Las disputas de grupos armados por el control del narcotráfico han generado un recrudecimiento de la violencia en el Pacífico y el suroccidente del país. Los habitantes viven atemorizados ante el aumento alarmante de casos de reclutamiento forzado, masacres y desplazamientos. La situación de cada municipio es distinta, pero la zozobra de las comunidades es la misma y denunciar se ha convertido en una sentencia de muerte. Tanto así que hasta el obispo de Buenaventura, Rubén Darío Jaramillo, reveló que recibió amenazas a través de un mensaje de WhatsApp en el que le advirtieron que le pondrían una bomba. Jaramillo viene denunciando desde hace varios meses la crisis de seguridad del municipio, lideró la cadena humana por la paz, una jornada de manifestación pacífica donde los bonaverenses salieron a las calles a exigir la presencia del Gobierno, y ha lanzado fuertes críticas ante el abandono en el que se encuentra el municipio señalando que “la gente siente que la autoridad son los bandidos”.
Frente a las amenazas, catorce obispos de las jurisdicciones eclesiásticas de la Iglesia católica de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, en el marco de la Agenda Regional Eclesial de Paz de las dos regiones, se reunieron en Buenaventura a exigir garantías para las comunidades.