas de estas familias habían regresado a sus territorios hace aproximadamente desde diciembre del año pasado, luego de permanecer desplazadas por la misma situación de violencia. Sin embargo, la persistencia de los combates, el reclutamiento de menores, los abusos y los homicidios han obligado a la población a confinarse nuevamente.

A pesar de la crisis, las comunidades han manifestado su preferencia por permanecer en sus territorios, incluso bajo confinamiento, ante la falta de condiciones dignas para los desplazados en zonas urbanas. El gobierno local y la Unidad para las Víctimas han reportado jornadas de entrega de ayuda humanitaria a centenares de familias afectadas, pero líderes comunitarios insisten en que la atención institucional es insuficiente frente a la magnitud de la emergencia.